Escuelas cerradas y al menos 50 estudiantes asesinados: la otra cara de la violencia en Sinaloa

Este ciclo escolar en Sinaloa empezó con violencia, y el único que terminó el ciclo en las aulas —si puede llamársele así— fue la misma violencia. No hubo fiestas ni tampoco convivios en los salones. Este año muchos muchachos y muchachas se quedaron con las ganas de tomarse fotos con sus amigos, de rayar la camisa de sus compañeros como recuerdo. Al menos 80 escuelas de educación básica terminaron el ciclo escolar con alumnos y alumnas tomando clases a distancia o graduándose de la misma manera. O aún peor: al menos 50 niñas, niños y adolescentes no lograron terminar el ciclo: fueron asesinados.

Las escuelas se quedaron vacías, no por desinterés ni abandono, sino por miedo. Razonable con escenas como la del 28 de abril, cuando apenas se regresaba de las vacaciones de Semana Santa y cuatro escuelas de la colonia Emiliano Zapata, en Culiacán, alargaron la suspensión porque a las afueras de una preparatoria estaba un coche con explosivos, los suficientes para hacer volar un radio de 500 metros a la redonda.

Sociedades de padres y madres decidieron, desde que inició el conflicto armado entre grupos criminales del Cartel de Sinaloa, en septiembre de 2024, no enviar a sus hijas e hijos a clases presenciales. Desafiaron el llamado oficial de la Secretaría de Educación Pública y Cultura de Sinaloa que, en todo momento, insistió en que la situación podía ser controlada o que había condiciones para regresar a clases. “Hay condiciones suficientes para que los niños estén en las aulas”, dijo en repetidas ocasiones desde las vocerías del Gobierno de Sinaloa.

Frente a una escalada de violencia sin precedentes —asesinatos, balaceras, desapariciones forzadas, cuerpos abandonados cerca de escuelas, algunos de ellos desmembrados—, familias enteras optaron por resguardar a sus hijos en casa, convirtiendo las aulas en espacios virtuales, no por elección, sino por sobrevivencia.

El reclamo no es menor: madres y padres exigieron a las autoridades garantías reales para la integridad de niñas, niños y docentes. “No estamos pidiendo que se cancelen las clases, sino que se hagan virtuales como en la pandemia de Covid-19”, dice Verónica Guzmán, madre de una alumna de la Secundaria Técnica 85, ubicada al sur de Culiacán, preocupada por el contexto de inseguridad al principio de esta ‘narcoguerra’. Apenas a un kilómetro de ahí se encuentra la carretera Benito Juárez, que se ha convertido en un camino de muerte, con decenas de hombres y mujeres asesinadas, abandonadas a la intemperie o, incluso, dentro de fosas clandestinas.

Las autoridades estatales y federales implementaron un operativo de seguridad para “resguardar a los alumnos”: se colocaron patrullas afuera de las escuelas y se capacitó tanto a docentes como a niñas y niños para que pudieran actuar durante balaceras.

Tras la instalación de patrullas y policías encapuchados con armas largas —generando más intimidación que protección—, las autoridades insistían en que había “condiciones suficientes” para que los alumnos regresaran a clases. Pero eso nada más sucedió en las zonas urbanas de Culiacán, Mazatlán y Elota.

No fue así en las regiones rurales, donde la violencia y el temor han sido aún peor. En Cosalá, Eldorado, Navolato, San Ignacio y en colonias de la periferia de la ciudad de Culiacán hay escuelas que se clausuraron por la ausencia de niños y niñas.

“A veces viene el 60%, otras el 80. Pero no podemos hacer más si los papás no quieren mandarlos a la escuela. Entendemos muy bien que es por su seguridad y que se preocupan”, dice Pedro Ángel Ventura Villa, director de la Escuela Secundaria Técnica 96, ubicada en la colonia El Mirador, la cual por la mañana es secundaria y por la tarde se convierte en bachillerato porque en esa región no hay acceso suficiente a escuelas públicas.

Aún y con operativos, la realidad fue –y es todavía– otra: balaceras a plena luz del día, cuerpos abandonados a las afueras de planteles y salones transformados en cuarteles militares, como en la primaria Niños Héroes en la colonia CNOP, al sur de la ciudad de Culiacán, donde los alumnos fueron enviados a casa para que soldados ocuparan sus aulas como base provisional por casi cuatro días. “Nos enviaron un oficio para ocupar el espacio, pero se los negamos”, dijo Gloria Himelda Félix Niebla, secretaria de Educación en Sinaloa, tras reconocer que esa solicitud llegó antes de que los soldados pusieran un pie dentro, pero que se traspapeló entre las demandas de más padres y madres por seguridad.

La negativa institucional a reconocer el estado de emergencia generó una fractura profunda entre la comunidad educativa y el gobierno estatal, que se agravó con los meses, cuando niñas y niños fueron asesinados- como Gael y Alexander, que el 19 de enero fueron atacados por hombres armados que querían quitarle el coche a su padre, quien paseaba sobre el fraccionamiento Los Ángeles, al norte de Culiacán.

“Ya no podemos salir a ningún lado. No podemos hacer nada. Ni siquiera estar en casa. Nos puede pasar algo y el gobierno ni siquiera hace nada.”, dijo Eduardo, compañero de Gael y Alexander en el equipo de fútbol, durante una manifestación el 23 de enero para reclamar justicia.

Y no son los únicos, también sucedió con Danna Sofía, niña de 12 años asesinada el 24 de marzo, cuando se dirigía a su escuela en la colonia La Campiña, al oriente de Culiacán. Leidy y Alexa, de 9 y 11 años, quienes fueron tiroteadas por el Ejército cuando viajaban desde la Lapara, Badiraguato, para asistir a clases presenciales en Culiacán.

“Me hace pensar que a mí también me pudo haber pasado, porque yo salgo a la misma hora que ella”, cuenta Laura (nombre ficticio para resguardar su identidad), compañera de Danna Sofía.

“Han atacado lo que más queremos, que son los niños”, dice Víctor Manuel Aispuro, director de la primaria Sócrates, donde Gael y Alexander cursaron sus estudios.

Las escuelas pasaron de tener festejos por el Día del Niño y la Niña a tener homenajes en las plazas cívicas de los planteles. Los finales de curso fueron marcados por marchas silenciosas en exigencia de justicia.

Se tiene en Sinaloa un duelo colectivo y una niñez atrapada en el fuego cruzado, mientras el derecho a la educación —y a la vida misma— quedó condicionado a la tregua entre grupos armados.