El documental ‘Justicia capturada’ sobre supuestos abusos de los jueces causa indignación en Rumania

El escaso crédito del que podía presumir el poder judicial rumano ha saltado por los aires la última semana. Jueces de alto rango y fiscales, algunos bajo anonimato y otros abiertamente, desvelaron en un documental cómo se obstaculizan desde dentro de manera sistemática los principales casos de corrupción en Rumania. Entre algunos de los métodos utilizados para entorpecer su labor figuran desde permitir que relevantes expedientes prescriban hasta frenar la labor de los magistrados más atrevidos mediante castigos impuestos por sus superiores. Así lo describieron varios testimonios en la investigación titulada Justicia capturada, emitida en YouTube la noche del 9 de diciembre y producido por la plataforma de periodistas Recorder.

De manera inopinada, el impacto de este reportaje de dos horas en la sociedad rumana ha sido mayúsculo: ha acumulado más de 4,6 millones de visualizaciones en apenas una semana y ha desatado por primera vez protestas contra el poder judicial en las principales ciudades del país. Rumania, tercer Estado de la UE más corrupto (solo por detrás de Hungría y Bulgaria), según el índice de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional, ya había vivido varios episodios de manifestaciones masivas anticorrupción, como las de febrero de 2017.

Por aquel entonces, medio millón de personas se congregaron ante la sede del Gobierno para exigirle que renunciara a una ley de amnistía que favorecía a importantes cargos políticos, salpicados por varios escándalos. Al final, el Ejecutivo acabó por retirarla. Pero, en esta ocasión, los ciudadanos se manifiestan contra la corrupción en las entrañas de la justicia después de conocerse que se habría ejercido presión a los magistrados para frenar posibles condenas.

Los testimonios exponen que se han ralentizado de manera intencionada importantes procesos judiciales los últimos años, mediante frecuentes cambios en las instancias u otras maniobras administrativas, con la pretensión de adelantar la prescripción de los delitos o promover las sentencias absolutorias.

Además, señalan que la asignación de casos se manipula para que los jueces considerados favorables se encarguen de esos expedientes y alertan de una concentración de poder dentro del sistema judicial. En concreto, aseguran, se creó una estructura jerárquica piramidal, en la que el ascenso profesional no depende del mérito, sino de la lealtad al influyente círculo de jueces implicados en los escándalos. También lamentan la presión contra jueces que no emiten fallos conforme a las recomendaciones informales de la supuesta estructura: o acaban transferidos de los casos que involucraban a acusados de alto perfil y eran degradados o investigados e, incluso, despedidos.

Las críticas tienen como blanco el Consejo Superior de la Magistratura (CSM), el máximo órgano judicial, que denunció a su vez una campaña para desestabilizar el poder judicial. Para defenderse, la institución mencionó que la Unión Europea ha avalado el desarrollo del Estado de derecho del país los últimos años, plasmados en la revocación del Mecanismo de Cooperación y Verificación, que controlaba esos avances, y el ingreso al espacio Schengen.

Aun así, el documental ha levantado ampollas: “Todavía no somos totalmente conscientes de lo que está sucediendo”, explica Ionut Popa, un informático de 36 años que se manifestó el domingo en Bucarest. “No podemos aceptar un sistema intrínsecamente corrupto y diseñado para ser manipulado desde dentro”, abunda.

Pero los manifestantes reclaman especialmente la dimisión de la presidenta del Alto Tribunal de Casación y Justicia, Lia Savonea, acusada de “capturar” la justicia rumana. En el documental, un fiscal anticorrupción con su identidad oculta afirma que “se ha formado un grupo de influencia en torno a ella”, mientras que el juez Laurentiu Besu detalla aún más su papel: “En la cúpula del sistema se la percibe como líder absoluta, con control sobre el CSM, la Inspección Judicial y otras estructuras”.

Inmediatamente, Savonea, expresidenta del CSM, menospreció los testimonios al argumentar que no están respaldados por hechos verificables y contienen afirmaciones que no reflejan la realidad. Su nombre está ligado a decisiones cuestionables que han tenido una enorme repercusión en el espacio público. Una de ellas es la relativa al caso de la Revolución, en referencia a los días sangrientos que Rumania sufrió durante las protestas que desencadenaron la caída del comunismo hace casi 36 años. La jueza firmó una resolución que llevó a la reanudación del proceso judicial, una medida que generó una gran controversia.

En uno de los carteles de los manifestantes se leía “Respeto a los magistrados honestos”. “Hay que tener mucho coraje para dar la cara públicamente y contar los problemas que dañan el sistema judicial”, recalca Popa. No solamente se refiere a los que aparecen en el documental, sino a los que han salido a la palestra más tarde.

Denuncias masivas contra el sistema

Un día después de que se difundiera la investigación, el Tribunal de Apelación de Bucarest —una de las instancias mencionadas en la investigación— convocó una rueda de prensa inédita para defenderse. Se trataba de la primera vez que llamaba a los medios para dar explicaciones. Sin embargo, en un giro inesperado, una juez presente se desvió del guion e intervino para corroborar las presiones denunciadas. “Estamos simplemente aterrorizados, con acciones disciplinarias y con todo lo que ustedes saben que nos ocurre. No quiero decirles cómo es el ambiente ni en qué situación tóxica y tensa estamos”, afirmó Raluca Morosanu, respaldando así la información divulgada por sus compañeros.

A raíz de sus palabras, cientos de jueces y fiscales firmaron una carta pública en la que denunciaron “disfunciones profundas y sistémicas”: “La verdad y la integridad no deben ser penalizadas, sino protegidas; el silencio no es una opción cuando los valores de la profesión están amenazados”. Además, expresaron su solidaridad con los magistrados “que tuvieron el valor de concienciar sobre los problemas y las presiones dentro del sistema judicial”.

“El documental refleja una radiografía del declive de la independencia del poder judicial rumano, fruto de una voluntad política engañosa que restaura el sistema oligárquico”, explica Agustin Lazar, ex fiscal general. “El sistema de justicia es el sistema inmunológico del Estado. Si este sistema es disfuncional, no hay justicia, y en su ausencia, se instala el caos”, concluye.

Para atajar la crisis judicial, que se suma a la económica —el país ha adoptado draconianas medidas con el fin de reducir el déficit fiscal del 9,3% registrado en 2024—, el primer ministro, el liberal Ilie Bolojan, anunció la creación de un grupo de trabajo gubernamental que llevará a cabo un profundo análisis legislativo para proponer reformas. “Es necesario analizar la legislación para ver en qué medida esta tiene en cuenta la realidad, de modo que los aspectos relacionados con la prescripción de determinados hechos se trate de una manera determinada y se acorte la duración de los procesos”, señaló el jefe del Ejecutivo.

Por su parte, el presidente, Nicusor Dan, llamó a los magistrados que deseen denunciar problemas en el sistema judicial a una charla “sin límite de tiempo” el 22 de diciembre. “En el momento en el que 800 o 900 magistrados dicen que esto sucede, significa que hay un problema grave”, subrayó el jefe del Estado. Dos organizaciones civiles han lanzado una petición que ya ha recolectado más de 170.000 firmas para modificar el sistema judicial.

Precisamente, el Parlamento incluyó la lucha contra la corrupción como una de sus principales vulnerabilidades en la nueva estrategia de defensa del país. Bruselas mantuvo la justicia rumana bajo supervisión después de su ingreso a la Unión Europea en 2007, pero la medida se levantó en 2023. Desde entonces, el ritmo de los casos anticorrupción se ha desacelerado y los jueces han dictado algunas sentencias absolutorias de alto nivel que han suscitado dudas sobre su imparcialidad.