Meloni afronta el primer riesgo serio de derrota en tres años con un controvertido referéndum

Italia celebra este domingo y lunes un controvertido referéndum que cambia la Constitución para reformar la magistratura y que, por primera vez en tres años y medio de mandato, amenaza con poner contra las cuerdas a Giorgia Meloni: algunos sondeos dicen que puede perderlo. Hasta ahora no había sufrido el mínimo desgaste. Que haya advertido que no piensa dimitir si vence el “no” y que no es una votación sobre el Gobierno no ha hecho más que aumentar la sensación de que es exactamente eso. Una derrota sería un revés importante para la primera ministra, a un año y medio de las elecciones, en septiembre de 2027.

Por primera vez, Meloni está nerviosa. Hacía tiempo que no tiraba tanto de demagogia, como hizo la semana pasada: “Si la reforma no se aprueba, muy probablemente no tendremos otra ocasión. Y entonces nos encontraremos con corrientes [de asociaciones judiciales] aún más potentes, magistrados aún más negligentes que hacen carrera, decisiones aún más surrealistas que afectan a los ciudadanos y que incidirán en vuestra vida a diario. Inmigrantes ilegales, violadores, pederastas, narcotraficantes puestos en libertad que ponen en riesgo vuestra seguridad. Manifestantes que devastan vuestras estaciones sin ninguna consecuencia judicial”. Nada de eso tiene ninguna relación con el referéndum, y eso da a entender cómo ha degenerado el debate.

La consulta altera siete artículos de la Constitución (no es intocable, ha sido ya retocada 22 veces) y es compleja por su tecnicismo, pero tiene mucha carga de profundidad. En esencia, culmina el tenso choque del último año de la líder ultraderechista con la magistratura. Para un ciudadano medio no es simple comprender lo que cambia, pero es aún más difícil hacerse una opinión sobre si eso es bueno o malo, y qué votar. Así que la pelea política se ha simplificado hasta la caricatura, y se ha reducido a guiarse por las propias preferencias políticas o por la confianza que merecen intelectuales y famosos que se muestran a favor o en contra.

Ya se trata de estar con el Gobierno, que pide el sí a la reforma, o con la oposición y la mayoría de la magistratura, que pide el no. Pero justo a Meloni le pilla en su momento más bajo. La crisis de Irán ha desinflado su hasta ahora flamante papel internacional, porque ha quedado fuera de juego cuando, en teoría, era la mejor amiga de Donald Trump. Y esa misma amistad cada vez es más tóxica electoralmente. Reducida su figura al plano interno, queda en evidencia que su gestión en tres años y medio ha sido gris, sin ninguna reforma destacable y con una economía estancada.

En la polarización del debate, el referéndum se plantea, por un lado, como un paso histórico para cambiar Italia y tener jueces independientes ante una casta subversiva con un poder excesivo (discurso del Gobierno), o que será el fin de la democracia, con un riesgo de deriva autoritaria, porque el Ejecutivo controlará la magistratura (tesis de la oposición). No se trata de una reforma para que la justicia, lentísima y sin recursos, funcione mejor, sino que es una batalla cultural.

Una vieja obsesión de Berlusconi

Lo que se propone viene de lejos. De la convulsión que supuso en los noventa el fenómeno Manos Limpias, las investigaciones judiciales que tumbaron a los grandes partidos, siguiendo por la obsesión de Silvio Berlusconi, constantemente investigado, de que los fiscales italianos están ideologizados, tienen un poder desmedido y hay que meterlos en vereda. “Votad sí y nos quitamos de en medio a la magistratura, que son un pelotón de ejecución”, ha llegado a decir esta semana Giusi Bartolozzi, jefa de gabinete del ministro de Justicia, Carlo Nordio.

Este tono bronco del Gobierno ha dado argumentos a quien piensa que la reforma pretende cortar las alas a los jueces en su control del Ejecutivo. Estos meses, cada vez que había una sentencia que a Meloni no le gustaba, de las deportaciones a Albania al puente de Messina, acusaba a los tribunales de actuar contra la voluntad popular. Terminaba diciendo que por fin la reforma acabaría con eso.

El cambio legal toca cuatro aspectos, algunos difíciles de comprender fuera de Italia, pues en países como España hay elementos similares a lo que se plantea y cuesta ver dónde está el problema. El objetivo es garantizar una mayor independencia de los jueces. El punto de partida es separar las carreras de jueces y fiscales (que en Italia son quienes practican las diligencias e investigan). Ahora hacen la misma oposición y pueden pasar de un cargo al otro. Es casi una excepción en Europa, pero en realidad ya están separadas, porque esto se restringió mucho en 2022, y apenas ya cambian de toga el 0,4%.

La siguiente cuestión es la más polémica: habrá dos consejos superiores de gobierno, uno para jueces y otro para fiscales, en vez de uno común como ahora, el Consejo Superior de la Magistratura (CSM), compuesto por 20 jueces y fiscales, más 10 juristas elegidos por el Parlamento. También se crea un tribunal disciplinario externo para ambos, que juzgue negligencias. Ahora el CSM se encarga de eso, pero otra cruzada de la derecha es que los magistrados no pagan cuando se equivocan (el más simbólico en Italia es el caso Tortora, que cuenta la nueva serie Portobello de Marco Bellocchio). Aunque en los últimos 15 años ha habido 1.399 procesos disciplinarios con 644 condenas, un porcentaje mayor que el de los abogados, por ejemplo.

El Gobierno estima que ahora los jueces son influenciables por su relación endogámica con los fiscales. Por ejemplo, en un juicio pueden verse condicionados a la hora de decidir si acogen o no la petición fiscal, si su carrera depende de un órgano superior donde hay fiscales que pueden vengarse. Lo cierto es que los datos indican que los jueces absuelven entre el 30% y el 50% de los casos, sin temor a esas supuestas represalias. Por otro lado, en el actual CSM, los jueces son mayoría sobre los fiscales en las sillas reservadas a la magistratura: 15 frente a 5. Para la magistratura, se busca debilitar al poder judicial.

El meollo de la cuestión es cómo se elegirán los miembros de esos dos consejos: por sorteo, una rareza única en Europa. El objetivo es acabar con las actuales corrientes de las asociaciones judiciales, cuyos equilibrios se reflejan en el consejo actual. El Gobierno opina que así se acabará con la supuesta politización de la magistratura y el amiguismo, porque no podrán organizarse ideológicamente. Hay 2.200 fiscales y 7.200 jueces, y así le podría tocar a cualquiera.

Las asociaciones judiciales lo consideran un ultraje, pues sería la única profesión que no elegiría sus representantes, y además se ve detrás un proyecto oculto, porque el sorteo de los miembros del Parlamento se hace sobre una lista de nombres que proponen las cámaras. Es decir, la política sí elegirá en parte a sus miembros. Esto se regulará posteriormente por ley, pero el temor es que se fije una mayoría no reforzada que permita a quien gobierne imponer un bloque con la misma orientación, que pese en el equilibrio de los consejos.

Estos cambios se combinarían, según la hipótesis de la oposición, con la gran reforma institucional que ha prometido Meloni para cambiar a un sistema presidencial, con un jefe de Gobierno con más poderes. En resumen, ve una posible deriva autoritaria. Para la derecha es pura conspiranoia.

El clima de reto existencial ha despertado al electorado de izquierda. Al contrario de otras ocasiones, por ser este referéndum para confirmar un cambio constitucional, no requiere una participación mínima del 50%, como sí se exige en los que se impulsan para rechazar una ley. Así que quien más movilice a su electorado ganará.