La Casa Blanca inicia el desmantelamiento del Departamento de Educación

La secretaria de Educación, Linda McMahon, ha dado la orden de empezar a desmantelar desde dentro su propio Departamento, una vieja aspiración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien enarboló esa bandera durante las elecciones presidenciales del año pasado. “No nos sirve de nada”, repite con frecuencia el republicano.

McMahon, cuyo principal mérito es ser promotora junto a su marido de campeonatos de lucha libre, ha ordenado este martes el traspaso de seis programas de su competencia a cuatro Departamentos federales (Trabajo, Salud, Interior y Estado), como estrategia para saltarse la ley, que protege al Departamento de Educación, según ha adelantado The Washington Post este martes.

La decisión se esperaba desde que el pasado marzo el presidente republicano firmara un decreto para acabar con el Departamento mediante el reparto de sus funciones entre los Estados. El encargo que Trump encomendó a McMahon no dejaba espacio a la imaginación para interpretar sus intenciones: “Espero que hagas un gran trabajo para quedarte sin trabajo”, le encomendó a su secretaria de Educación.

“El Departamento de Educación de Estados Unidos anuncia seis nuevos acuerdos interinstitucionales con cuatro agencias para simplificar la burocracia educativa federal, garantizar la ejecución eficiente de los programas y actividades financiados y avanzar hacia el cumplimiento de la promesa del presidente de devolver la educación a los estados”, según ha publicado este martes el Departamento de Educación a través de un comunicado.

McMahon cederá seis sensibles programas educativos para vaciar a su propio Departamento como se había comprometido a hacer con Trump a principios de año. Con la orden aprobada este martes, cede a la Secretaría de Trabajo los programas de educación primaria, secundaria y superior. También traspasa a Trabajo los programas de subvenciones para la educación postsecundaria. A Interior le cede la política sobre educación de los nativos americanos en Estados Unidos. A Salud, le transfiere el programa para acreditar la formación médica en el extranjero. También le traspasa el apoyo al cuidado infantil en los campus universitarios para los padres matriculados. Y al Departamento que dirige Marco Rubio (la secretaría de Estado) le cede la educación internacional y los estudios de lenguas extranjeras con el fin de mejorar la eficiencia de los programas administrados bajo la beca Fulbright-Hays. En realidad son convenios para simular el traspaso de competencias, que impide la ley.

McMahon utiliza una argucia legal para tratar de eludir la ley que obliga a que estos programas dependan directamente de Educación. Ha encontrado una brecha legal por la cual cede la gestión de los programas educativos a otras agencias gubernamentales mediante un contrato con el Departamento de Educación. De esta forma, Educación mantiene legalmente las competencias, pero se desentiende de la gestión y ejecución de los programas, que podrán ser recortados.

La legislación atribuye al Congreso la autoridad exclusiva para eliminar el Ministerio, que está vigente desde 1979, cuando el presidente demócrata Jimmy Carter aprobó su creación para impulsar los derechos educativos de los estadounidenses y coordinar los programas federales.

McMahon ya probó esta vía a principios de año cuando firmó un convenio para transferir las subvenciones para la formación profesional, técnica y de adultos al Departamento de Trabajo, según explica The Washington Post.

En este Gobierno de Trump, en el que abundan las contradicciones, se da la circunstancia de que la portada de la página web del Departamento que dirige McMahon desde hace 11 meses muestra en letras grandes el siguiente lema: “Fomentar la excelencia educativa y garantizar la igualdad de acceso”.

“La Administración Trump está tomando medidas audaces para desmantelar la burocracia educativa federal y devolver la educación a los estados”, declaró este martes la Secretaria de Educación, Linda McMahon.

McMahon se ha tomado la controvertida misión encomendada por Trump el pasado marzo con entusiasmo. Se da la paradoja de que la responsable de Educación no cree en la utilidad del Ministerio que dirige. “Durante 43 días el gobierno estuvo paralizado, y las escuelas permanecieron abiertas, los estudiantes asistieron a clases y los maestros cobraron su sueldo. Eso te hace preguntarte si realmente necesitamos al Departamento de Educación”, señala la política republicana a través de una publicación en la red social X.

McMahon publicó otro mensaje con una cuenta atrás, dando a entender que el proceso para desmontar su departamento era inminente. Y escribió: “Devolver la educación a los estados no significa el fin del apoyo federal a la educación. Simplemente, significa el fin de una burocracia centralizada que microgestiona lo que debería ser responsabilidad de los estados”.

Entre las oficinas que también pueden ser trasladadas a otros departamentos para vaciar Educación, según cita el Post, se incluyen la Oficina de Derechos Civiles; la Oficina de Educación Especial y Servicios de Rehabilitación; la Oficina de Educación Primaria y Secundaria; y la Oficina de Educación Postsecundaria. Todas estas agencias prestan servicios esenciales para garantizar los derechos de los estudiantes y evitar discriminación por motivo de raza, sexo o discapacidad. También se transferirán las competencias para conceder subsidios a grupos con más difícil acceso a la educación.

Cuando Trump le encargó eliminar el Departamento de Educación, McMahon prometió hacer todo lo que estaba en su poder cumplir con el cometido.

“Creemos que otras funciones departamentales se beneficiarían de colaboraciones similares”, escribió McMahon en un artículo de opinión publicado el lunes en USA Today.

Las competencias de Educación están limitadas porque las principales atribuciones las tienen los Estados. Así que el Departamento de Educación se encarga básicamente de la financiación federal de las escuelas de primaria y secundaria, aunque no determina los currículos educativos. También gestiona los préstamos estudiantiles, investiga las quejas por discriminación y examina el progreso a nivel nacional de las habilidades lectoras y con las matemáticas. También decide sobre subvenciones federales por valor 18.400 millones de dólares. Asimismo, cuentan con un programa (15.500 millones) para ayudar a la educación de los estudiantes con discapacidades.