La política arancelaria de EE UU, en el aire tras el bloqueo de un tribunal

La decisión de un tribunal de apelaciones de echar por tierra los aranceles globales que ha impuesto la Administración de Donald Trump es todo un golpe por debajo de la línea de flotación para el líder estadounidense. La orden judicial no solo dinamita la base de su política económica y comercial, basada en que las tasas a los productos extranjeros pagarían el galopante déficit y los recortes de impuestos. Además, ataca el principio que ha guiado al republicano desde su regreso a la Casa Blanca: que como presidente puede “hacer lo que quiera” —una frase que repite con frecuencia— y atribuirse poderes interpretando las leyes según le convenga.

El dictamen del tribunal llegó en un momento pensado para reducir, en la medida de lo posible, su impacto. Lo anunció una vez cerrados los mercados el viernes y con un largo fin de semana por delante: el lunes es festivo en Estados Unidos, algo que da un poco más de tiempo a las partes para decidir cómo reaccionar ante el bombazo y cuál es el alcance de esta carga de profundidad que puede costar a Washington billones de dólares. De momento, los aranceles se mantienen en pie hasta el 14 de octubre, para dar tiempo a las partes a apelar ante el Supremo si lo desean. Y los jueces de apelación han enviado de vuelta el caso a un tribunal inferior, la Corte de Comercio Internacional en Nueva York, para que decida si el dictamen debe aplicarse a todos los afectados o solo al grupo de empresarios y Estados demócratas que presentaron la demanda que ha precipitado esta sentencia.

El Gobierno ahora puede optar por esperar a ver el resultado de las deliberaciones en el tribunal inferior, o acudir directamente al Supremo, cuya mayoría conservadora (seis de nueve jueces) suele apoyar las tesis de este presidente.

Que Trump —cuya política comercial ha sacudido los mercados financieros y desatado la incertidumbre de empresarios y consumidores sobre posibles subidas de precios y perspectivas económicas— reaccionara casi de inmediato en sus redes sociales, con la advertencia de que si el dictamen se aplica, “literalmente destruirá a los Estados Unidos” deja claro lo grave que considera el revés. El presidente, que pese a todo mantenía sus planes de ocio y acudía este sábado a jugar al golf a su club privado en el norte de Virginia, ha apuntado que piensa optar por la vía de la apelación ante el Supremo contra lo que considera un dictamen de un tribunal ideologizado.

El dictamen, aprobado por una mayoría de siete jueces contra cuatro, mantiene la decisión de una instancia inferior, el Tribunal de Comercio de Estados Unidos, que en mayo había encontrado que Trump se excedió en sus competencias al aplicar aranceles invocando una ley de 1977, la conocida como Ley de Poderes Económicos en Emergencia Internacional (IEEPA, por sus siglas en inglés). Ni la corte inferior ni el tribunal de apelaciones encuentran que esa ley le conceda la potestad de imponer gravámenes de ningún tipo, una prerrogativa que solo corresponde al Congreso de Estados Unidos. Y que el Legislativo no le ha traspasado al jefe de Estado.

“Concluimos que el Congreso… no entregó al presidente una amplia autoridad para imponer aranceles” del tipo que Trump ha impuesto sobre el resto de países del mundo, de un mínimo del 10%, explican los jueces, que indican que en ningún artículo de la IEEPA han visto ninguna alusión a las palabras “aranceles”, “impuestos”, o “gravámenes”.

Esta resolución afecta a las tasas aplicadas invocando la IEEPA: los llamados “aranceles recíprocos” aplicados a otros países, incluidos aquellos que ha declarado contra México y China al considerar que esos países no hacen lo suficiente por combatir el flujo de fentanilo que entra en Estados Unidos, o los que ha decretado contra India por comprar petróleo ruso. En cambio, la medida no afecta a otros aranceles sectoriales, como los que Trump ha impuesto sobre los automóviles, el acero o el aluminio: el presidente se basó en otras leyes, no la IEEPA, para declararlos. Tampoco anula las tasas que Trump había impuesto en su primer mandato contra China, y que Joe Biden mantuvo, al considerar que ese país mantenía prácticas comerciales desleales para beneficiar a sus productos.

La sentencia, de mantenerse, pone en entredicho los pactos comerciales a los que había llegado la Administración Trump con otros países y bloques, que en muchos casos accedieron a firmar bajo la amenaza de gravámenes aún más altos en caso de negativa. Son los casos de Japón o Indonesia, pero también la Unión Europea, que en el texto de su acuerdo declara su intención de invertir casi 700.000 millones de euros en la compra de energía y semiconductores estadounidenses.

El Gobierno en Washington alega que si los tribunales desmantelan su sistema de aranceles provocarán “la ruina financiera” del país. Según considera, se esfumarían billones de dólares en ingresos con los que ya contaba para equilibrar sus cuentas. También se vería obligado a devolver las muy considerables sumas de dinero que ha recaudado de estos impuestos a las importaciones. Las cifras del Departamento del Tesoro indican que desde el comienzo del año y hasta el mes pasado se habían recaudado 159.000 millones de dólares en aranceles, más del doble que en el mismo plazo del año pasado.

Trump ha contado a lo largo de sus meses de regreso en la Casa Blanca que esas cantidades permitirían resolver de una vez por todas el déficit estadounidense, pagar su mastodóntica deuda de 37,3 billones de dólares, según los datos del Departamento del Tesoro. El presidente cree que con el dinero de los aranceles se podría permitir incluso crear en el futuro un fondo soberano que pagaría dinero a cada ciudadano. Eso es lo que ocurre en algunos países enriquecidos por el petróleo, aunque mucho menos poblados que EE UU.

La decisión de los tribunales también podría dejar a Trump en peor posición a la hora de tratar de imponer aranceles en el futuro. “Aunque puede que los acuerdos comerciales que ya existen no se deshagan automáticamente, la Administración podría perder un pilar de su estrategia de negociación, lo que puede alentar a los Gobiernos extranjeros a resistirse a demandas en el futuro, a retrasar la puesta en marcha de los compromisos adquiridos o incluso renegociar los términos” de lo pactado, apuntaba Ahsley Akers, de la firma de abogados Holland and Knight, a la agencia AP antes de que se hiciera público el dictamen.

La Administración no queda completamente desarmada. Aunque se declare ilegal la vía de la IEEPA, tiene otras herramientas para continuar la imposición de aranceles. Por ejemplo, la norma que ha invocado para aplicar los gravámenes sectoriales: la sección 232 de la Ley de Ampliación del Comercio de 1962. Pero sí se vería obligada a moverse con mucha mayor lentitud. Esta última ley obliga a que el Congreso desarrolle primero una investigación y determine que alguna práctica comercial extranjera representa una amenaza para los intereses nacionales estadounidenses.

El Tribunal de Comercio de Estados Unidos apuntó en su dictamen de mayo otra posible vía, la Ley de Comercio de 1974, que considera que concede a Trump cierta potestad para imponer aranceles como respuesta a déficits comerciales. Aunque esa potestad es limitada: el máximo que podría aplicar es un 15%, solo durante 150 días, y solo a países con los que Estados Unidos mantenga amplios déficits de comercio.

Por el momento, el fin de semana ha contribuido a una reacción mundial en sordina respecto a una medida que puede poner patas arriba la relación comercial de Estados Unidos con el resto del mundo. Una Bruselas consciente de lo imprevisible de la política estadounidense desde que Trump regresó a la Casa Blanca ha optado por permanecer, por el momento, en un segundo plano discreto, cauta y a la espera. “No vamos a comentar la decisión judicial en Estados Unidos”, responde un portavoz a una pregunta de este diario sobre la decisión judicial, informa Silvia Ayuso.

El anuncio del tribunal de apelaciones que tanto ha contrariado a Trump llega justo después de que la Comisión Europea diera el jueves el primer paso, al presentar la legislación correspondiente, para implementar el acuerdo comercial con Estados Unidos. Este acuerdo —cerrado bajo amenaza de unos aranceles mucho más altos que el tope generalizado de 15% finalmente acordado— ha recibido en Europa numerosas críticas, por su desequilibrio en favor de Estados Unidos.

“La Comisión seguirá su trabajo para implementar la declaración conjunta UE-EE UU para restablecer la estabilidad y previsibilidad en nuestras relaciones de inversión, en beneficio de las empresas, los trabajadores y los ciudadanos a ambos lados del Atlántico”, insiste Bruselas tras el nuevo vuelco judicial a la otra orilla del océano.