Meloni intensifica su cruzada contra inmigrantes, ONG y manifestantes a golpe de decreto

El Gobierno italiano de Giorgia Meloni ha aprobado en las últimas dos semanas controvertidas medidas restrictivas de seguridad e inmigración. Estas son solo las últimas de una larga serie que desde hace tres años sigue un patrón fijo. Desde que llegó al poder en octubre de 2022, la líder ultraderechista ha ido gobernando a golpe de decreto con una particular obsesión punitiva y policial: nada menos que una decena de decretos, siempre con el argumento de una emergencia de seguridad, real o por demostrar. Los objetivos son a menudo los mismos: inmigrantes, ONG y activistas, metidos en el mismo saco que los delincuentes a perseguir. Puestos en fila dan una idea del cuadro general de su política.

Esta vez ha introducido por decreto, entre otras cosas, el arresto preventivo durante 12 horas de quien la policía sospeche que pueda crear disturbios en una manifestación. En cuanto a la inmigración, un proyecto de ley que aún debe pasar por el Parlamento prevé aplicar bloqueos navales —incluidos los barcos de rescate— de entre uno y seis meses en situaciones que el Gobierno juzgue excepcionales, como en caso de alta presión migratoria. Pero esta línea viene de lejos.

El Gobierno se estrenó, en 2022, con un decreto contra las fiestas rave. Justo esos días se celebraba un gran evento de este tipo cerca de Módena, con 3.000 jóvenes de toda Europa. Meloni y su vicepresidente, el ultraderechista líder de la Liga, Matteo Salvini, pensaron que era la ocasión perfecta para lanzar un primer guiño a su electorado. Castigaron con penas de entre tres a seis años la “invasión de terrenos o edificios con peligro para la salud o la incolumidad pública”. Aunque luego no se ha vuelto a saber nada más de ello.

Como en este caso, a menudo se trata de medidas drásticas y pirotécnicas, cuya eficacia y aplicación real está por ver, y que a menudo chocan con los tribunales. Por ejemplo, juristas y expertos dudan de que el bloqueo naval pueda llevarse a cabo, pues va en contra de las convenciones internacionales marítimas. Pero en el momento generan un gran impacto político, sobre todo para su público. Y además así da la sensación de que Meloni hace muchas cosas, cuando en realidad en tres años su Gobierno apenas ha realizado reformas reseñables.

Por otro lado, cuando los jueces frenan algunas de estas medidas, como ha ocurrido con las deportaciones de migrantes a Albania, esto permite a Meloni acusarles de interferir en la voluntad popular. En el trasfondo y desde hace meses, se libra una guerra contra la magistratura de cara al referéndum previsto para marzo sobre la reforma de la carrera judicial, que es percibido por todas las asociaciones judiciales como un intento de controlar la justicia.

En 2023, el ministro de Interior, Matteo Piantedosi, promovió el primer decreto del año dirigido contra las ONG de rescate de migrantes en el Mediterráneo, generando una serie de obstáculos para impedir su trabajo. Además de obligar a las naves a volver a tierra tras un solo rescate, sin poder hacer otro de camino, también les imponía el puerto de desembarque. En vez de dirigirles a Sicilia, comenzaron a enviarles lo más lejos posible, al norte de Italia, trayecto que llevaba varios días entre ir y venir, disparando el coste en combustible.

En marzo de 2023 llegó el llamado decreto Cutro como reacción del Ejecutivo italiano a una nueva tragedia ocurrida en febrero en esa localidad calabresa que se saldó con 94 migrantes muertos y numerosos desaparecidos en un naufragio que pudo ser evitado, y por el que están siendo juzgados seis responsables de la Guardia di Finanza y la Guardia Costera que desatendieron las llamadas de auxilio.

Sin embargo, la respuesta de Meloni fue endurecer las penas contra los pilotos de las embarcaciones, que a menudo es simplemente alguno de los migrantes al que le ha tocado llevar el timón, en ocasiones incluso menores, y ahora afrontan penas de hasta 30 años de cárcel. Se estima que hay en este momento 1.300 reclusos de este tipo. Además, el Gobierno aprovechó el decreto para restringir el derecho de asilo y dificultar la concesión de protección especial a extranjeros en grave situación humanitaria. En la ley impulsada esta semana, lo ha limitado aún más.

Lo mismo hizo en octubre de 2023 con otro decreto sobre los flujos migratorios. Contenía normas para organizar el sistema de permisos de trabajo, pero se colaron también nuevas restricciones al derecho de asilo y a las ONG. Esta vez el objetivo fueron los aviones de las organizaciones de socorro que ayudan a localizar embarcaciones a la deriva, para los que se introdujeron normas de control bajo la amenaza de bloqueo de los aparatos. Meloni también ha ido modificando con decretos y normas adicionales el protocolo de deportaciones de migrantes a Albania, iniciadas en 2025, a medida que los tribunales se lo paraban.

Meloni es hábil en el manejo de los tiempos y el efecto propagandístico, y a menudo deja descolocada a la oposición, que además ve cómo la posición de la primera ministra no baja en los sondeos. Casi siempre, los decretos siguen a algún acontecimiento que hace dudar a sus rivales de si oponerse puede percibirse entre la opinión pública como un apoyo a la inmigración ilegal o a la violencia en las manifestaciones. Por ejemplo, el decreto ley de seguridad de la semana pasada siguió a los disturbios registrados en una marcha de protesta en Turín, en los que resultaron heridos 108 policías y 45 manifestantes por golpes de los agentes.

Fue lo que ocurrió en 2023 con el llamado decreto Caivano contra la criminalidad juvenil, las llamadas baby gang. De nuevo surgió como respuesta en el momento a un terrible suceso, la violación de dos niñas a manos de un grupo de coetáneos en una zona muy degradada cercana a Nápoles y controlada por la Camorra. Facilitaba el envío a prisión de menores y penaba hasta con dos años de cárcel a los padres de chicos que faltaran al colegio. Las asociaciones que trabajan en cárceles alertaron del aumento del número de menores en prisión, por lo que el conocido escritor italiano Roberto Saviano tildó el decreto de “propaganda” y advirtió que no resolvía los problemas de fondo, sino que aceleraba la entrada de los menores en los clanes mafiosos.

El recurso a una situación aparentemente excepcional que exige decisiones radicales llegó la semana pasada a un extremo insólito tras la aprobación del segundo decreto de seguridad. El ministro de Justicia, Carlo Nordio, llegó a justificar las medidas por un clima que le recuerda, dijo, al de los tiempos de las Brigadas Rojas de los años setenta.

No es una mención casual, pues en los años de plomo, los Gobiernos aplicaron lo que se llamó legislación de emergencia, como respuesta de excepción al terrorismo, intentos de golpes de Estado y grandes atentados. La mayoría, por cierto, obra del terrorismo neofascista en la denominada estrategia de la tensión, que buscaba crear el caos para justificar la imposición de medidas autoritarias. También ahora Meloni dibuja a menudo, con victimismo, un supuesto ambiente de violencia irrespirable contra su Gobierno. Tras el homicidio del activista Charlie Kirk en EE UU, habló de que también en Italia existía un “clima de odio insostenible” desde la izquierda, y evocó los años de plomo.

En enero de 2024, otra vez al hilo de los acontecimientos, Meloni aplicó la mano dura contra los activistas del clima que arrojan pintura sobre obras y monumentos: estableció penas de 10.000 a 60.000 euros e incluso hasta cinco años de cárcel en los casos más graves, esta vez con un proyecto de ley iniciado el año anterior.

La primavera de 2025 estuvo plagada de grandes protestas por la paz y en junio, el Gobierno aprobó el primer decreto de seguridad con varias medidas contra quien se manifestara. Introducía como delito penal, con hasta dos años de cárcel, cortar carreteras o vías férreas, y la pena se aumentaba de un tercio si se hace para impedir obras públicas ―como ha ocurrido con las protestas contra el puente de Messina―. También se castigó resistirse pasivamente a un agente. Por todo ello fue bautizado como decreto “anti-Gandhi”.

Unas medidas que dan una idea de hasta dónde le gustaría llegar al actual Gobierno italiano si le dejaran. Siempre hay medidas aún más extremas que se quedan fuera, por mero conocimiento de la Constitución, y es el presidente de la República el que ha tenido que pararlas. Generalmente, las propone la Liga: castración química para violadores en el primer decreto de seguridad o, en el de la semana pasada, la exigencia de una fianza a los organizadores de una manifestación que cubra posibles desperfectos.