Italia redobla su ofensiva contra las ONG de rescate de migrantes: juicios, espionaje y una vuelta al mundo en viajes absurdos

La ofensiva de Italia contra las ONG que rescatan a migrantes en el mar Mediterráneo, acentuada desde la llegada al poder de la ultraderechista Giorgia Meloni en 2022, ha alcanzado extremos sorprendentes. Como el espionaje de móviles de responsables de organizaciones, incluido un sacerdote, o que, por primera vez, una ONG vaya a ser procesada por favorecer la inmigración irregular en un caso insólito: por recibir una donación de una petrolera en la que recogió a 27 náufragos. Mientras tanto, el número de llegada de migrantes por mar ha aumentado en Italia un 14%, sin que el polémico centro de deportación de Albania haya tenido un efecto disuasorio: en los primeros seis meses de este año (hasta el 27 de junio) han llegado al país de forma irregular 29.738 personas, y fueron 25.345 en el mismo periodo de 2024.

Las ONG de rescate componen en 2025 una flota civil de 23 naves (de Italia, España, Alemania y Reino Unido), más cuatro aviones, pero las trabas legales de Meloni para impedirles su actividad están funcionando: salvan menos vidas. Médicos Sin Fronteras (MSF), que decidió irse en diciembre después de una década, acaba de sacar un informe que es claro: en 2024 rescató a la mitad de personas que el año anterior, 2.278 frente a 4.646. Se debe, según sostienen sus responsables, a que perdió mucho tiempo, y dinero, porque Italia obliga a las ONG a desembarcar a los náufragos en los puertos más lejanos. MSF ha calculado que, entre ir y venir, en 2024 su buque Geo Barents dio una vuelta y media al mundo.

La ONG italiana Mediterranea Saving Humans, fundada en octubre de 2018 y que ha salvado ya a 1.800 personas, es una de las más afectadas. En el llamado escándalo Paragon (compañía israelí que fabrica Graphite, un sofisticado programa que se infiltra en los móviles) se ha descubierto que los teléfonos de al menos dos de los responsables de la ONG son espiados por el Gobierno italiano desde 2019, según ha confirmado una comisión parlamentaria. Entonces el primer ministro era Giuseppe Conte, con el líder de la Liga, Matteo Salvini, como ministro de Interior, pero la actividad siguió con el segundo Ejecutivo de Conte, de centro-izquierda, y el Gobierno técnico de Mario Draghi. Meloni ha continuado. Los servicios secretos lo han confirmado y han alegado que lo hacían por orden del Gobierno y con autorización judicial.

“¿Por qué nosotros? Creo que es porque estamos recogiendo pruebas y denuncias de los crímenes cometidos en Libia por los aliados del Gobierno italiano, que colabora con las peores milicias libias”, opina Beppe Caccia, coordinador de operaciones de Mediterranea. Es uno de los espiados desde hace seis años, junto a Luca Casarini, otro de los fundadores.

Se refiere a los polémicos acuerdos entre Italia y Libia, renovados desde 2017, para que el país africano haga el trabajo sucio de frenar la inmigración en sus costas. Italia financia milicias que componen la polémica guardia costera libia, encargada de enviar de vuelta a los migrantes a centros de detención donde han sido denunciadas torturas y graves violaciones de derechos humanos. Entre los espiados en Italia también está David Yambio, presidente de la ONG Refugees for Lybia, que denuncia la situación en las prisiones del país africano.

Acusaciones de tortura contra Libia

La semana pasada MSF Italia presentó otro informe que acusa a Libia. Recoge el testimonio de 160 personas atendidas entre 2023 y 2025 que supuestamente sufrieron torturas, y el 60% fue en Libia. Del resto, el 36,5% las padecieron en nueve países que Italia y la Comisión Europea consideran seguros para repatriaciones (Argelia, Bangladés, Costa de Marfil, Egipto, Gambia, Ghana, Marruecos, Túnez y Senegal). “Formas de violencia extrema, entre ellas la tortura, son un elemento estructural y difuso a lo largo de la ruta migratoria mediterránea”, señala Elisa Galli, responsable de MSF en Palermo.

Caccia cree que, además, hay otro factor que ha hecho que les espíen, porque creaba alarma en el Gobierno italiano: “Nuestra cercanía al papa Francisco, que nos apoyaba mucho”. El anterior Pontífice tenía muy buena relación con Casarini y con Mattia Ferrari, un sacerdote de la ONG, también espiado, aunque no se sabe por quién. Es uno de los casos en los que el Gobierno italiano no admite su responsabilidad, junto a otros de periodistas. El escándalo salió a la luz en febrero e investigan el caso cinco fiscalías italianas.

Otro frente de la ofensiva contra la inmigración es el judicial. El delito de favorecimiento de la inmigración irregular se está usando para condenar a cientos de migrantes que simplemente llevaban el timón de su bote. “Cientos de chicos están siendo juzgados y condenados hasta a seis y ocho años de cárcel, acusados de ser traficantes”, denuncia Caccia.

Algunos han salido a la luz en los medios, como el de las iraníes Marjam Jamali y la directora de cine y activista Maysoon Majidi. Jamali huyó de Irán con su hijo de ocho años de un marido violento, en el viaje por mar sufrió un intento de violación y, al llegar a tierra, sus agresores la acusaron de ser la organizadora de la travesía. Fue separada de su hijo, encarcelada y, por fin, después de dos años, ha sido absuelta. Majidi, por su parte, pasó un año en prisión antes de ser declarada inocente.

“Estos casos han tenido eco, pero hay muchos otros casos de personas mal defendidas por abogados de oficio que les aconsejan reconocerse culpables y pactar una pena”, señala Caccia. Una ONG de Palermo, Arci Porco Rosso, estudia desde hace años este fenómeno, denunciando la “criminalización” de estos migrantes. Un primer informe de 2021, elaborado junto a Alarm Phone, determinó que en ocho años, entre 2013 y 2020, fueron acusadas 2.559 personas. En el último estudio anual han señalado 106 casos en 2024.

El Tribunal de Justicia de la UE ha cuestionado la severa aplicación del delito de favorecimiento de la inmigración que hace Italia. Acaba de fallar a favor de una inmigrante congoleña en el llamado caso Kinsa. Esta mujer, que llegó con su hija y su sobrina, menores de edad, fue detenida en el aeropuerto de Bolonia en 2019 acusada de este delito precisamente por llevar a las dos niñas. Ha pasado por seis años de procesos judiciales hasta que ha sido absuelta.

Sin embargo, ya hay un salto cualitativo: por primera vez una ONG, Mediterranea, ha sido acusada de este delito y el tribunal de Ragusa ha decretado el procesamiento de Beppe Caccia y otros seis miembros de la organización. El juicio empezará en octubre y los acusados se enfrentan a penas de 15 a 30 años de cárcel. Hasta ahora se habían intentado varios procesos a ONG, pero todos fueron archivados. El más importante fue el de la nave Iuventa, con 20 imputados de las ONG Jugend Rettet, Save The Children y MSF. Se cerró en 2024 después de siete años.

La historia del caso de Mediterranea es inédita. En agosto de 2020 la petrolera danesa Maersk Ettiene recibió un aviso de Malta para salvar a un grupo de migrantes a la deriva. Los rescataron, pero luego el Gobierno maltés no quiso acogerlos. Italia tampoco. La situación se bloqueó, y 27 personas pasaron 38 días en la cubierta de la nave, hasta que la nave de Mediterranea, la Mare Jonio, se ofreció a ir a buscarlas. “Los llevamos a tierra, con el permiso de Italia, y hasta la ONU nos felicitó por resolver la crisis”, recuerda Caccia. Pero luego, giro de guion: ocho meses después, la naviera Maersk donó 125.000 a la ONG en agradecimiento por su ayuda, pero ese dinero se ha convertido para la fiscalía en la prueba de que Mediterranea hace negocio con el tráfico de personas.

“Han registrado nuestras casas y oficinas, nos han secuestrado teléfonos y ordenadores, pero no han encontrado nada”, relata Caccia, que relaciona la “construcción” del caso con lo que saben ahora: que eran espiados. “Italia ayuda a huir a criminales de guerra libios y persigue a quien salva vidas en el mar”, concluye, en referencia al polémico caso del general libio Osama Almasri. Es responsable de una de las cárceles del horror donde se recluye a migrantes, está reclamado por el el Tribunal Penal Internacional por crímenes contra la humanidad y en enero fue arrestado en Italia por orden de Interpol. Sin embargo, el Gobierno de Meloni lo dejó escapar, alegando defectos de forma en la detención.

En todo caso, el arma más efectiva contra las ONG es el llamado decreto Piantedosi, apellido del ministro de Interior. En enero de 2023 introdujo una serie de normas que entorpecían y castigaban sus actividades si no cumplían unas rígidas reglas. Deben pedir permiso antes de cada rescate, solo pueden hacer uno cada vez, sin recoger a nadie por el camino, y no pueden ir al puerto más cercano, sino al que les asignen, que suele estar en la otra punta de Italia. No en Sicilia, sino en Génova, Livorno, Ancona, Rávena. Si no, los barcos pueden ser retenidos en puerto y hasta ser confiscados. Todas las ONG han tenido sus naves paralizadas en diversos momentos. Mediterranea, tres veces. “Siempre con pretextos, solo pretenden obstaculizarnos”, opina Caccia.

El barco de MSF fue detenido cuatro veces, un total de 160 días. Además, pasó 163 días yendo y viniendo de los puertos que le asignaban (64.966 kilómetros, vuelta y media al mundo). Desde que empezó a operar en el Mediterráneo en 2015, MSF ha salvado a más de 94.000 personas. Pero ahora ha abandonado. “El decreto Piantedosi es un mecanismo estructurado e institucionalizado sin precedentes para obstruir los rescates“, señala Juan Matías Gil, de MSF.

Pese a todo, las ONG siguen adelante. Caccia recuerda el primer rescate que hizo, en 2019, de un matrimonio sudanés muy joven, ella embarazada, y con una niña pequeña: “Los encontramos por pura casualidad, con los prismáticos, estaban a punto de hundirse. Ahora viven en Francia. La niña va al colegio. Han tenido otro hijo. Es una de esas historias que han acabado bien, porque les salvamos de morir en el mar. Solo eso merece la pena”.