De las inundaciones de 2021 al “no” al parque ecológico en Hidalgo: los colectivos locales pelean en el “infierno ambiental” de Tula

Humo y polvo negro cubren casi la totalidad del paisaje. Apenas se llega por carretera, el gigantesco complejo de la Refinería Miguel Hidalgo, del municipio de Tula, se distingue a la distancia, con sus decenas de fumarolas mientras las llamas de quemadores lejanos iluminan el cielo. La vegetación cercana ha perdido el color verde natural, y varios olores extraños se mezclan en el aire que se respira en la zona. Olores y texturas a los que los habitantes de esa región del Valle del Mezquital ya se han acostumbrado. El pasado 14 de diciembre, parte de la ciudadanía de esos municipios: Tula, Tlaxcoapan y Atitalaquia, votó en contra de la instalación de un Parque Ecológico y de Reciclaje propuesto por el Gobierno federal para tratar de mitigar los daños en esa zona. “Para nosotros todo el proceso era amañado. Lo impresionante es que la gente optó por no salir a votar por la falta de información. Su campaña fracasó por no hablar con la verdad”, declararon los colectivos ambientalistas.

En la consulta, el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH) registró una participación ciudadana de 8,77% de la lista nominal. Es decir, 12.259 personas ejercieron su voto, de un total de 139.831 ciudadanas y ciudadanos que estuvieron llamados al ejercicio público. La baja participación y la victoria del rechazo al proyecto tienen que ver con el reclamo social de décadas de abandono y de falta de políticas públicas para contrarrestar los efectos nocivos que causan las industrias instaladas en la región.

No solo se trata de los contaminantes de la refinería de Petróleos Mexicanos (Pemex) —una de las ocho que existen en territorio mexicano—, también, a solo unos metros, se encuentra la planta termoeléctrica de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), una empresa carbonera, cementeras, industrias de químicos, de plásticos, varias otras de alimentos, de metalurgia, o el río Tula, en el que se vierten las aguas negras del Valle de México, entre otras más.

Angélica Arellano es habitante de la región y, desde hace ocho años, conformó junto con otros ciudadanos la Red de Conciencia Ambiental Queremos vivir. Junto con colectivos y grupos de Tlaxcoapan y Atitalaquia, Arellano trabajó dando información sobre los efectos negativos del proyecto antes de la consulta: “Nuestra lucha se había enfocado en las aguas residuales, por la puesta en operación del Túnel Emisor Oriente (TEO), por las consecuencias de que tenemos 22 escuelas de nivel básico alrededor del río Tula, que están respirando esos gases contaminantes que generan alergias...”, dice. También, la activista ha contado que su hija, que creció en el municipio de Tula, fue diagnosticada con un problema de alergia muy severo. “Dice la doctora que ese es el problema, que este tipo de padecimientos van a detonar en las personas de aquí a edades más tempranas y de manera más abrupta”.

Cuando llegó la promesa presidencial del complejo de economía circular, surgieron dudas entre los colectivos. Aunque ahora las autoridades locales y federales han negado rotundamente que la basura a tratar en la planta fuera a llegar de otros estados, anteriormente, recuerdan los ambientalistas, se manejó el proyecto como un tema “metropolitano”.

Además, en una conferencia de octubre de 2024, Alicia Bárcena, secretaria de Medio Ambiente, dijo: “La idea es tener el proyecto lo más pronto posible y vincularlo al saneamiento del río Tula en su totalidad. Y esto, además, va a beneficiar al Estado de México, porque también hay que ver los residuos que provienen del Estado de México, de la Ciudad [de México] y ver si podemos realmente generar el primer parque industrial en el mundo de economía circular”.

Arellano asegura: “El discurso hacia afuera era de un proyecto metropolitano, así fue desde el inicio. Pero hacia adentro, al ver que se cuestionaba, ellos lo negaron y nos decían que no habría basura de otros lugares, y mentían porque nuestra basura no iba a alcanzar para que esa planta operara. Forzosamente, iban a tener que traer basura de otros lugares”. Los grupos ambientalistas locales aseguran que solicitaron durante todo el proceso información sobre la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), o cómo se iba a llevar a cabo el manejo de residuos peligrosos. “Nunca había respuestas”, aseguran.

René Romero, miembro del Colectivo de Comunidades en Defensa de la Vida y el Territorio de la Región Tolteca, añade que las autoridades negaron información que servía para hacer un análisis de las necesidades básicas en la región. “Se ha visto mucha simulación de parte del Gobierno, con poca disposición al diálogo y a la construcción colectiva de las soluciones. Nosotros creemos que se tiene que hacer un plan de justicia, pero que realmente participe la comunidad desde el diagnóstico. Se tienen resultados alarmantes de la presencia de algunos contaminantes que son los que se pueden registrar. Pero hay muchos que se sabe que se emiten, pero no hay laboratorios en México que midan dioxinas y furanos, por ejemplo, que es justo lo que se emite de la quema o incineración de los residuos sólidos en hornos cementeros y que es a lo que pensamos podríamos estar expuestos con estas plantas que querían poner”.

Citlali Martínez Reyes y su familia han sido activistas ambientales de muchos años atrás. Ella es parte de la Unión Ecologista San Jerónimo Tlamaco y miembro de Red de Cuenca del norte del Valle de México y sur del Valle del Mezquital. Cuando habla se puede escuchar un enojo que comienza a expresar conforme habla de las mentiras que, considera, se han dicho con tal de llevar a cabo el proyecto de economía circular. “Se me hacía una aberración que dijeran que era justicia ambiental para Hidalgo y que con este proyecto nos iban a solucionar los problemas de contaminación. ¿Cómo trayéndonos más basuras nos van a limpiar, el suelo, el aire y el agua. Es ilógico”, dice.

Martínez asegura que las alarmas se prendieron para ellos cuando comenzaron a escuchar por parte de la secretaria Bárcena que el lugar donde se construiría el complejo era privilegiado por el espacio, por la cercanía de la autopista y del aeropuerto: “¿Para qué querían tener cerca el aeropuerto? ¿Qué acaso iban a traer la basura de otros municipios en avión?”, insiste.

Además, Martínez ha hecho una larga lista de todos los problemas que no han sido resueltos en la zona, entre ellos algunos que siguen causando enfermedades en la población, como la fábrica de químicos ATC, S.A. de C.V., que explotó en 2023, en Atitalaquia, y que, aseguran, solo cambió de nombre y se volvió a instalar en la zona: “Está la planta de tratamiento de aguas residuales de Atotonilco y ahí está la montaña de lodos, que no se puedan utilizar porque están contaminados, tienen alto contenido de sales y no los han podido sacar porque no está permitido tampoco que esos lodos viajen por tierra. Y ahí están amontonados. Hay personas en esa zona que ni siquiera pueden donar sangre para su familia cuando alguien se enferma porque ya no es apta para donar”.

El futuro y el miedo al estigma

“Merecemos en esos terrenos vacíos un pulmón verde que nos ayude a limpiar nuestros territorios, que nos ayude un poco a mitigar lo que ya tenemos de contaminación”, dice Martínez. Para Arellano, la región de Tula y los municipios aledaños son el ejemplo del modelo que no debe de continuar: “Aquí tenemos concentradas en una misma región todas las industrias. Esta zona es conocida en el mundo como una zona de sacrificio ambiental, ¿Cómo es que al Gobierno se le ocurre promover un polo de desarrollo en aquí mismo?”, dice.

Los colectivos reclaman que las autoridades locales cumplan con los requerimientos que la zona les ha demandado desde hace décadas y que no han sido atendidos, independientemente del rechazo al proyecto. Reclaman, además, que la ruptura con las autoridades, como el que tuvieron con la Comisión Nacional de Agua (Conagua) no puede ser un impedimento para que se trabaje en lo que requiere la región: “Nosotros rompimos relación con Conagua cuando había meses de trabajo y ellos nos propusieron una rueda de prensa con medios donde firmáramos los ambientalistas que aceptábamos todo. Y me lo dijo una persona: ‘Esto lo pueden hacer [firmar] para quitarse el estigma de que son los responsables’. ¿Cómo cree que vamos a aceptar algo así? Ahí rompimos. La cancelación de este proyecto no exime a los gobiernos municipales de hacerse responsables de la gestión y el manejo de sus residuos”, zanja Arellano.

Sin embargo, solo unos días después de la consulta, el dirigente de Morena en Hidalgo, Marco Antonio Rico Mercado, hizo un “llamado a la reflexión” para “replantear” el proyecto del parque: “En nuestro movimiento sabemos caminar en contra de la adversidad. En nuestro movimiento sabemos que escuchar al pueblo, y aunque haya dicho que no, no quiere decir que nos vamos a distanciar del pueblo, todo lo contrario, revisar y replantear porque la región lo requiere”, dijo en conferencia de prensa.

Los ambientalistas locales han respondido: “Que se respete el No y la voz del pueblo. Eso queremos”.

El infierno ambiental

Hay varias tragedias que rodean a esta región, donde el Gobierno federal pretendía instalar lo que esperaban que fuera “el primer parque de economía circular en el mundo”. En 2019, a solo un par de kilómetros de los terrenos que han quedado abandonados tras fracasar la construcción de una segunda refinería en la zona, una explosión en una toma clandestina de combustible se saldó con la muerte de 73 personas. La tragedia puso a Hidalgo en los medios de comunicación de todo el mundo, y, aunque no era nuevo, supuso también el inicio de la popularización del término huachicoleo —el robo de combustible en ductos de Pemex— como una práctica cada vez más usual en el país.

En 2021, una descarga de aguas masiva, por parte del TEO, sumada a la cantidad de lluvias que dejó la temporada, inundó la ciudad de Tula, ocasionando la muerte de 17 pacientes del Hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y la evacuación de más de 10.000 personas.

En 2022, el activista Jesús Bañuelos, de 50 años, fue asesinado a tiros en Atitalaquia, mientras acampaba para pedir el cierre definitivo de un basurero en ese municipio.

Para expertos y para algunos funcionarios del Gobierno federal, la zona de Tula-Atitalaquia, en Hidalgo, es uno de los llamados “seis infiernos ambientales” que tiene México.