Un ministro de la Corte propone ordenar la liberación de Juana Hilda, acusada del supuesto asesinato de Hugo Alberto Wallace

La Suprema Corte está ante la posibilidad de desmontar uno de los ejemplos más emblemáticos de la corrupción de la justicia en México: el caso Wallace. El ministro Alfredo Gutiérrez ha elaborado un proyecto de amparo, al que EL PAÍS ha tenido acceso, en el que plantea la liberación absoluta de Juana Hilda González Lomelí, acusada del presunto secuestro y asesinato de Hugo Alberto Wallace, por el que la mujer lleva 20 años en prisión, como parte de una condena de casi ocho décadas. El togado sostiene que las declaraciones en las que Juana Hilda reconoce su participación en el delito fueron arrancadas a la acusada mediante actos de tortura, por lo que, agrega, resultan inválidas las diligencias del Ministerio Público y las “pruebas” obtenidas con base en esas confesiones ilícitas. El Supremo someterá a votación el proyecto el 11 de junio. Si la mayoría de los togados lo aprueba, ello confirmará que Juana Hilda y un grupo de coacusados han sido víctimas de un montaje encabezado por Isabel Miranda de Wallace, la madre de Hugo Alberto, encumbrada como activista por la clase política durante años, hasta su muerte, hace unas semanas.

El proyecto del ministro Gutiérrez es un duro señalamiento a la actuación de la Fiscalía General de la República por su manera de abordar el caso, en cuya investigación se le dio una influencia indebida a Miranda de Wallace, que desplegó una enorme campaña mediática en torno al supuesto plagio y asesinato de su hijo para presionar a las autoridades. Juana Hilda fue capturada en 2006 con base en testimonios de personas que dijeron haberla visto con Hugo Alberto Wallace entrando a su departamento, ubicado en Ciudad de México. En sus primeras declaraciones, la mujer negó haber participado en el delito. Solo se “autoincriminó” en una confesión posterior, bajo amenazas de agentes de la Fiscalía, antes Procuraduría (PGR). Entonces “aceptó” todo: que engañó a Hugo Alberto Wallace para llevarlo a su departamento, donde sus “cómplices” lo esperaban para someterlo y secuestrarlo; que lo golpearon de más, al grado de provocarle un infarto, por el que murió; que descuartizaron su cuerpo con una sierra eléctrica y arrojaron sus restos a las aguas negras; que, antes de eso, le tomaron fotos simulando que estaba vivo para exigir un pago por su rescate a Miranda de Wallace.

El ministro Gutiérrez hace notar que, antes de esa “confesión”, las autoridades catearon el domicilio de Juana Hilda, sin hallar pruebas relevantes. Incluso, se levantó el aseguramiento del inmueble y este volvió a ser rentado a otro inquilino. Después de la declaración de la mujer, en una nueva diligencia, se encontró una licencia de conducir de Hugo Alberto Wallace, y la “prueba” definitiva: una gota de sangre que los supuestos captores no limpiaron de la tina del baño. Ni a la Fiscalía, ni a los jueces que emitieron la sentencia, les importó que Juana Hilda alegara actos de tortura y que sus declaraciones fueran obtenidas en condiciones absolutamente ilícitas. La propia Juana Hilda denunció ante un juez que, mientras estaba recluida en las instalaciones de la PGR, la visitaron agentes del Ministerio Público que, en ausencia de su defensa legal, “la amenazaron con hacerle daño, a ella y a su familia; con entregarla a policías del Distrito Federal [Ciudad de México] para que la torturaran; con internarla en un centro de reclusión donde podría ser violada y torturada; con fabricarle delitos a su hermano; con hacerle daño a su madre y a su hija. Todo ello, si no confesaba los hechos”.

El proyecto de Gutiérrez señala que la Procuraduría y los jueces, en vez de ordenar la investigación de la tortura denunciada por Juana Hilda, como correspondía según los tratados internacionales, dieron valor a las pruebas. “Existen elementos suficientes para considerar que Juana Hilda no confesó de manera libre y voluntaria, sino mediante presiones, intimidación y amenazas”, señala la propuesta de sentencia. “El hecho de que otras pruebas pudiesen corroborar el contenido de las confesiones de ninguna manera les otorga validez, pues la invalidez de las confesiones obtenidas mediante tortura no depende de si son ciertas o no, sino de la forma en la que se obtuvieron”, agrega. El ministro no solo sustenta la falsedad de las pruebas, sino que desliza la responsabilidad de los torturadores de Juana Hilda. “Toda intimidación y tortura está prohibida, y debe ser investigada y sancionada penalmente. Cualquier información obtenida mediante tortura no puede ser tomada en cuenta para castigar, más que a quienes torturaron”, señala.

El recurso amparo de Juana Hilda llegó a la Corte luego de dos sentencias distintas de tribunales colegiados que la revictimizaron. Uno de los tribunales ordenó en su momento a la PGR reponer el procedimiento, que no hizo sino perjudicar más a la mujer. Por ello, esta vez, el ministro Gutiérrez ha decidido no ordenar una nueva investigación, sino la liberación absoluta de Juana Hilda, no sin antes lanzar una dura crítica a la labor de la Fiscalía. “[No se puede] ordenar la reposición del procedimiento, pues eso violaría el principio de non bis in idem [que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito], al permitir la repetición del juicio y dar a la Fiscalía una nueva —y no merecida— oportunidad para enmendar su actuación investigadora”, dice el proyecto. “El Ministerio Público local ya ha tenido oportunidad para probar su acción en juicio y la ha perdido”, agrega.