El Gobierno de Francia allana el terreno para recortar días festivos y eliminar 3.000 empleos públicos

El primer ministro de Francia, François Bayrou, tiene apenas tres semanas para tratar de desactivar lo que parece inevitable: una vuelta al cole con movilizaciones en la calle y la amenaza de censura a su Gobierno por los recortes que plantea sobre los presupuestos de 2026, que se presentarán en octubre. Se trata de un ajuste de 44.000 millones de euros que incluye medidas muy impopulares, como la de suprimir dos días festivos del calendario o prescindir de 3.000 empleos públicos. La oposición amenaza con votar una moción de censura si trata de sacar adelante la ley tal y como está planteada.

A pesar de la pausa estival, Bayrou lleva semanas haciendo pedagogía para concienciar a los franceses de la urgencia de acometer estos ajustes y reconducir la que considera una de las mayores amenazas para el país: la abultada deuda, que representa 3,3 billones de euros, y el déficit, que alcanza este año el 5,4% del PIB, lejos del 3% que exige Bruselas para los países de la UE de aquí a 2029.

Sindicatos y patronales recibieron el pasado sábado una carta del primer ministro en la que avanza los detalles de la que probablemente es la medida más impopular de todas: la de suprimir dos días festivos del calendario: el Lunes de Pascua y el 8 de mayo, cuando se conmemora el fin de la II Guerra Mundial.

En el documento, publicado por el periódico Les Echos, Bayrou invita a los agentes sociales a negociar a partir del 1 de septiembre y hasta finales de mes, pero ya ha advertido de que el objetivo es engordar las arcas del Estado y no al revés, así que los trabajadores no serán remunerados por estos dos días extra de trabajo.

La medida más criticada

Esto es, de todo el paquete de recortes, lo que más puede inflamar las calles en una Francia muy combativa cuando se trata de defender los derechos laborales. Ya el 15 de julio, cuando Bayrou presentó el plan de ahorro presupuestario, fue la medida más criticada, tanto por la izquierda como en la extrema derecha.

En el documento enviado a sindicatos y patronal, Bayrou se abre a “valorar otras alternativas” y cifra en 4.200 millones de euros esta contribución extra de los trabajadores. Argumenta que los días festivos de los que se quiere prescindir se ubican en un periodo del año en el que ya hay “muchos otros”, pero se muestra abierto a negociar excepciones en algunas regiones, como Alsacia, donde no se aplica la ley de separación entre Iglesia y Estado y puede preservarse aún el Lunes de Pascua como fiesta religiosa.

No parece que sus mensajes vayan a calar, pues los sindicatos ya habían advertido que esa medida es una línea roja y han avanzado movilizaciones de cara al otoño. En un comunicado conjunto publicado el sábado, aseguraron que no van a permitir “retroceder 70 años de lucha social”. Se reunirán en septiembre, pero para reaccionar “ante este nuevo acto de brutalidad hacia los trabajadores”.

El Gobierno no tiene mayoría en el Parlamento, y tanto la izquierda como la extrema derecha han anunciado que van a censurar los presupuestos. A Bayrou solo le queda hacer uso del polémico artículo 49.3 de la Constitución, que permite aprobar una ley por decreto, sin voto parlamentario. En 2023, se utilizó para sacar adelante la impopular reforma de las pensiones de Emmanuel Macron, que obligaba a los franceses a jubilarse dos años más tarde. Su aprobación a la fuerza, con medio país en contra, provocó violentas manifestaciones en las calles durante meses.

Bayrou lleva ocho meses en el Gobierno y ya ha sorteado ocho mociones de censura. Hasta ahora ha sido gracias a que Reagrupamiento Nacional, el partido de extrema derecha de Marine Le Pen y el que más escaños tiene, no ha apoyado ninguna de ellas. Los socialistas también se han abstenido en la mayoría de los casos. Sin embargo, ante estos recortes, ambas formaciones han advertido de que no va a hacer una nueva excepción. Bayrou asumió el cargo en diciembre, tras la censura de su predecesor, Michel Barnier, precisamente por la ley de presupuestos de este año, que contemplaba ajustes de 60.000 millones de euros.