Choque frontal entre la FGR y el Gobierno de Chihuahua por una acusación contra el senador Javier Corral

La Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía de Chihuahua sostienen una batalla por el control de un expediente que involucra al exgobernador Javier Corral. El Gobierno de Maru Campos, abierta enemiga del hoy senador de Morena, le acusó de un presunto caso de corrupción durante su mandato (2016-2021). Corral ha sostenido que se trata de un caso fabricado en venganza por las investigaciones que enfiló la Fiscalía en su mandato y que salpicaron a la propia Campos, que era diputada local y luego alcaldesa de la capital de Chihuahua. La disputa ha escalado ahora a un conflicto de altos vuelos con la intervención de la FGR y de la justicia federal, que ha intentado frenar a la Fiscalía de Campos, a la que Corral acusa de actuar con motivaciones políticas.

El expediente contra Corral se relaciona con la contratación de un despacho fiscal para refinanciar la deuda pública de Chihuahua en 2019 y 2020. El Gobierno de Corral dispuso de un fideicomiso formado con recursos federales para pagar al despacho —llamado López Elías Finanzas Públicas, S.C.— y los contratos bancarios de reestructura de la deuda. La Auditoría estatal emprendió una primera revisión del proceso de refinanciamiento y no halló irregularidades. En 2022, cuando Corral ya había dejado el Gobierno, de manera extraordinaria, la Auditoría inició una segunda revisión del mismo trámite y ahí encontró las supuestas anomalías. La autoridad asegura que el despacho no llevó a cabo ningún trabajo y que el dinero que se le pagó, 98,6 millones de pesos, fue desviado. Entonces denunció por presuntos actos de corrupción tanto al exgobernador como a su exsecretario de Hacienda, Arturo Fuentes Vélez, y al titular del despacho contratado, José López Elías.

El empresario señala que la Fiscalía estatal no le ha permitido presentar pruebas para su defensa, por ejemplo, los informes que acreditan que el trabajo se llevó a cabo, además del hecho de que 7.482 millones de pesos fueron liberados gracias a la reestructura conducida por su despacho. Por el contrario, una orden de aprehensión librada por un juez local ha llevado a López Elías a temer por su libertad. Corral, que ha asesorado al Gobierno de Claudia Sheinbaum en materia de combate a la corrupción, sostiene que el sistema de procuración de justicia de Chihuahua está presuntamente tomado por la gobernadora y por César Duarte, exmandatario del PRI y uno de los grandes artífices del saqueo al erario del Estado. Este periódico ha enviado una consulta a dos portavoces del Gobierno de Chihuahua, uno de ellos de la Fiscalía local, para obtener un comentario oficial sobre el caso, pero no se recibió respuesta.

Han sido varios los intentos de la Administración de Campos por borrar del mapa político a Corral. Desde que ella asumió la gubernatura, la Fiscalía estatal comenzó a tender un cerco en torno a los colaboradores del exmandatario. El caso más emblemático es el de Francisco González Arredondo, que fue titular de la Fiscalía Anticorrupción en la era de Corral y el encargado de armar una veintena de carpetas de investigación contra Duarte y los políticos a los que este presuntamente sobornó (Campos incluida). El Gobierno de Campos lo encarceló en 2022 acusándolo de haber torturado psicológicamente a los compinches de Duarte para que se autoinculparan. Otro caso enfilado contra Corral es el de un supuesto desvío de 2017, por el que agentes encubiertos de la Fiscalía de Chihuahua estuvieron a punto de capturar al senador en Ciudad de México, en agosto de 2024. El intento de detención puso a la defensiva al Gobierno de Andrés Manuel López Obrador y al entorno de Sheinbaum, que dispusieron mecanismos para defender a su colaborador de lo que consideraban una revancha política.

Ante la nueva acusación, la FGR, aun con Alejandro Gertz como titular, inició los trámites para atraer el expediente armado por la Fiscalía de Chihuahua, con el argumento de que los recursos supuestamente desviados eran de origen federal, no estatal, por lo que, en todo caso, corresponde al Ministerio Público de la Federación continuar con la investigación. La negativa del Ejecutivo de Campos a entregar el expediente ha llevado el asunto a los tribunales. Un juez federal ha declarado la competencia de la Federación para conducir el caso y un tribunal confirmó esa resolución la semana pasada. Sin embargo, el fiscal Anticorrupción de Chihuahua, Abelardo Valenzuela, ha adelantado que no remitirá la carpeta de investigación a la FGR porque, asegura, la resolución judicial no le obliga a ello. Además, el funcionario estatal ha acusado un intento de protección desde la Fiscalía General hacia el senador morenista, que podría encontrar un respiro fuera del ámbito de influencia de su adversaria política en Chihuahua.

La defensa de Corral, encabezada por el letrado Javier Schütte, sostiene que la negativa de Valenzuela “es un desacato anunciado que podría tener consecuencias penales”. “Nos parece que pudiera obedecer a que esos expedientes que se niega a enviar, lejos de contener pruebas sobre el supuesto delito imputado, son más bien las pruebas de la fabricación de la que son culpables los funcionarios de Chihuahua, las pruebas de los delitos que ellos cometieron”, dice en entrevista. Por su parte, López Elías, de 65 años, refiere que desde la Fiscalía estatal le han presionado para acusar al exgobernador Corral de algún delito a cambio de dejarle en paz. “En octubre de 2024, un despacho de Chihuahua, a través de sus abogados, me dice que la Fiscalía me está ofreciendo que yo los apoyara, que me declarara testigo protegido y que declarara contra el exgobernador; me dijeron que les diera en un sobre mi declaración, porque ellos querían ver qué iba a decir en contra de él”, relata el empresario en entrevista telefónica.

“Les dije: perdón, yo no tengo nada que declarar contra él, no lo conozco, no tengo tratos con él”, agrega. Las autoridades de Chihuahua le han embargado cuentas bancarias a él y a su familia y también inmuebles. En el transcurso de su proceso, López Elías ha sido diagnosticado con cáncer; más allá de las dificultades financieras para atender su enfermedad, las autoridades de Chihuahua no le permiten comparecer al juicio a distancia. “Me siguen presionando para que yo me presente ante el juez de control. En el fondo, lo que quieren es seguirme presionando para obligarme a declarar en contra de los exfuncionarios del Estado”, detalla. El empresario se considera a sí mismo un “daño colateral” de la revancha política de Campos contra Corral. “Soy una piedra en el zapato. No les interesa que yo les aporte las pruebas, porque verían que no hay delito”, resume.