2025, el año letal para los buscadores de desaparecidos en México

El 26 de enero de 2025 desaparecieron a Héctor Aparicio en Tihuatlán, al norte de Veracruz, en el mismo lugar donde buscaba a su hijo desde 2017. El 12 de marzo, tras seis años detrás de su hija, murió Magdaleno Pérez, en Poza Rica, también Veracruz, por las heridas que le dejó la captura y tortura de policías. En abril el dolor se trasladó a Jalisco: el 2 murió tras un intento de secuestro Teresa González, que buscaba a su hermano, en Guadalajara, y el 24, en Tlajomulco, fue asesinada María del Carmen Morales junto a su hijo Daniel; ella buscaba desde febrero a Ernesto, su otro hijo. El 9 de junio en Uruapan, Guanajuato, un comando armado se llevó de su casa a Francisco Arias, Panchito, y mató a su hijastro, Jaime González. El 16 de julio asesinaron a Gabriel Hernández en Reynosa, Tamaulipas, y el 11 de agosto a Roberto Hernández, en Ixtapaluca, en el Estado de México. El 26 de agosto, cuando Aída Karina Juárez llevaba apenas dos meses buscando a su hija, fue secuestrada en Zacatecas. Encontraron su cuerpo dos días más tarde. El 14 de octubre se llevaron a María de los Ángeles Valenzuela en Mazatlán, Sinaloa, que buscaba a su padre desde el año anterior. También Yaritza Pérez buscaba al suyo en Ocosingo, Chiapas, pero la mataron el 23 de noviembre. Antes de que terminaran los días, el 28 de diciembre, en el Valle de Santiago, en Guanajuato, se llevaron a José Juan Arias, que desde hacía seis meses perseguía sin descanso el rastro de su hijo. Si 2025 es un recuento de violencia, es el más letal para los buscadores de desaparecidos en México.

En el Registro Nacional de Personas Desaparecidas de la Secretaría de Gobernación hay más de 133.000 casos. La plataforma presenta irregularidades —hay entradas duplicadas, otras sin suficiente información, algunas personas ya se encontraron—, sin embargo, nadie duda del tamaño de la crisis. En México las desapariciones se suceden en espiral y ningún Gobierno ha sido capaz de frenarlas. El de Claudia Sheinbaum acumuló 14.000 registros de desaparición en 2025, un 20% más que el año anterior y el doble con respecto a 2019, el curso de estreno de su predecesor y mentor, Andrés Manuel López Obrador.

Así, las desapariciones se han convertido en la piedra en el zapato de unas Administraciones volcadas en disminuir la percepción de violencia y también en el “paradigma del crimen perfecto”, según documentó el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU. El Estado no busca y, por tanto, tampoco resuelve. El 95% de los casos queda impune. En ese escenario irrumpen ellas, las familias buscadoras.

¿Quién iba a buscar a Johan Alain Hernández si no era su padre? Este muchacho, de 18 años, desapareció el 3 de septiembre de 2024 dentro de un fraccionamiento de Ixtapaluca, en el Estado de México. Después de meses sin respuesta, su familia intensificó la búsqueda: cortó carreteras, colocó masivamente la ficha de Johan, presionó a las autoridades en redes sociales. Hasta que la Fiscalía del Estado de México detuvo a cuatro personas relacionadas con la desaparición, una de ellas tenía guardado el celular del chico. Estos resultados tuvieron repercusiones. Roberto Hernández y su familia empezaron a recibir amenazas. Hasta que el 11 de agosto, sujetos armados a bordo de una moto entraron al mismo fraccionamiento de donde se habían llevado antes a Johan Alain y acribillaron a su padre. Roberto falleció frente a su casa mientras limpiaba su coche.

“El Estado mexicano no está previniendo las desapariciones, es decir, no está haciendo valer el derecho de las personas a no ser desaparecidas, pero tampoco el derecho a ser buscadas, porque no busca. Y de última ni siquiera garantiza la seguridad de las personas que están buscando, que son las que están haciendo las tareas del Estado”, resume María de Vecchi Gerli, investigadora de Artículo 19. Esta organización, que lleva un conteo desde 2010 de los crímenes contra buscadores, ha registrado 42 desapariciones o asesinatos de estos activistas desde entonces. En estos últimos 15 años, 2025 ha sido el más letal de todos.

Algunos de los buscadores atacados este año contaban con medidas de protección. Es el caso de José Juan Arias, de Valle de Santiago, en Guanajuato, quien estaba incluido en el Mecanismo de Protección de la Secretaría de Gobernación por el riesgo que implicaba buscar a su hijo. A su hijo, de 14 años, llamado como él pero conocido como Juanito, se lo llevó un operativo militar de su casa en junio de 2025. “Él me grita y veo que ya se lo van llevando”, contaba su padre en una entrevista, “me bajo, trato de ayudarlo, abro el portón, pero no me dejan salir, eran del Ejército y de la Guardia [Nacional]”. Las autoridades buscaban a una persona que estaba presuntamente secuestrada en su vivienda. “Revisaron todo, no encontraron nada y yo les decía: ‘Pero, oye, se llevaron a mi hijo”. La familia puso una denuncia y llegó a saber que el niño había llegado al edificio de la Fiscalía. De ahí, ni un rastro más. “Tenemos la esperanza de que nos lo regresen”, decía en octubre José Juan Arias, con los ojos en llanto. Sin embargo, el 28 de diciembre de 2025 fue él quien fue desaparecido. El pánico tiene ahora paralizada a su familia.

El Comité de la ONU ha emitido acciones urgentes en las que solicita al Estado mexicano que busque de forma inmediata a Arias. Lo mismo con los otros cinco buscadores desaparecidos en Guanajuato estos últimos años: Martha Leticia Gallardo, en 2018, Lorenza Cano, Óscar Jiménez y Luz Alejandra, en 2024, y en 2025 también a Panchito Arias. “No es el primer mecanismo internacional que manifiesta su preocupación por lo que está sucediendo”, señala Raymundo Sandoval, fundador de la Plataforma por la Justicia y la Paz de Guanajuato, que acompaña a las familias. Esta entidad, que lleva desde 2019 ocupando el primer puesto en violencia letal en México, comparte este año con Veracruz y Jalisco, el título de los Estados más afectados por los crímenes contra buscadores.

¿Qué ha pasado en 2025 para que la violencia contra ellos se dispare? Sandoval apunta a la visibilidad y también al éxito de hallazgos de los colectivos. “En el último año, el colectivo Hasta Encontrarte, el de Panchito, localizó a 250 personas sin vida”, pone de ejemplo. Es decir, están encontrando lo que el crimen organizando está ocultando. “A la fortaleza de los grupos de búsqueda, que crecieron en término de número de colectivos, pero también de capacidad de interlocución y de localización, se suma el fuerte control territorial de los grupos delincuenciales", explica el defensor.

En esa misma línea, Edith Olivares, directora de Amnistía Internacional en México, apunta: “Cada vez es más frecuente que ingresen a territorios controlados por el crimen organizado. Su búsqueda es un acto de desobediencia civil pacífica. El crimen organizado, vinculado en ocasiones con las autoridades mexicanas, se resiste a que sean ubicados los cuerpos. Entonces los positivos las colocan en riesgo. Y ellas son mucho más exitosas que las comisiones de búsqueda”. Olivares aboga porque el Estado reconozca a los buscadores como defensores de derechos humanos “por el servicio que están dando a todo el país”. “La única esperanza para encontrar a los 133.000 desaparecidos está en las colectivas que salen todos los días a buscarlos. La esperanza no está en el Estado mexicano, entonces el Estado tiene la obligación de garantizarles la protección”, señala la activista.

Responde al otro lado del teléfono Maricel Torres. Acaba de salir de la Fiscalía de Veracruz. La voz de la líder del colectivo María Herrera no esconde el cansancio. En 2025, perdieron a tres integrantes de su grupo: Héctor Aparicio, desaparecido; Magdaleno Pérez, tras ser golpeado por la policía, y Ramón López, de una enfermedad. “Al final es lo mismo: se fueron, no están y no recuperaron a sus hijos”, apunta Torres, que todavía busca a su hijo Iván Eduardo Castillo, estudiante desaparecido en 2011 en Poza Rica junto a sus tres amigos. “Los años van pasando y nosotros nos vamos desgastando de tanto andar trabajando”, reflexiona, “pedirle a toda esa gente que nos diga los lugares [donde los dejaron], dar con ellos y descansar ya un poco, porque para nosotros es muy dura la vida”.

“Hace 15 años cuando mataron a Maricela Escobedo fue un escándalo, todo mundo nos manifestamos, era algo impensable”, recuerda la investigadora María de Vecchi: “Ahora cada vez se va haciendo más común. Las personas buscadoras nos los dicen: tarde o temprano nos van a asesinar si seguimos buscando”. Y el asesinato o la desaparición es la cúspide de la pirámide de violencias para los buscadores. Por debajo están las agresiones no letales, las amenazas y también las afectaciones a su salud física mental y física. “Padecimientos en la piel por el contacto con restos humanos, trastornos digestivos; desprendimiento de retina por el llanto prolongado, depresión, ataques de pánico, ansiedad...”, enumera Edith Olivares.

En las palabras de Maricel Torres: “Claro que tenemos temor, pero ¿qué podemos hacer? Nosotros tenemos que seguir buscando, buscando a los nuestros y buscando a los hijos de ellos, de nuestros compañeros, ese es el compromiso”.