Italia ofrecerá un bonus a los abogados que faciliten la repatriación de migrantes
Las asociaciones de juristas denuncian el plan de Meloni, que consideran un ataque a la independencia de la abogacía. El presidente de la República también pide que se modifique
El Gobierno de la ultraderechista Giorgia Meloni está estudiando un plan para ofrecer incentivos económicos a abogados que consigan que sus clientes migrantes acepten el retorno voluntario a sus países de origen. Se trata de una suerte de bonus para los letrados que asisten a personas migrantes en los trámites de repatriación voluntaria, que se aplicaría solo si la repatriación se lleva a cabo con éxito. El denominado “retorno voluntario asistido” es un programa contemplado en la política migratoria italiana que facilita el regreso voluntario de personas extranjeras a sus países de origen, ofreciéndoles apoyo económico y logístico por parte del Estado italiano.
El proyecto ha desatado una polvareda política en Italia y fuertes críticas en el mundo jurídico. Incluso el presidente de la República, Sergio Mattarella, el encargado de promulgar las leyes, experto jurista y juez del Constitucional, ha planteado objeciones y ha pedido que se modifique la norma. Meloni ha defendido el proyecto y ha asegurado que lo corregirán para atender las “observaciones” del jefe del Estado, pero mantendrán el principio.
“Es una norma de puro sentido común”, ha defendido Meloni en un evento celebrado en Milán. “Los retornos voluntarios asistidos son un instrumento que Europa pide que intensifiquemos. Los seguiremos impulsando y estamos trabajando para reforzarlos”.
La propuesta del Ejecutivo para incentivar a los abogados que favorezcan las repatriaciones ha sido ampliamente criticada por numerosas instituciones jurídicas, que contemplan la disposición como un intento de inducir a los abogados a garantizar que las repatriaciones se lleven a cabo con éxito, con el fin de respaldar las políticas del Gobierno de Meloni contrarias a la inmigración.
La medida forma parte de un decreto de seguridad para reforzar el control del orden público y la gestión de la inmigración aprobado por el Gobierno italiano, que ahora debe ser convertido en ley por el Parlamento antes del sábado.
Por el momento, el Ejecutivo no ha establecido de forma explícita cuál será el importe exacto del incentivo económico, sino que se ha limitado a indicar que debería ser equivalente al que recibe el ciudadano extranjero repatriado para cubrir sus “necesidades iniciales”. Esa asignación no es una cifra fija.
El líder del partido liberal +Europa, Riccardo Magi, ha estimado que podría rondar los 615 euros por cada repatriación. Sus cálculos se basan en los cerca de 2.500 retornos voluntarios que se registraron de 2023 a 2025 y en los fondos asignados para financiar la norma: 246.000 euros para este año y 492.000 euros para 2027 y 2028.
La propuesta contempla que la remuneración sea abonada a los abogados por el Consejo Nacional de la Abogacía, el organismo que coordina los distintos colegios profesionales. Sin embargo, esta institución ha denunciado que no ha sido informada en ningún momento de esta situación y ha pedido que se modifique su participación, ya que considera que no se trata de una actividad que entre dentro de sus competencias.
La entidad que representa los intereses sindicales de los abogados italianos, el Organismo Congressuale Forense, también ha mostrado su “firme rechazo” a la norma y ha declarado el “estado de agitación” de la abogacía. Se trata de una forma de protesta simbólica, previa a la huelga y que sirve para señalar el descontento del sector y la existencia de un conflicto con el gobierno.
Consternación en el gremio jurídico
La organización que representa a los abogados penalistas en Italia, la Unión de Cámaras Penales (UCPI), ha denunciado que la propuesta del Ejecutivo es “incompatible” con la Constitución y también con los principios básicos de la ética profesional de la abogacía. A su parecer, un abogado “no puede recibir dinero para conseguir un resultado que el Estado quiera imponer”. Alegan, además, que la función de los letrados no es “garantizar un resultado”, sino defender a su cliente con total libertad e independencia, sin presiones externas ni condicionamientos.
La Asociación Nacional de Magistrados también ha expresado su “consternación por el ataque al derecho de defensa”, que “debe seguir siendo pleno, libre y realmente accesible. Sin verse sometido a lógicas diferentes”. Para los magistrados, garantizar este derecho “constituye un baluarte esencial del Estado de derecho y un elemento imprescindible para la confianza de los ciudadanos en la administración de justicia”.
Gran parte del mundo jurídico comparte esa crítica. La Asociación para los Estudios Jurídicos sobre Inmigración (ASGI) ha denunciado “el gravísimo ataque a la función de la abogacía y al derecho de defensa de las personas extranjeras”. En conversación con este diario, Lorenzo Trucco, abogado y presidente de ASGI, tacha de “aberración jurídica” la propuesta del Ejecutivo y señala que viola “la independencia y la autonomía de la abogacía. La existencia de una norma de este estilo es inquietante”.
La decisión de los migrantes de regresar a sus países de origen, subraya Trucco, es “muy delicada” y no se pueden ignorar los posibles riesgos ―“como el de convertirse en víctimas de trata de seres humanos”―, si no se gestiona con la prudencia y los mecanismos oportunos. “Esta iniciativa supone un nuevo retroceso en el derecho de defensa de los extranjeros, que ya se había visto debilitado desde 2023”, concluye el letrado.
El abogado Dario Belluccio, miembro de la misma asociación, condena también la decisión del Gobierno: “Supone un intento de distorsionar el papel de la abogacía, desplazándola de su función social de defensa de los derechos de las personas hacia un rol subordinado a las políticas del Gobierno”, indica a EL PAÍS.
En la bancada opositora, la diputada Valentina D’Orso, del Movimiento 5 Estrellas, ha afirmado que el Gobierno quiere “instrumentalizar a los abogados convirtiéndolos en un medio para llevar a cabo sus decisiones políticas en materia de inmigración”. Francesco Boccia, senador del Partido Democrático (centroizquierda), considera que el plan de Meloni es “autoritario y culturalmente fascista”. Y Magi, del liberal +Europa, se ha expresado en la misma línea: “Un plus para aquellos abogados que logran que sus clientes migrantes sean repatriados es prácticamente una recompensa al estilo del salvaje Oeste”.
Tanto Meloni como el vicepresidente Matteo Salvini, habitualmente muy duros en materia de inmigración, han evitado defender públicamente esta cuestión con la vehemencia a la que acostumbran. El Gobierno atraviesa un periodo de especial debilidad en este último año de legislatura, sobre todo después de haber perdido recientemente el referéndum sobre la justicia, que había sido uno de sus principales caballos de batalla.
El pasado fin de semana, la Liga de Salvini convocó una manifestación en Milán con la intención de reunir a los partidos de la extrema derecha europea para clamar contra la inmigración bajo el lema “Dueños de nuestra casa”. Para la formación ultraderechista italiana se trataba de una prueba de fuego tras la derrota de su aliado Viktor Orbán en Hungría. Pero el evento contó con poca participación y la imagen de esa plaza ―con un alto valor simbólico para la Liga― semivacía, con apenas 2.000 manifestantes, ha sido un tropiezo político para Salvini.
