La paradoja de Luxemburgo: récord de trabajadores pobres en el país más rico de la UE

Cada mañana, decenas de miles de personas cruzan la frontera para trabajar en Luxemburgo, atraídas por los salarios más altos de Europa. Otros tantos han emigrado desde todos los rincones del globo a un país donde la riqueza se mide en récords. La pobreza, en cambio, se esconde en estadísticas menos visibles y en vidas que no encajan con la imagen de prosperidad del Gran Ducado.

Una mujer bajita y con un llamativo gorro de leopardo paga los 50 céntimos de euro que cuesta el menú y se pone a la cola en el comedor social de la ONG La voz de la calle (Stëmm vun der Strooss). Accede a contar por qué está allí ―la mayoría de los usuarios no querrán― a cambio de no dar demasiados datos. Bastará con Madame Moufida, de 67 años. De nacionalidad francesa, trabajó más de 15 años “en casi todo: hostelería, en un museo, en un centro sanitario…”. Relata que un problema burocrático está reteniendo su pensión y que mientras lo soluciona vive con 300 euros al mes y duerme en un hogar para personas mayores. El comedor social es para ella una necesidad.

No lo es tanto para la venezolana Jhoana Rojas, abogada de 46 años, que trabaja como limpiadora. Vive con su marido, empleado en la construcción, y su hijo en Francia, nada más pasar la frontera. “Aquí es imposible”, sonríe. No se considera pobre, pero el dinero no les sobra. “Trabajo cerca y comiendo aquí no gasto tanto”, explica.

Los 50 céntimos son algo simbólico. Se piden para que los usuarios valoren el servicio, explica Bob Ritz, portavoz de la ONG. Pero si alguien llega sin dinero, comerá igual. También hay lavandería gratis, un ropero con todo tipo de prendas procedentes de donaciones, duchas, consulta médica y asistente social.

Este jueves lluvioso de febrero el menú consiste en arroz con pollo o salchichas. Dos mujeres mayores, refugiadas ucranias, se saludan pero se sientan cada una en una mesa con su bandeja. Muchos de los comensales son personas sin hogar, de todas las edades. Otros tienen trabajos. Cobran el salario mínimo, o tienen contratos semanales, o trabajan en negro. Algunos se dedican al reparto, como un madrileño que dice que no se imaginaba viviendo así con 30 años.

La organización de Ritz ha sido testigo de un cambio a peor en el país con la renta per cápita más alta, con diferencia, de la UE. En 2015 servían 50.000 comidas al año en este comedor (tienen otros tres); ahora superan las 100.000. También se ha transformado el perfil del beneficiario. “Hace 10 años solían venir sobre todo personas sin hogar; ahora cada vez tenemos más trabajadores pobres”, dice mientras sus compañeros aprovechan para comer antes de que abran las puertas a los usuarios.

“En los últimos dos años vemos también madres solteras con niños y jubilados a los que la pensión no les alcanza para llevar una vida decente en Luxemburgo”, añade.

El coste de la vida y, sobre todo, de los alquileres explican la peculiar distribución de la población activa del país. Unos 230.000 trabajadores, que representan el 47% de la fuerza laboral en un país de 680.000 habitantes, provienen de países vecinos: Bélgica, Francia y Alemania. Son los llamados frontaliers, a los que cada vez se suman más luxemburgueses que están siendo expulsados por los elevados precios de la vivienda, como explica en una cafetería del centro Djuna Bernard, diputada de Los Verdes.

Con el mayor porcentaje de trabajadores en riesgo de pobreza de la UE (13,4%), Luxemburgo encarna una paradoja extrema: conviven los elevados salarios de la banca, las aseguradoras o los fondos de inversión con la precariedad de una parte cada vez más numerosa de la población. Una precariedad que no mitiga el salario mínimo más elevado de la Unión, que este año asciende a 2.704 euros brutos mensuales. “Con la situación de la vivienda y el riesgo de pobreza, que es mucho mayor para las personas de origen migrante, cada vez resulta menos atractivo venir a Luxemburgo, y eso es un problema estructural para el país porque necesitamos trabajadores”, asegura Bernard.

Un contraste llamativo que, como advierte el eurodiputado socialdemócrata Marc Angel, no es una excepción, sino la expresión más visible de una desigualdad que atraviesa a toda Europa. El gran factor desestabilizador, en Luxemburgo y en toda la Unión, es la vivienda, como recoge un informe reciente de Eurofound, la agencia europea que estudia las condiciones de vida y laborales. Los elevados costes del alquiler, en especial, absorben una parte desproporcionada de los ingresos de los hogares con menor poder adquisitivo, limitando su capacidad para cubrir otras necesidades básicas y aumentando la desigualdad, señala la agencia.

“Eurofound alerta de que la clase media disminuye en toda Europa, y eso provoca que mucha gente caiga en la trampa de la extrema derecha. Durante años la crisis de la vivienda se ha considerado una cuestión de los Estados miembros, pero es un problema europeo y como tal hay que abordarlo”, señala Angel, que como luxemburgués conoce bien cómo el actual Gobierno de su país y de la capital, de conservadores y liberales, aborda la pobreza.

La mendicidad ha protagonizado agrios debates en el país en los últimos años. El Ayuntamiento decretó a principios de 2024 la prohibición de pedir en la calle en buena parte del centro, con multas de entre 25 y 250 euros. Justificó la medida por el aumento de la mendicidad organizada y agresiva, pero los críticos como Angel y Bernard denuncian que es una “criminalización de la pobreza”. “Es un discurso populista y muy peligroso, y lo único que hace es esconder el problema y trasladarlo, no actuar sobre las causas”, dice Bernard.

La Grand Rue, principal arteria comercial y peatonal del centro, muestra que la mendicidad no ha desaparecido. Este jueves por la tarde se ven varias personas pidiendo limosna. Son menos que antes, dicen algunos transeúntes, pero el fenómeno persiste, aunque de forma más dispersa y, sobre todo, menos visible. Muchos, aprovechando que el transporte es gratis en Luxemburgo, se trasladaron cuando empezó la prohibición a localidades más pequeñas, que acabaron quejándose al Gobierno porque carecían de medios para atenderles.

“El mensaje fue: no vengáis aquí a pedir, y espero que se entendiera”, asegura en su despacho del Ayuntamiento, a pocos metros de la Grand Rue, Corinne Cahen, concejal de acción social. La política liberal, exministra de asuntos sociales, asegura que había un problema con personas que viajaban a Luxemburgo para pedir porque es un país rico. Su Gobierno, dice, está centrado en crear vivienda social para atender a quienes viven en el país, “para que a los trabajadores no se les vaya casi todo el sueldo en pagar el alquiler”.

Ángel Batum, malagueño de 55 años, cruzó hace unos meses la línea entre el trabajo y la precariedad. Estuvo empleado como encofrador con contratos semanales hasta que una agresión en la estación central de Luxemburgo le mandó al hospital. Cuando le encontramos en el comedor social sigue sin recuperarse, no puede trabajar y no consigue volver a España porque le robaron la documentación. “Aquí tienes un plato de comida, ducha, ropa, son muy caritativos, pero en tema de trabajo y vivienda, olvídate”, lamenta.

Él ha visto las dos caras de Luxemburgo. La primera vez que emigró al país, hace cinco años, lo hizo contratado en origen y con piso. Otra vida, dice. Ahora duerme en un albergue que solo abre en invierno. “Aquí no hay clase media. O trabajas y tienes, o no trabajas y te ves pidiendo por la calle”. “La gente viene pensando que Luxemburgo es el paraíso, que es fácil tener un trabajo de 4.000 o 5.000 euros, pero cuando llegan se dan cuenta de que ni encuentran trabajo ni dónde dormir y tienen que recurrir a comedores sociales”.