El cardenal Norberto Rivera recibe una devolución millonaria de impuestos por la compra de dos departamentos de lujo en la torre Mítikah

El Gobierno de Ciudad de México ya reembolsó al cardenal mexicano Norberto Rivera Carrera los más de 1,4 millones de pesos (72.962 dólares) que le habían cobrado “de más”, cuando compró dos departamentos de lujo, cada uno con un precio de 10 millones de pesos (522.000 dólares) en la torre Mítikah, en el sur de la capital. Este complejo, que también causó polémica y levantó protestas de vecinos y organizaciones civiles cuando fue construido, alberga un centro comercial, oficinas y departamentos en una torre considerada la más alta de la capital mexicana.

La jueza Elizabeth Trejo Galán notificó este martes que la Tesorería de Ciudad de México ya cumplió con la sentencia del amparo que la jueza federal Blanca Lobo Domínguez otorgó a Norberto Rivera, en la que ordenó devolver los más de 1,3 millones de pesos al clérigo por el pago “excesivo” de derechos que realizó en 2024 tras la compra de los dos departamentos de lujo.

La decisión judicial de Lobo Domínguez viene desde mayo pasado, y fue impugnada por la Administración de la jefa de Gobierno de Ciudad de México, Clara Brugada, sin que ese recurso haya tenido éxito. También fue la misma jueza la que, después, multó al Gobierno de Brugada por no cumplir con la devolución una vez dada la orden. De acuerdo con información de la revista Proceso, la cantidad de esa multa no se hizo pública.

Norberto Rivera, de 82 años, compró los dos departamentos con los números 4201 y 4205, el 29 de febrero de 2024. Por esa operación pagó los 23.061 pesos establecidos por la ley para la inscripción de los contratos de compraventa ante el Registro Público de la Propiedad (RPP) por cada uno de los inmuebles, es decir, un total de 46.122 pesos.

Además, de acuerdo con el valor de las dos propiedades [10 millones de pesos], en marzo de ese mismo año el cardenal hizo otro pago correspondiente al Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles (ISAI). Por el número 4201 pagó 651.101 pesos y por el departamento 4205, 700.150.

Dos semanas después de este último pago, el 20 de marzo de ese mismo año, Rivera tramitó un amparo en contra del cobro de los más de 20.000 pesos que tuvo que desembolsar por ambos impuestos correspondientes, siempre, al valor de sus dos departamentos de lujo.

La sentencia emitida por la jueza Lobo Domínguez, publicada el 29 de abril pasado, ordenaba: “[Que] sea devuelta la cantidad que pagó en exceso por concepto de los derechos de registro (RPP), previstos en el artículo 196 [...] en tanto que no existe relación progresiva y equivalente en el impuesto que resulta de aplicar la tarifa de un rango a otro para determinar el impuesto sobre adquisición de inmuebles; por lo que procede declarar su inconstitucional”, citó en esa fecha Proceso, que tuvo acceso al expediente.

Este trato privilegiado hacia el que fue el Arzobispo primado de México —la máxima autoridad católica en el país— es solo una más de las polémicas que ha arrastrado en su vida pública. El cardenal ha sido acusado de encubrir casos de abusos sexuales infantiles por parte de sacerdotes de la Iglesia católica mexicana y ha estado en el radar del FBI por sus vínculos con empresarios relacionados con el presunto lavado de dinero para grupos del narcotráfico. También ha sido señalado en varias ocasiones por supuesto enriquecimiento ilícito y compra de propiedades valoradas en millones.

La jueza Blanca Lobo Domínguez ha sido igualmente señalada de presuntamente beneficiar a empresarios y otros funcionarios públicos, en los últimos 15 años. En 2012, el Congreso mexicano demandó que fuera investigada por ser una de las personas que se negó a resolver un amparo contra la Comisión Reguladora de Energía, que permitió a una gasera imponer una tarifa que aumentaba en un 300% los precios a los consumidores de Ciudad Juárez. Lobo también fue la jueza que ordenó la suspensión provisional, en 2011, de la exhibición, distribución y publicidad del documental Presunto culpable, que revela algunas de las irregularidades en el sistema legal en México, y cuya decisión causó polémica y se le acusó de censura.