La guerra en Oriente Próximo amenaza el agua potable de los países árabes del Golfo

Desde el comienzo, hace tres semanas, de la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán y de las acciones de represalia de la República Islámica en la región, ha habido dos ocasiones en las que el blanco aparente de los ataques ha sido un objetivo casi tabú: la infraestructura hídrica del adversario. Las instalaciones de agua potable. A diferencia de otros golpes dolorosos contra intereses militares, económicos y energéticos, en estos casos las arremetidas han estado envueltas en un cierto misterio, sin reivindicaciones públicas ni réplicas dilatadas, sino lanzadas como advertencias veladas de alto riesgo.

La primera ocurrió el 7 de marzo. El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, acusó a Estados Unidos de atacar una planta desalinizadora en la isla de Qeshm, en el estrecho de Ormuz, y de afectar con ello al suministro de agua a 30 municipios. Aunque el ejército estadounidense lo negó, el jefe de la diplomacia iraní advirtió en redes sociales: “Estados Unidos sentó el precedente, no Irán”. Al día siguiente, el Ministerio del Interior de Baréin declaró que un dron iraní había provocado “daños materiales” en una planta desalinizadora del país.

Hasta ahora, este sensible intercambio de golpes no ha escalado y el daño que ha causado ha sido limitado. Pero los ataques representan una amenaza latente, sobre todo para los desérticos Estados árabes del golfo Pérsico, donde la escasa lluvia, la ausencia de ríos permanentes y el agotamiento de reservas de agua subterránea, en medio de una rápida expansión demográfica y económica, hace a sus poblaciones muy dependientes de una frágil red de plantas de desalinización.

“Aunque sería difícil, uno puede sobrevivir sin combustible o sin tecnología, pero moriría en pocos días sin agua, por lo que atacar los recursos hídricos desencadena un miedo primario”, señala Mohammad Abu Hawash, investigador en el Middle East Council on Global Affairs y experto en política del agua en la región. “Esto explica el pánico que sintieron algunos cuando trascendió el ataque a instalaciones de desalinización en Baréin y en la isla de Qeshm”, añade.

Los seis Estados árabes del Golfo —Arabia Saudí, Emiratos, Qatar, Baréin, Kuwait y Omán— cuentan con más de 400 plantas que producen casi el 50% del agua desalinizada del mundo, pese a representar menos del 1% de la población. Ocho de las 10 mayores plantas del planeta están en esta región, donde la dependencia de la desalinización para el suministro de agua oscila entre el 18% en Arabia Saudí, el 41% en Emiratos y el 61% en Qatar, según estadísticas locales. Si solo se considera agua para beber, el porcentaje aumenta hasta el 42% en Emiratos, el 70% en Arabia Saudí y el 99% en Qatar.

Irán parte de una posición menos vulnerable porque su suministro se sustenta en gran medida en embalses y en pozos. Pero en los últimos años los recursos hídricos renovables del país, incluidos ríos y reservas de agua subterránea, también han disminuido vertiginosamente, a la par que los períodos de sequía se han vuelto más frecuentes y más severos. Combinado con su expansión urbana e industrial y unas cuestionadas políticas agrícolas, esta tendencia lo ha conducido a niveles críticos de escasez de agua que ya han desatado protestas en el pasado.

En el caso de las monarquías del Golfo, su vulnerabilidad también emana del hecho de que, por razones de eficiencia, muchas de sus plantas desalinizadoras se hallan en la costa y junto a zonas logísticas e instalaciones energéticas, de las que dependen para funcionar. Ahora que muchas de estas infraestructuras se han convertido en objetivo militar, las plantas desalinizadoras se encuentran peligrosamente cerca de blancos atacados.

Por ejemplo, uno de los objetivos en la diana de Irán ha sido el puerto comercial de Jebel Ali en Emiratos, el mayor de Oriente Próximo y uno de los que tiene más actividad del mundo. Pero algunos de sus ataques al puerto han impactado a solo 20 kilómetros del complejo de plantas desalinizadoras que suministran agua a Dubái. En Kuwait, la interceptación de un dron también causó a principios de marzo un incendio en una planta de destilación de agua.

Con todo, Abu Hawash indica que no es sencillo dejar fuera de servicio estas instalaciones. “Las principales plantas de desalinización del Golfo son tan grandes que contienen múltiples estaciones”, apunta, señalando que Ras Al Khair, en Arabia Saudí, cuenta con unas 25 y Jebel Ali, en Emiratos, con ocho. “Dejarlas completamente inoperativas es más difícil de lo que se podría suponer. Es posible, pero sería más costoso, arriesgado y complicado”, explica.

El primer protocolo adicional de los Convenios de Ginebra de 1949, considerados el núcleo del derecho internacional humanitario, prohíbe, independientemente del motivo, los ataques contra infraestructuras que sean indispensables para la supervivencia de la población civil, incluidas las instalaciones de agua potable. Sin embargo, pese a que la mayoría de Estados lo han ratificado, entre los tres que no lo han hecho figuran precisamente Israel, Estados Unidos e Irán.

El precedente de Israel

Israel, en concreto, cuenta con un dilatado historial de ataques contra infraestructuras de agua potable en la región. En enero de 2025, el ejército israelí destruyó la planta desalinizadora del norte de Gaza y la usó como campamento militar, según informó la Autoridad Palestina del Agua, y en marzo del mismo año interrumpió el suministro eléctrico a otra planta de agua potable. Varias ONG también han documentado que, desde octubre de 2023, Israel ha atacado repetidamente la infraestructura hídrica de Líbano, dejándola frecuentemente inoperativa.

En el caso del Golfo, Arabia Saudí también ha sufrido en los últimos años dos ataques contra plantas desalinizadoras por parte de los rebeldes hutíes de Yemen, aliados de Irán. Estas acciones, sumadas a su vulnerabilidad de partida, han llevado a los países de la región a tomar medidas como tratar de descentralizar su infraestructura, reforzar la protección de sus escasos recursos subterráneos y construir plantas más pequeñas y blindadas, en unos esfuerzos que ahora podrían acelerarse.

Abu Hawash considera que los países de la región deberían mejorar la recarga artificial de sus acuíferos, invertir en soluciones innovadoras para reducir su dependencia de las plantas desalinizadoras y apostar por una mayor integración regional de redes hídricas y de defensa. Aun así, el experto augura que “estas instalaciones seguirán suponiendo una vulnerabilidad”, y advierte de que “un adversario decidido aún podría causarles daños significativos”.