Israel anula la deportación masiva de inmigrantes africanos

Pese a sus recientes periplos diplomáticos africanos, Benjamín Netanyahu no ha podido encontrar ni un solo país africano que quiera acoger a los más de 40.000 inmigrantes de Eritrea y Sudán instalados en Israel desde hace más de una década. El primer ministro ha renunciado al plan de deportación masiva de indocumentados que anuncIó en enero, según informó este lunes la prensa hebrea.

El Tribunal Supremo había suspendido temporalmente su aplicación tras imponer al Gobierno que la salida del país de los subsaharianos solo podía producirse con carácter voluntario, echando por tierra un programa de expulsiones que implicaba aceptar el pago de 3.500 dólares (2.800 euros) y la entrega de un billete de avión frente a la alternativa del ingreso en prisión por residencia ilegal.

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Parte de la sociedad israelí —integrada por aluviones de inmigrantes judíos llegados de todo el mundo tras el nacimiento del Estado hebreo, hace ahora 70 años— no vio con buenos ojos el plan del Gobierno. La deportación forzosa de los inmigrantes africanos evocaba en la comunidad judía amargos recuerdos. Pilotos de la compañía aérea nacional El Al anunciaron que boicotearían los vuelos para trasladar a demandantes de asilo originarios de países con graves con graves conflictos internos. Intelectuales, artistas, profesionales y rabinos se movilizaron también para ocultar a los subsaharianos en sus casas a fin evitar su expulsión.

La elevada concentración de sin papeles en el sur de Tel Aviv y en áreas degradadas de otras ciudades ha generado movimientos de rechazo entre los residentes israelíes. En una visita a los distritos afectados, Netanyahu se comprometió en 2017 a atender las demandas vecinales. En la nomenclatura propia del Gobierno israelí, estos migrantes africanos son denominados “infiltrados”, en referencia a su entrada ilegal en el país a través de la frontera del Sinaí antes que se completara la valla de separación con Egipto.

Surfeando sobre las críticas sociales, el líder del Likud ha tenido que dar sucesivos bandazos para contentar a todas las corrientes de la coalición de seis partidos que le sostiene. A a principios de mes, Netanyahu anunció un acuerdo con el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) por el que 16.000 migrantes africanos iban a poder permanecer como residentes a cambio de la salida de otros tantos con destino a países como Canadá, Alemania o Italia. Esta propuesta quedó anulada pocas horas después ante las disensiones entre sus socios en el Ejecutivo más derechista en la historia del Estado de Israel.

En las últimas semanas, el primer ministro se ha afanado en intentar cerrar acuerdos con países africanos, como Ruanda y Uganda, que aceptaran recibir a centenares de los inmigrantes indocumentados en Israel. Las negociaciones no parecer haber prosperado y los asesores legales del Gobierno han comunicado al Supremo que no se ha podido acordar “un plan de deportación a un tercer país”. Las órdenes de expulsión han quedado anuladas y el Gobierno va a reabrir el centro de acogida para inmigrantes del desierto del Negev. Alrededor de 4.000 indocumentados africanos han abandonado Israel con destino a África desde 2013.