Los abogados de Rafael Caro Quintero solicitan al juez que levante las medidas de aislamiento

Los abogados de Rafael Caro Quintero, el histórico narcotraficante mexicano acusado de asesinar a un agente de la DEA hace 40 años, han solicitado este viernes al juez que levante las medidas de aislamiento que se implementaron a petición del fiscal general de Estados Unidos. La defensa legal del fundador del Cartel de Guadalajara, que espera a ser juzgado en un penal de máxima seguridad de Nueva York, alega que la aplicación de esta Medida Administrativa Especial (SAM, por sus siglas en inglés) vulnera el derecho al debido proceso, a la asistencia legal efectiva y a la libertad de expresión; y pide a la Corte encargada de su proceso que lo mueva a una unidad más flexible o que, de lo contrario, les conceda una audiencia para exponer su caso.

“El señor Quintero está confinado en una celda pequeña y sin ventanas. Permanece en esta celda solo durante 23 horas al día de lunes a viernes, y los fines de semana 24 horas y sin permiso para hacer ningún ejercicio”, desarrollan en el texto presentado ante el juez. Además, los abogados denuncian que el único contacto del capo con su familia han sido “una o dos llamadas telefónicas” y que las únicas visitas que ha recibido han sido las de su equipo legal. “Ni siquiera se le ha permitido un contacto indirecto con su familia, dado que su defensa tiene prohibido difundir las comunicaciones con él a un tercero”, razonan.

La petición llega tres días después de que el Departamento de Justicia del Gobierno de Donald Trump revelara que finalmente no solicitaría la pena de muerte para varios de los narcotraficantes recluidos en Estados Unidos, entre ellos Caro Quintero y Vicente Carrillo Fuentes, alias El Viceroy, ambos a la espera de su juicio en Nueva York, como se había previsto inicialmente. Esta cuestión había levantado polvareda en México porque la pena capital no está recogida en la legislación nacional y, legalmente, no se contempla que un tercer Estado pueda aplicar a un ciudadano una condena que no encuentra reciprocidad en el código penal del país de origen.

El narco de narcos, como es popularmente conocido, forma parte del extenso grupo de 29 capos mexicanos que fueron extraditados al norte del río Bravo el pasado febrero, un botín que fue entregado al Gobierno estadounidense por parte de su homólogo mexicano como parte de las negociaciones para evitar la imposición de aranceles con la que Trump amenaza a gran parte de los países del globo. La posición de México, que comparte 3.000 kilómetros de frontera con Estados Unidos y un intercambio comercial de más de 800.000 millones de dólares al año, ha obligado a la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, a hacer fuertes concesiones en materia de seguridad, la moneda de cambio con la que está evitando medidas económicas más fuertes. Entre ellas se encuentra la extradición de casi una treintena de narcotraficantes a los que el Ejecutivo estadounidense quería echar mano desde hace años y que incluye a otros pesos pesados del tráfico de drogas, como Ismael El Mayo Zambada.

El caso de Rafael Caro Quintero, de 77 años, es especialmente sensible para el Gobierno del país vecino. Entre los cargos que enfrente el capo se encuentra el asesinato del agente de la DEA (la agencia antidrogas estadounidense) Enrique Kiki Camarena, hace más de 40 años. El funcionario fue brutalmente torturado antes de ser ejecutado en Guadalajara, a comienzos de 1985. Caro Quintero fue detenido por primera vez por este caso hace cuatro décadas, pero salió de prisión en 2013 porque un tribunal concluyó que el proceso estaba viciado y que debería haber sido juzgado por un tribunal federal, en lugar de uno estatal. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó que se revisara el caso pero, para cuando llegó la rectificación, el capo ya había desaparecido del mapa.

Su última detención se produjo en 2022, en un poblado del municipio de Choix, ubicado entre Sinaloa, Durango y Chihuahua. Desde entonces había permanecido recluido en México hasta su extradición a Estados Unidos este año. Su próxima vista judicial está programada para este 18 de septiembre.