Trump intensifica su escalada contra la UE al sancionar a dirigentes que han atacado el discurso de odio en internet
Washington alega que combate la “censura a estadounidenses” y veta la entrada en el país al excomisario Thierry Breton y otros responsables de la moderación de contenidos en redes como X


El chantaje y la presión de la Administración de Donald Trump sobre la Unión Europea por las reglas tecnológicas comunitarias que deben cumplir las plataformas estadounidenses en Europa ha escalado a un nivel sin precedentes. Washington ha impuesto este martes por la noche (madrugada del miércoles en España) sanciones a varias personalidades europeas relacionadas con la moderación de contenido en las redes sociales y la lucha contra el discurso de odio en plataformas como X, de Elon Musk, o Facebook, de Meta. El Departamento de Estado de EE UU acusa a los sancionados de “censura a estadounidenses” en el extranjero. Entre los castigados está el excomisario europeo de Mercado Interior Thierry Breton, responsable en la pasada legislatura de la ley de servicios digitales. Las personas a las que apunta Washington tendrán prohibido entrar en territorio estadounidense y si están en el país puede suponer la deportación.
Este inédito movimiento llega después de que la Estrategia de Seguridad Nacional de la Administración Trump, publicada hace diez días, asegurase que los líderes europeos censuran la libertad de expresión y reprimen a la oposición que lucha contra las políticas sobre migración. Se suma, además, a otros esfuerzos de EE UU contra las regulaciones europeas. La Administración del magnate republicano asegura que está combatiendo al “ecosistema de ONG censoras” y a la “maquinaria industrial de la censura global”. También que defiende el “derecho de todo estadounidense a la libertad de expresión”.
“Durante demasiado tiempo, ideólogos europeos han liderado esfuerzos organizados para coaccionar a las plataformas estadounidenses y castigar las opiniones de estadounidenses a las que se oponen. La Administración Trump ya no tolerará estos actos atroces de censura extraterritorial”, ha escrito el secretario de Estado de EE UU, Marco Rubio, en la red social X (antes Twitter). Washington, además, amenaza con ampliar la lista de sancionados si otros europeos no cambian de postura.
“Que países extranjeros intenten imponer sus políticas anti-libertad para censurar a las voces estadounidenses y obligar a las plataformas estadounidenses a regular o silenciar nuestra libertad de expresión constituye una grave violación de nuestra soberanía que debe responderse con rendición de cuentas”, ha afirmado en X la jefa del departamento de Inteligencia Nacional de EE UU, Tulsi Gabbard.
Breton respondió también en X a la sanción cuestionando si la caza de brujas de la época del macartismo ha vuelto, en referencia a la persecución liderada por el senador estadounidense Joseph McCarthy en la Guerra Fría, en la que se persiguió, acusó sin pruebas y se incluyó en listas negras a cientos de personas sospechosas de simpatizar con el comunismo. El excomisario europeo ha recordado que la Ley de Servicios Digitales fue aprobada democráticamente por el Parlamento Europeo y por los 27 Estados miembros de la UE. “A nuestros amigos americanos: ‘la censura no es lo que pensáis que es”, ha escrito.
Encabeza la lista de cinco sancionados Breton. El político francés es, según la subsecretaria de Estado de EE UU de Diplomacia Pública, Sara B. Rogers, “el cerebro” de la Ley de Servicios Digitales (DSA). Esta norma deben cumplirla las grandes plataformas digitales que operan en territorio europeo, como X, Instagram, TikTok, y los gigantes comerciales intermediarios, como Amazon o AliExpress. Ese reglamento, que entró en vigor en verano de 2023, busca proteger mejor a los consumidores y sus derechos fundamentales on line, luchando contra contenidos ilícitos como material de abuso infantil, ciberacoso o discurso de odio. También busca impulsar la transparencia y garantizar un “mercado único y uniforme en la UE”.
La Comisión Europea estrenó ese reglamento a principios de este mes con una multa de 120 millones de euros a X, la red social de Elon Musk, el hombre más rico del mundo y parte del ecosistema de Donald Trump. Esta sanción fue impuesta por incumplir las reglas europeas de transparencia en los anuncios publicitarios, en el acceso a los datos para los investigadores y en el diseño de su versión de pago, el famoso blue check o marca azul que aparece en algunas cuentas de X, que pagan por tener este distintivo.
La Administración de Trump ha declarado la guerra a estas regulaciones. Considera que estas normas socavan la libertad de expresión y cuestan dinero a las empresas tecnológicas estadounidenses, ahora muy alineadas con la Casa Blanca. Washington ya había presionado a la Comisión Europea para que relajara sus normas digitales a cambio de mejoras comerciales en el comercio de acero y aluminio, un chantaje en toda regla en plena escalada arancelaria. Desde la sanción a X, Washington y Musk han endurecido aún más el tono contra la UE. El tecno-magnate ha llegado a asegurar falsamente que el castigo a su red social se debe a que se ha negado a censurar contenido.
Entre los castigados por la Administración de Trump —que utiliza para estas medidas la ley de inmigración y nacionalidad en lugar de la norma sobre sanciones— hay también destacados investigadores del discurso de odio online o activistas de ONG que combaten la desinformación. Uno de ellos, Imran Ahmed, es el director ejecutivo del Centro para la Lucha contra el Odio Digital, a quien Musk impuso en 2023 una demanda (que fue desestimada) después de que esa ONG documentase un aumento del discurso de odio en la red social tras la compra de la plataforma por parte del tecno-magnate.
También han sancionado a Josephine Ballon y Anna-Lena von Hodenberg, líderes de HateAid, una ONG alemana que señala el discurso de odio de extrema derecha en Internet; y a Clare Melford, del Índice Global de Desinformación, con sede en el Reino Unido. En un comunicado, esta organización califica las sanciones como “un ataque autoritario a la libertad de expresión y un acto atroz de censura del Gobierno”. Acusa además a la Administración de Trump de usar su poder para “intimidar, censurar y silenciar las voces con las que no están de acuerdo”.
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