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La odisea de Yair en las urgencias del IMSS tras romperse la mano: dos días en una silla, sin teléfono ni ropa

El caso del joven, que pasó seis días internado sin operación y sin acceso a información clara, ilustra la saturación y falta de recursos del sistema de salud pública mexicano

Personas aguardan afuera Hospital General de Zona IMSS, en Parque de los Venados, en 2022.
Verónica M. Garrido

Yair Tavera llegó con un dolor intenso en la mano a la Clínica 163 del Instituto Mexicano del Seguro Social, en Villa Coapa al sur de la Ciudad de México, el pasado 5 de abril. Jugando fútbol, cayó mal y el impacto le impidió mover los dedos. Lo que parecía una fractura menor se convirtió en una odisea de casi tres meses que le costó el trabajo y la confianza en el sistema de salud pública. Un atención médica saturada, con carencias de infraestructura sanitaria, financiación y recursos humanos.

Como no llevaba carnet, no lo querían atender. Solo tomarle la presión tardó más de una hora. Lo enviaron a otra clínica. Ya en el Hospital de Traumatología y Ortopedia se enfrentó a otra fila para rayos x porque no había radiólogo. Tras cuatro horas de espera le confirmaron que se había roto el escafoide. Lo único en lo que podía pensar era en que lo iban a despedir de su trabajo en el call center. Tenía razón en preocuparse, pues la incapacidad médica que necesitaba para justificar las faltas sería otro vía crucis. “Lo que siempre pasa”, se resigna. Tavera es originario del Estado de México y tiene 25 años.

Cuando finalmente entró a urgencias, lo llevaron a una sala dividida por una cortina: 20 mujeres de un lado, 20 hombres del otro. Allí pasó casi 48 horas en una silla, sin teléfono, libros ni ropa, vistiendo solo la bata del hospital. Sus familiares tuvieron que llevarle papel de baño y una botella de agua. Una enfermera le dijo al despertar una mañana: “En la noche se te veía todo”.

Exigió que le dieran una camilla, pero le advirtieron que una vez ahí no podría volver a ponerse de pie mientras estuviera internado. Y así fue. Los siguientes cuatro días los pasó en una cama, sin privacidad, rodeado de gente, la mayoría de ellos por accidentes en motocicletas. Para ir al baño usaba el cómodo junto a la camilla. “Es deshumanizante. Sentía que me iba a volver loco”, dice. Le dieron un cepillo de dientes y la misma comida durante los seis días en total que estuvo en el hospital: huevo. Lo bañaban antes de la hora de visitas.

Para el dolor, le administraban ketorolaco e ibuprofeno. En cada cambio de turno llegaba un nuevo equipo médico que repetía los mismos procedimientos sin tomar una decisión. Le informaron que necesitaría una operación, pero no había espacio en quirófano. Conoció a otro paciente que llevaba cinco días con largos ayunos por una cirugía que no llegaba.

Planes para agilizar la atención

Zoé Robledo, titular del IMSS, presentó a finales de mayo una estrategia para agilizar la atención médica. Anunció que buscan realizar dos millones de cirugías, 30 millones de consultas de especialidad y 100 millones de medicina familiar “para vencer la narrativa popular de los tiempos de espera excesivamente prolongados en el IMSS”, dijo en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum. El boletín que se publicó después dice que los tiempos de espera son “inevitables” en los sistemas de salud, pero pueden reducirse. La historia de Tavera dice lo contrario.

Todo el tiempo que permaneció en urgencias Tavera vivió entre incertidumbre y abandono. “Algunos enfermeros se disculpaban por la falta de atención y pedían comprensión porque llevaban dos días de guardia. Podía entenderlo, pero hay personas que van por cosas mucho más graves que la mía y tampoco les hacían caso”, dice. Un vecino de camilla, trabajador de limpieza en otra clínica, consiguió “con palancas” que lo operaran en otro hospital. A Tavera, en cambio, le dieron de alta con el brazo inmovilizado y sin cirugía, pues entre tanto cambio de médicos y que la máquina de rayos x se había descompuesto, alguien decidió que ya no necesitaba ser operado. “Nunca he puesto un yeso por escafoide”, reconoció el residente que se lo colocó.

México es de los países que menos gasta en salud en el club de la OCDE. Apenas un 5% del PIB, solo por encima de Turquía o Estonia y por debajo de Chile o Brasil. El IMSS es la institución con más quejas por violaciones a derechos humanos en todo el país, según el Sistema Nacional de Alerta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. En 2024, el último año del que se tienen datos completos, se registraron 5.900 quejas y 165 recomendaciones al IMSS por negligencia médica. De la población general con acceso a seguro médico, el instituto concentra el 60% de derechohabientes y el 25% de estos acude ahí cuando necesita un servicio de salud, según la última Encuesta Nacional de Salud y Nutrición.

Una vez que salió del hospital, Tavera debía volver cada 14 días, con largas filas desde las siete de la mañana para renovar la incapacidad. Como su accidente no fue por riesgo de trabajo, solo le tocó el 60% de su salario, pagado por el IMSS. Algunos depósitos llegaron tarde o no llegaron. “Eran como 400 pesos”, dice.

A las seis semanas le tocaba que le quitaran el yeso, pero la doctora le dijo que no podían hacerlo ahí. Le recomendaron agua caliente con sal y que se lo quitara en casa. Lo hizo solo: la piel estaba irritada, tenía llagas y un dolor persistente. En el trabajo ya no lo querían esperar. Lo presionaban para volver y cuando finalmente terminó la incapacidad, lo despidieron. Nunca supo si su mano sanó correctamente. “Me sigue doliendo. No sé si quedé bien”. Debía volver para rehabilitación, pero las citas eran cada mes y confiesa que ya no quiere regresar.

El despacho de abogados especializado en negligencia médica, Lex&Co, explica que Tavera puede presentar una denuncia por falta de tratamiento adecuado, abandono de paciente y prolongación excesiva de un tratamiento que no tuvo resultado. “Hemos trabajado con casos similares, puedo asegurar que su mano no se va a recuperar al 100% y eso es una incapacidad permanente parcial”, explica. Esto incluye daño físico, los gastos externos para su recuperación y otros por la pérdida de empleo, como consecuencia de estar impedido para desempeñar su trabajo. En caso de ser favorable, el Instituto tendría que pagar su recuperación en el sector privado, podría recibir una compensación económica y denunciar directamente al hospital, pero un juicio como este puede durar hasta tres años.

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Sobre la firma

Verónica M. Garrido
Periodista de EL PAÍS México. Antes estuvo en la sección de Ciencia, Salud y Tecnología. Graduada en Comunicación Social por la UAM-Xochimilco y Máster de Periodismo UAM-El País. Escribe ocasionalmente sobre deportes y en los tiempos libres disfruta haciendo fotografías.
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