La última gran resolución del IFT antes de desaparecer: una millonaria multa a Telcel y OXXO

Con menos de la mitad de recursos y personal reducido, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) ha jugado su última carta como regulador de competencia económica en el mercado de la telefonía. Este miércoles, el pleno del organismo ha multado a Telcel, propiedad del multimillonario mexicano Carlos Slim, así como a varias tiendas de conveniencia por cometer prácticas monopólicas relativas a la venta de tarjetas SIM.

La multa impuesta a Radiomóvil Dipsa, controladora de Telcel en el país, fue de 1.782 millones de pesos, mientras que a la cadena de tiendas de conveniencia Oxxo, propiedad de Femsa y la Impulsora de Mercados de México (IMMEX), fueron sancionadas cada una con 19,5 millones de pesos. De acuerdo con la unidad investigadora del IFT, Telcel “otorgaba incentivos y beneficios a Oxxo e IMMEX, así como un canal de distribución indirecto, con la condición de no comercializar tarjetas SIM de agentes económicos que afectaran a Telcel, a nivel nacional”, dijeron.

Telcel ha respondido rápidamente a la estocada proporcionada por el IFT, al calificar la multa como abusiva y arbitraria. “Telcel rechaza categóricamente haber cometido la práctica referida. Esta multa arbitraria y desproporcionada se basa en dichos de un competidor y en una investigación que se caracterizó por el actuar parcial y carente de pruebas por parte de la Autoridad Investigadora del IFT”, mencionó la compañía en un anuncio a sus inversionistas en la Bolsa Mexicana de Valores.

Se trata de la multa más cuantiosa desde la creación del organismo y por mucho, la de mayor magnitud por prácticas monopólicas. A finales del año pasado, la sanción por la misma práctica fue de 90,6 millones de pesos y con sanciones similares desde que se aprobó la reforma a las telecomunicaciones impulsada por Enrique Peña Nieto, en 2013.

Los efectos a la competencia en el mercado de telefonía

Uno de los argumentos para la desaparición de los órganos autónomos, que quedó aprobada en noviembre de 2024, fue promover la competencia en varios mercados, uno de ellos, el de telecomunicaciones, que históricamente ha sido uno de los más concentrados en pocas empresas.

Con la reforma de Peña Nieto, el IFT determinó que América Móvil y Telmex eran agentes económicos preponderantes en los mercados de telefonía móvil y fija, por lo que se impusieron medidas de regulación asimétricas destinadas a “favorecer la competencia y la libre concurrencia”, de acuerdo con lo dicho por el propio órgano regulatorio.

Sin embargo, a una década de su creación y en las postrimerías de su existencia, las medidas han tenido poco efecto en el mercado de telefonía móvil. En 2013, cuando se aprobó la reforma, América Móvil tenía una participación de mercado de 69%, mientras que al segundo trimestre de 2024 se redujo a 56,1%, de acuerdo con el Banco de Información en Telecomunicaciones.

Para apelar la que podría ser la última gran decisión del IFT en el mercado, Telcel y las empresas involucradas pueden apelar a través de los juzgados especializados en materia de telecomunicaciones, mismos que desde la elección de jueces y magistrados del pasado 1 de junio, estarán conformados por nuevos integrantes, quienes tendrán a su cargo un expediente complejo en materia de concentración de mercados.

En su último reporte de telefonía móvil con datos preliminares en marzo de 2025, el IFT detalla que Telcel cuenta con 83,2 millones de líneas celulares, seguido de su competidor más fuerte, la estadounidense AT&T, con 23 millones de usuarios móviles y en tercer lugar la española Telefónica Movistar, con 21,1 millones de líneas y posteriormente, el resto de concesionarios y operadores virtuales con menos de un millón de afiliados.

Antes de desaparecer, el órgano autónomo vio esfumarse uno de sus últimos grandes proyectos, la licitación de 2.223 bloques de espectro radioeléctrico para ofrecer servicios de quinta generación o 5G, con el cual el Estado mexicano pudo obtener entre 80 y 120 millones de pesos. Con la desaparición del IFT, las facultades regulatorias de telecomunicaciones pasarán a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT).