Mario Delgado, sobre las protestas de la CNTE: “El plan B es que entren en razón”

El gabinete de la presidenta, Claudia Sheinbaum, ha roto el silencio en el que se había sumido desde que finalizó la reunión con los maestros de la Coordinadora Nacional (CNTE) este miércoles por la tarde. El secretario de Educación, Mario Delgado, ha sido el primero en pronunciarse, casi un día entero después. “El plan B es que ellos entren en razón, que sigamos trabajando, que sigamos dialogando”, ha dicho en una entrevista en Enfoque Noticias, preguntado por la alternativa al plan propuesto en el encuentro del día anterior, del que el magisterio salió insatisfecho. “A nosotros nos preocupan mucho los niños sin clase, me parece muy injusto para ellos y para las familias”, ha agregado también, después de repasar la serie de desencuentros que han desembocado en este punto muerto en las negociaciones.

En la reunión de este miércoles, que finalizó sin ningún acuerdo claro, el Ejecutivo agregó a los ofrecimientos conocidos la posibilidad de reducir progresivamente la edad de jubilación cada tres años, en lugar de simplemente congelarla en la actual (56 y 58, para mujeres y hombres, respectivamente), como habían planteado. El sindicato lo considera insuficiente, pero desde esta mañana debate en asamblea el nuevo documento que hay sobre la mesa y han mermado las movilizaciones, que se han limitado al contingente de Oaxaca, el más numeroso, en la Avenida de Reforma de la capital, el centro financiero de la ciudad y una de las arterias más importantes para la movilidad. A primera hora de la tarde, en torno a las tres, han comenzado a replegarse hacia el Zócalo, donde mantienen el campamento desde hace 15 días.

La presidenta, Claudia Sheinbaum, ha evitado pronunciarse en la Mañanera sobre la reunión del miércoles y ha delegado cualquier declaración en sus secretarios de Gobernación, Educación y Hacienda, los equipos que asistieron al encuentro del día anterior. El principal éxito del encuentro fue despejar cualquier duda sobre una posibilidad de intervención en las elecciones judiciales del domingo, la principal preocupación del Gobierno a escasos cuatro días de la convocatoria. “No estamos en una posición de boicot”, dijo Pedro Hernández, portavoz sectorial de la Coordinadora, que también le reprochó a la presidenta haber sugerido que se alineaban con la derecha por llevar sus protestas a las puertas del INE, el organismo electoral que prepara los comicios.

A pesar del desencuentro de ayer, que no fue tan fructífero como para acabar con el plantón, las aguas parecen algo más calmadas y algunas demandas que se perdieron por el camino vuelven a estar sobre la mesa, como una conversación directa con la mandataria cuando el sindicato tenga una contrapropuesta formal a la que el gabinete les planteó el miércoles. Ese documento tardará en llegar, anticipa Pedro Hernández, pues son muchas secciones y deben procesar las opiniones de todas. Mientras tanto, la vía de comunicación permanecerá abierta con las Secretarías a las que Sheinbaum les ha encomendado la tarea de pacificar a un magisterio que suma dos semanas de huelga.

El objetivo de los maestros es claro y permanece fijo desde hace dos meses, indiferente a las propuestas que hasta ahora les ha lanzado el Ejecutivo: derogar la ley del ISSSTE de 2007, aprobada bajo el sexenio de Felipe Calderón, y devolver las pensiones de los trabajadores a la gestión pública. Desde la reforma calderonista, son las administradoras privadas o Afores quienes gestionan las cuentas individuales de los maestros, que vieron sus pensiones reducidas en los casos más bajos hasta los 4.000 pesos, unos 200 dólares. La presidenta ha ofrecido completar las exiguas jubilaciones con el fondo de pensiones para el bienestar hasta alcanzar el salario medio del IMSS, que actualmente se sitúa en los 17.000 pesos.

Este es el ofrecimiento más cercano a las demandas del magisterio, pero no es suficiente para hacerlos desistir en sus demandas. Mientras unos y otros tratan de dar en el punto medio que permita al otro aceptar el acuerdo, la ciudad, como el Gobierno, comienza a achacar el cansancio de dos semanas de bloqueos intermitentes.