Los recortes de Bayrou colocan a Francia ante el espejo de su mala salud económica

“El momento de la verdad”. El rótulo que presidía el acto hablaba de un asunto demasiado abstracto para descifrar la complejidad de las cuentas públicas francesas. Sin embargo, la palabra, utilizada por el primer ministro francés, François Bayrou, para presentar un histórico plan de recortes, unos 43.800 millones de euros durante 2026, ponía ante el espejo a Francia y la realidad de su mala salud económica y financiera, con una deuda de más de 3,3 billones de euros. Y que no para de crecer, convertida ya en el 114% del producto interior bruto. Un monstruo que empuja lentamente al país al precipicio de la insolvencia. Esa es la verdad, anunció Bayrou.

El problema es que el concepto es amplio y abarca también su propia situación, de soledad y debilidad política extrema en un Parlamento que debería acompañarle, pero que se encuentra completamente fragmentado tras las elecciones legislativas de hace un año. La verdad es que Bayrou no tiene el apoyo ahora mismo para comenzar este viaje y, muy probablemente, afrontará una moción de censura a la vuelta del verano. Pero, al mismo tiempo, cualquier candidato a las elecciones presidenciales de 2027 preferiría encontrar este impopular trabajo hecho.

La verdad se manifiesta también de forma nítida, recordando a Francia que —siguiendo el ejemplo de Italia, acostumbrada a vivir en una creativa improvisación— no ha hecho los ajustes necesarios después de la gran crisis financiera y la pandemia, que agravó todavía más la situación. La austeridad no formó parte del vocabulario político. Y aquel “cueste lo que cueste” durante la pandemia del entonces ministro de Economía, Bruno Le Maire, evocando al Mario Draghi que salvó el euro, todavía resuena en las cuentas públicas.

España hizo sus dolorosas reformas, Portugal y Grecia también, Alemania vivía de las rentas de los cambios estructurales con el canciller Gerhard Schröder en 2003 y del famoso freno a la deuda, que limitó el déficit al 0,35% del PIB (creando también los consecuentes problemas de crecimiento). Y cuando Francia ha intentado reformar asuntos que tocaban de lleno el gasto social, como las pensiones, la oposición en la calle y en el Parlamento ha sido tan brutal que no ha podido abordar el asunto con contundencia o continuidad.

El presidente, Emmanuel Macron, alabó el miércoles el plan de Bayrou al considerarlo como “valiente, audaz y lúcido”. Pero el jefe de Estado se encuentra, de nuevo, en el epicentro del problema. A su llegada en 2017 prometió hacer los cambios necesarios. Pero las dos primeras decisiones fueron bajar las ayudas a la vivienda, en particular a los estudiantes, y suprimir el impuesto a las fortunas. Su apuesta era que el desarrollo de la economía beneficiaría a las empresas y luego todos los franceses se beneficiarían. Pero no ocurrió.

“La estrategia de Macron fue aumentar el gasto y pensar que reequilibraríamos las cuentas actuando sobre el nivel de empleo. Y el nivel tuvo buenos resultados, pero produjeron pocos ingresos fiscales y sociales. Porque eran empleos de baja cualificación, y eso hizo que los recursos no estuvieran a la altura de lo que se previó”, señala el economista Jean Pisani-Ferry, experto en políticas públicas y exasesor de Macron y del exministro y exjefe del Fondo Monetario Internacional Dominique Strauss-Kahn.

La injusticia social, sin embargo, ha aumentado, así como las fracturas. Esa también es la verdad, y el legendario Estado del bienestar francés se ha deteriorado gravemente. El Instituto Nacional de Estadística de Francia publicó la semana pasada los datos. En 2023, se registró la tasa más alta de pobreza en el país desde que empezó la serie, hace 30 años, con alrededor de 10 millones de personas por debajo del 60% de la renta mensual mediana (1.288 euros). A la vez, el instituto registró en el mismo periodo de tres décadas la mayor desigualdad entre la renta del 20% más rico y el 20% más pobre de la ciudadanía. El primer grupo copó un 38,5% del total; el segundo, el 8,5%. Un cóctel que, sin duda, ha alimentado silenciosamente el resentimiento y las opciones políticas situadas en los extremos del hemiciclo. Las mismas que votarán ahora en contra de este plan y del propio Bayrou.

La verdad de los números también es que el esfuerzo que pide ahora el Gobierno tiene tres patas donde se apoya el ahorro de 43.800 millones de euros para 2026. Unos 20.800 millones en ahorros sobre el gasto público (Estado, organismos públicos, autoridades locales y gasto social), 15.900 millones en ingresos y nuevos impuestos (de los cuales 2.300 millones provienen de la lucha contra el fraude), y 7.100 millones vinculados al “año en blanco”, es decir, congelar las pensiones y prestaciones sociales en el nivel de 2025.

Bayrou anunció también la eliminación de 3.000 puestos de empleo público en 2026 y la progresiva supresión en los siguientes años de una de cada tres plazas de funcionario tras su jubilación. El primer ministro sugirió incluso cancelar dos días de fiesta del calendario laboral, algo que despertó como un resorte la indignación de la ultraderecha. Una medida, según los cálculos del ejecutivo, susceptible de generar 4.200 millones de euros anuales a largo plazo, pero deben ser objeto de una discusión con los sindicatos y el empresariado.

El problema es que en las palabras de Bayrou retumbaban inevitablemente los disturbios y protestas de los anteriores episodios de recortar la deuda, empezando por la reforma de las pensiones. Vuelven a la memoria los chalecos amarillos, las movilizaciones, los tractores en el centro de la ciudad. Y la oposición al completo se mostró ayer contra el plan. También los sindicatos, que anunciaron protestas para la vuelta del verano.

Bayrou, anunció el partido ultra Reagrupamiento Nacional (RN), tiene los días contados. “Su balance es la ruina y su solución es la austeridad. Si insiste, recibirá una moción de censura”, arremetió el vicepresidente del RN, Sébastian Chénu. “Nos vemos en septiembre”, añadió.

Una administración milhojas

Pisani-Ferry cree que el plan es imprescindible dada la “grave situación en la que se encuentra Francia”. “Pero obliga a hacer un esfuerzo prolongado. Y es ahí donde falla, porque hay algunas medidas para aplicar en 2026, pero casi ninguna de carácter estructural”, señala en referencia al necesario adelgazamiento de una administración “que tiene forma de milhojas”.

La reducción del déficit público también exigirá un año en blanco y la congelación de las prestaciones sociales (ingreso de solidaridad activa, ayudas al alquiler, prima de actividad...) y de las pensiones. Además, una parte de los jubilados que pagan impuestos deberá contribuir de una segunda manera: la deducción fiscal del 10% de la que se benefician será sustituida por una “tarifa fija anual”, cuyo monto podría alcanzar los 2.000 euros. Un cambio de este tipo se traducirá en un “aumento de la carga fiscal” para los pensionistas que ganan más de 20.000 euros al año, según Eric Lombard, ministro de Economía. Solo malas noticias.

Y la verdad del plan, más allá de que prácticamente nadie piense que vaya a ser Bayrou el encargado de ejecutarlo, es que deberá realizarse de una forma u otra. El ajuste propuesto aparece ahora como el programa que deberá asumir quien finalmente tenga las manos libres para gobernar. Aunque los principales candidatos, como Edouard Philippe, lo criticasen por poco ambicioso. El proyecto, tal y como está concebido, alertan los expertos, implica riesgos para la economía.

“La magnitud y la duración del ajuste fiscal previsto no tendrían precedentes, especialmente fuera de una fase de salida de crisis o de fuerte crecimiento”, observan Hadrien Camatte y Émilie Gorguet, economistas de Natixis, en una nota de análisis sobre el tema. “Las medidas previstas de reducción del gasto son muy ambiciosas, mientras que algunas proyecciones de aumentos de impuestos parecen demasiado optimistas, en particular aquellas basadas en la lucha contra el fraude fiscal y social”.

El primer ministro, eso es lo único claro, intentó el martes provocar un shock en la opinión pública —mucha de ella ya en la playa de vacaciones— y la clase política invocando el momento particular que vive el país, la pérdida de soberanía que afronta en un mundo cada vez más brutal y competitivo. El politólogo Marc Lazar, profesor de Sociología Política del Instituto de Ciencias Políticas de París (Science Po) y de Luiss, cree que “Bayrou dramatizó, solemnizó, con un discurso muy preparado”. “Bayrou intentará encontrar acuerdos con las organizaciones sindicales y los partidos, especialmente los socialistas, que querrían evitar la moción de censura y la crisis institucional”, apunta.

Defensor desde de 2007 de frenar el endeudamiento, la agria receta presentada por Bayrou tiene la virtud —al menos sobre el papel— de aunar la necesidad de controlar la deuda con la de reactivar la producción, para hacer sostenible la financiación del gasto público. Pero faltan elementos, trabajos, propuestas que dice esperar ahora de la oposición y los sindicatos.

Bayrou, más allá de la suerte que corran él y su plan después del verano, ha colocado a Francia ante su espejo. La evolución de los datos fundamentales macroeconómicos y financieros durante las últimas dos décadas revelan un deterioro gradual, pero constante, que acerca a este país a los parámetros de varias economías de la denominada periferia de la zona euro, y lo aleja lentamente del centro. Las reformas serán necesarias. Nadie sabe quién ni cuándo podrá hacerlas.