Estados Unidos da un vuelco a su informe sobre derechos humanos: críticas a Brasil, elogios a El Salvador

La situación de los derechos humanos “se ha deteriorado” en Brasil pero en El Salvador “no hay informaciones creíbles” de que se estén produciendo abusos. En Israel y los territorios ocupados, los únicos crímenes de guerra los perpetra Hamás. Es la visión del mundo, y del respeto global a los derechos, que tiene el Departamento de Estado de Estados Unidos en la Administración de Donald Trump y que se recoge en su informe anual sobre derechos y libertades en los distintos países, hecho público este martes.

La lectura del informe 2024 sobre Prácticas de los Países sobre los Derechos Humanos es muy distinta a la del documento del año pasado, cuando gobernaba la Administración demócrata de Joe Biden. La publicación del nuevo texto se había retrasado meses, aparentemente para adecuarlo a las percepciones del Gobierno republicano: hasta ahora, la presentación habitual ocurría en abril o mayo. Con respecto a las ediciones previas, desaparecen los apartados sobre el respeto a los derechos de los homosexuales o los análisis sobre violencia de género; se incluyen secciones, por contra, sobre la “Vida” o la “Seguridad de la Persona”.

Durante años, el informe ha servido de fuente y de argumento a los defensores de derechos humanos en sus campañas de movilización. El Congreso de Estados Unidos también recurre a él para tomar decisiones a la hora de aprobar venta de armamento, entre otras cosas. Pero Trump ya había apuntado que se avecinaban cambios. En su viaje a Arabia Saudí esta primavera, el presidente estadounidense había arremetido contra el “intervencionismo occidental” y había asegurado que Estados Unidos ya no daría “sermones sobre cómo tienen que vivir o cómo gestionar sus asuntos internos”.

En el nuevo informe, las naciones con las que el Washington de Trump mantiene buenas relaciones reciben, en general, buenas notas. Aquellas que, por la razón que sea, han irritado al presidente estadounidense reciben rapapolvos más duros que en años anteriores. Venezuela, a cuyo presidente, Nicolás Maduro, el Departamento de Estado acusa de vinculación con el narcotráfico, es una de las naciones peor paradas en el informe: su situación de derechos humanos “se deterioró significativamente” mientras se han recibido “informaciones creíbles” de desapariciones, tortura, detenciones arbitrarias, represión transnacional y muchos otros abusos, según el documento.

El apartado dedicado a Israel es mucho más corto que el de la versión de 2023. No aparece ninguna referencia a los miles de palestinos muertos en Gaza, que las cifras del Ministerio de Sanidad en la franja calculan por encima de los 61.000. Tampoco se alude a la desesperada situación humanitaria ni a las restricciones de Israel a la entrada de alimentos. El apartado dedicado a crímenes de guerra y genocidio se resuelve con dos líneas: “las organizaciones terroristas Hamás y Hizbulá continuaron la práctica de poner a los civiles israelíes en su punto de mira de manera indiscriminada, en violación de la legislación sobre conflictos armados”.

Otro Gobierno buen amigo de la Administración Trump, el del presidente Nayib Bukele en El Salvador, ve muy mejorada su valoración, y muy recortado el espacio que el informe le dedica: los comentarios ocupan un 75% menos que en ediciones anteriores. Desaparecen las menciones a las condiciones de las cárceles del país, que Amnistía Internacional había descrito como “inhumanas”, y las denuncias de arbitrariedad en las detenciones.

En la nación centroamericana “los informes de violencia de las maras continuó a niveles históricamente mínimos bajo el estado de excepción, pues las detenciones masivas suprimieron la actividad de las bandas delictivas. No hubo informes creíbles de abusos significativos contra los derechos humanos. El Gobierno dio pasos creíbles para identificar y castigar a los cargos que perpetraron abusos de los derechos humanos”.

En cambio, Brasil, cuya relación con Washington ha caído en picado y al que la Administración Trump ha impuesto nuevos aranceles por el arresto domiciliario del expresidente Jair Bolsonaro -antiguo aliado internacional de Trump-, se ve vilipendiado en el informe. El Departamento de Estado, que ya criticó la detención del mandatario como una vulneración del derecho a la libertad de expresión, arremete contra el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva al considerar que las restricciones que impone al acceso a contenido en internet perjudican de modo desproporcionado a los simpatizantes del líder de ultraderecha.

El informe cita igualmente el bloqueo temporal de los tribunales a la red social X, propiedad del multimillonario y aliado político de Donald Trump Elon Musk, como ejemplo de lo que considera el “retroceso” de los derechos humanos en Brasil. “Los tribunales tomaron una medida amplia y desproporcionada para socavar la libertad de expresión y de internet, al bloquear el acceso de millones de usuarios a la información contenida en una de las grandes plataformas de redes sociales”, se lee en el informe.

El Departamento de Estado también opina que el Gobierno brasileño “socavó el debate democrático al restringir el acceso a contenido en internet considerado como ‘perjudicial para la democracia, y suprimiendo así de manera desproporcionada la expresión de partidarios del expresidente Jair Bolsonaro, así como periodistas y políticos electos, a menudo en procedimientos secretos que carecieron de las garantías debidas”.

Además, según el Departamento de Estado que encabeza Marco Rubio, el Gobierno brasileño “no siempre dio pasos creíbles para identificar y castigar a los cargos que perpetraron abusos de los derechos humanos”.

Las restricciones que Alemania impone al discurso de los grupos de extrema derecha también le ganaron a Berlín las críticas del informe. En ese país “la situación de los derechos humanos empeoró” en 2024, asegura, por las “restricciones a la libertad de expresión” y por “informes creíbles de delitos, violencia o amenazas de violencia motivados por el antisemitismo”.

El Departamento de Estado presenta su nuevo informe, “resumido”, como un documento más fiel a lo que le exige la legislación estadounidense, que le obliga a presentar varios informes anuales sobre la situación de los derechos humanos en el mundo: el general y otros específicos sobre asuntos como el tráfico de personas o el respeto a la libertad religiosa. Pero ante los argumentos de la institución, los críticos replican que las modificaciones reducen el escrutinio sobre los regímenes autoritarios del mundo. Entre otras cosas, indican, los apartados dedicados a cada país solo citan un único ejemplo del tipo de abuso que denuncian, aunque se hayan producido múltiples casos. Las ediciones anteriores enumeraban diferentes casos.

“El informe demuestra lo que ocurre cuando se da prioridad a la agenda política por encima de los hechos”, ha declarado Josh Paul, director de la ONG A New Policy y antiguo funcionario del Departamento de Estado, que renunció en protesta por la política de EE UU en la guerra en Gaza. “El resultado es un producto mucho más breve que parece más un comunicado de la propaganda soviética que un documento de un sistema democrático”.