Un temporal impide a Libia controlar un metanero ruso a la deriva en el Mediterráneo tras un ataque con drones
El buque representa una amenaza medioambiental y económica para el país norteafricano, pero las condiciones meteorológicas, la falta de ayuda y las sanciones al barco están dificultando la operación


En medio de un agresivo temporal y con unas capacidades limitadas, Libia se ha enfrentado en los últimos días a graves dificultades para controlar un metanero de Rusia sancionado que terminó frente a su costa y fuera de control tras haber sufrido una misteriosa explosión a principios de marzo que Moscú atribuyó a Ucrania. Para el país norteafricano, el riesgo de una fuga de combustible, otra explosión, una falla estructural o una colisión directa representa una grave amenaza medioambiental y para su infraestructura de petróleo y gas en alta mar.
El incidente que sufrió el metanero Arctic Metagaz el 3 de marzo en el Mediterráneo central sigue estando rodeado de un cierto misterio. Rusia ha acusado a Ucrania de haber atacado el buque desde la costa de Libia, presumiblemente con una embarcación explosiva teledirigida que provocó un incendio y abrió una vía de agua en su caso a la altura de la línea de flotación. Kiev se ha mantenido en silencio y no se ha atribuido la responsabilidad del golpe, pese a haber llevado a cabo acciones de sabotaje similares en el pasado, sobre todo en el mar Negro.
Aunque el ataque se produjo entre Libia y Malta, en alta mar, las autoridades libias tuvieron que intervenir después de que el viento y la corriente empujaran peligrosamente el buque, de hasta 277 metros de eslora, cerca de su costa occidental, donde el país cuenta con importantes instalaciones energéticas. El 24 de marzo, el Ministerio de Defensa libio anunció que equipos especializados habían abordado el barco y lo habían asegurado y amarrado “de forma segura” frente a la ciudad de Zuwara, como paso previo para remolcarlo hacia un lugar adecuado.

La llegada de un fuerte temporal a la zona, sin embargo, ha complicado en los últimos días la operación. El pasado jueves, una unidad de la Autoridad de Puertos y Transporte Marítimo de Libia declaró que las “difíciles condiciones meteorológicas”, incluidos vientos de 40 a 50 nudos y olas de más de cinco metros, provocaron que el remolcador perdiera el control sobre el buque durante la madrugada y no pudiera regresar para amarrar de nuevo la embarcación.
Imágenes difundidas en redes sociales los días anteriores ya mostraban las serias dificultades a las que se estaban enfrentando los equipos de rescate libios para contener el gigantesco buque en alta mar. Debido a los daños que provocó el ataque inicial en al menos uno de los costados de la embarcación y al incendio posterior que sufrió la nave, el metanero está teniendo que ser remolcado muy lentamente y con tan solo un cable, según medios locales.
“Durante los últimos días, el remolcador Mirdif, contratado por Mellitah Oil & Gas, una filial de la Corporación Nacional de Petróleo, había estado remolcando el metanero y lo había mantenido alejado de la costa, las instalaciones y los puertos”, señala Jaled Ghulam, portavoz del comité de gestión de crisis y de emergencias de la Autoridad de Puertos y Transporte Marítimo de Libia. “[Pero] el cable de remolque que los conectaba se rompió”, apunta. “Por el momento, y dadas las condiciones meteorológicas en el Mediterráneo, nadie puede predecir el destino del barco, que está a la deriva, ni la dirección que podrían tomar los vientos”, alerta.
La operación de remolque también se ha visto obstaculizada por las sanciones impuestas a la embarcación, por la Unión Europea y Estados Unidos, por formar parte de la llamada flota fantasma de buques con banderas de terceros países con la que Rusia intenta evadir las sanciones impuestas a sus hidrocarburos. El think tank Crisis Group ha alertado de que las sanciones plantean un problema añadido porque, sin una exención previa, cualquier empresa que sea contratada para la misión de remolque podría exponerse a responsabilidades legales.
Riesgo ecológico
El incidente del Arctic Metagaz ha extendido así a Libia la sombra de la guerra encubierta de Ucrania y Rusia. El jueves, Radio France International (RFI) informó, citando a dos fuentes libias anónimas, de que personal militar ucranio se ha desplegado recientemente en el noroeste del país tras sellar un acuerdo con el Gobierno libio en Trípoli, nominalmente reconocido por la comunidad internacional. El este y el sur del país se encuentran, en cambio, bajo el control de un gobierno rival leal al autodenominado Ejército Nacional Libio, que mantiene estrechos lazos con Moscú y en cuyo territorio hay presentes desde hace años fuerzas rusas. Según RFI, que no aclara si sus fuentes libias están afiliadas a alguno de los gobiernos del país, Ucrania lanzó el ataque contra el Arctic Metagaz desde Zawiya, una ciudad situada al oeste de Trípoli.
Desde entonces, el buque se ha convertido en una amenaza para Libia. La mayoría de los campos de gas y de petróleo marinos del país se encuentran frente a la costa entre la capital, Trípoli, y la frontera con Túnez, que es hacia donde se dirigía inicialmente la embarcación. Además, el barco transporta 900 toneladas de combustible y más de 60.000 de gas natural licuado (GNL), según el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés). Si bien el gas podría evaporarse en caso de fuga, el WWF ha alertado de que un derrame de diésel podría dañar el ecosistema marino, las zonas de costa y sus actividades económicas.
A mediados de marzo, nueve países de la Unión Europea, incluido España, ya advirtieron del gran riesgo medioambiental que representaba el buque. En un documento al que tuvo acceso EL PAÍS, alertaron de que estos barcos representan un riesgo ecológico enorme, y señalaron que Rusia los usa como una doble herramienta: por un lado, para eludir sanciones y seguir exportando hidrocarburos, y, por el otro, como un arma híbrida contra la UE.
Con todo, las autoridades libias, que no han recibido asistencia, reiteran que la operación de rescate requiere de más recursos. “Esta [misión] exige la intervención del propietario del buque o de su Estado, así como de las autoridades competentes de otros países mediterráneos, siguiendo el ejemplo de las autoridades libias, que han intentado controlar el gasero, pero no han podido evitar el peligro que representa para toda la costa de la región”, demanda Ghulam.
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