Los errores y la fuga de datos personales manchan el primer intento masivo de registrar los celulares mexicanos

Hugo Navarro tardó tres días para poder realizar el registro de su línea celular con su nombre y su CURP, tal y como lo ha ordenado el Gobierno de México. “No la pude hacer en una oficina de Telcel en San Luis Potosí y la aplicación no alcanzaba a guardar mis datos biométricos en tiempo y se botaba el proceso, fue hasta después que ya pude hacerlo”, comenta este trabajador de 30 años, en consulta. Esta misma semana, Claudia Macedo decidió posponer el registro de su línea telefónica. “No hay seguridad para nuestros datos, yo me esperaré hasta que vea mayor certeza”, admite.

Desde el 9 de enero, los usuarios de telefonía móvil deben registrar sus celulares y vincularlos a su Clave Única de Registro de Población (CURP) o a un Registro Federal de Contribuyentes, para el caso de empresas o personas morales. Sin embargo, a solo unas horas de haber iniciado el registro por parte de los principales operadores móviles en el país, la organización R3D en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) advirtió de diversas vulnerabilidades. “En el caso particular de Telcel, hubo una vulnerabilidad producto de un fallo en la programación que lo que permite es que determinado tipo de consultas los exponga o expusiera, porque ya quedó resuelto”, explica en entrevista José Flores, director de comunicación de R3D.

De acuerdo con un análisis de la consultora The Competitive Intelligence Unit (The CIU) el país cerró 2025 con más de 160 millones de líneas móviles activas. Registrarlas y vincularlas en el plazo determinado de 172 días representaría documentar alrededor de un millón de líneas al día de forma continua. “Labor que luce más que titánica, es materialmente imposible”, destaca Ernesto Piedras, director de la firma. “Más allá de un asunto de voluntades, se trata de uno de capacidades reales: infraestructura tecnológica, procesos operativos, capacitación del capital humano, software especializado, equipo de cómputo”, comenta.

El esfuerzo corresponde a las operadoras telefónicas, en particular a las dos más grandes, Telcel y AT&T. Sin embargo, hasta ahora el avance ha sido lento. Este viernes, José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, explicó que desde la conferencia matutina en Palacio Nacional se han registrado 2,1 millones de líneas celulares.

De acuerdo con los lineamientos publicados por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) en diciembre de 2025, las compañías de telefonía móvil deben disponer de una plataforma de gestión que permita que los usuarios puedan vincular su identidad con la línea telefónica y deberán contar con ella a más tardar el 7 de febrero. Cada persona podrá asociar un máximo de 10 líneas y sin límite para las personas morales. El registro puede hacerse de forma presencial, en los centros de atención de las operadoras, o virtual a través de una página web o aplicación móvil.

Una medida contra la extorsión, a debate

El registro, promovido por el gobierno de Claudia Sheinbaum, ha sido justificado como una medida para combatir delitos como la extorsión o el secuestro virtual. Entre julio y noviembre de 2025, se registraron 59.283 denuncias de intentos de extorsión telefónica.

Pese a estos datos, la Asociación GSMA, un consorcio que reúne a los principales proveedores de telefonía móvil en el mundo, señala que no existe evidencia que compruebe que el registro obligatorio de líneas telefónicas tenga incidencia alguna en la reducción de estos crímenes. “Aunque nos han dicho que es para combatir un delito como la extorsión, no necesita la autoridad justificar que está investigando un delito porque no le están poniendo ningún requisito de orden judicial para acceder a este tipo de datos”, refiere Flores.

A este proceso se suman otras disposiciones legales, como la aprobación de la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública, que faculta a las autoridades a acceder y requerir información de entidades públicas y privadas (como las operadoras de telefonía celular) sin orden judicial. “Hay muchos escenarios en los que el registro, al generar un identificador con el teléfono vinculado a la identidad legal, faculta que las autoridades, sin necesidad de ningún control democrático como orden judicial, puedan hacer cruces de información, identificar rutas, hábitos, prácticas de las personas en un contexto en el que hay total opacidad y no hay ninguna obligación ni de transparencia ni de rendición de cuentas”, señala el vocero de R3D.

Los usuarios que no realicen la vinculación de sus datos a su línea móvil antes del 29 de junio no perderán su número, pero perderán el acceso a su servicio de telefonía y datos. Adicionalmente, los chips o nuevos números que se venden después del 9 de enero deben de estar ya asociados. “Hoy no existen garantías claras de que los distintos sistemas que se están desarrollando cuenten con niveles homogéneos de ciberseguridad ni con esquemas sólidos de interoperabilidad. Centralizar datos sin blindajes suficientes no reduce riesgos, los multiplica”, señala Piedras.

Esta suspensión del acceso al servicio contraviene el artículo 6 de la Constitución mexicana que menciona que el Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones. “Además, hay que considerar que en poblaciones rurales o de difícil acceso o poblaciones indígenas, no cuentan con este tipo de identificaciones”, puntualiza Flores.

Identidades falsas creadas con IA

Ya hay registro de personas que han burlado los esfuerzos tecnológicos de las operadoras móviles. Para poder realizar el registro vía remota, los usuarios deben tomar una fotografía de su identificación (como la credencial de elector o pasaporte) y utilizar la cámara del dispositivo para validar su rostro mediante una “prueba de vida”, como un video.

Sin embargo, varios ejemplos difundidos en redes sociales han puesto en duda la rigurosidad de este paso. En canales de WhatsApp difundieron la información personal del diputado de Morena, Gerardo Fernández Noroña, con el que realizaron el registro de decenas de líneas móviles usando la información pública y generando videos con Inteligencia Artificial (IA). “Es muy probable que los sistemas de registro sean incapaces, al hacerse de forma virtual, de identificar si están hablando con una persona real o con una persona generada a través de un deep fake, por ejemplo”, señala Flores. En redes sociales también hay grabaciones que dan cuenta de que una persona puede grabar un video con una identidad falsa mediante herramientas gratuitas de IA, mientras que otros portales en línea ofrecen chips previamente registrados, aunque sin especificar a nombre de quién o a qué datos fueron vinculados.

En el pasado, cientos de usuarios manifestaron su rechazo al registro de líneas móviles promovidos por otras administraciones. En 2022, los ministros de la Suprema Corte invalidaron la creación del Padrón de Usuarios de Telefonía Móvil (Panaut), luego de que cientos de personas presentaran amparos y otros recursos legales para evitar entregar sus datos personales. “El Gobierno debe prestar atención a estas inconformidades”, recomienda Flores desde R3D.