Los debates abiertos tras el ‘pinchazo’ telefónico de Lula da Silva y Rousseff

La divulgación el miércoles de una conversación telefónica entre Dilma Rousseff y el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva ha generado, además de protestas y aún más tensión política, varios debates en Brasil.

Uno es sobre el significado de la conversación, donde la presidenta avisa a su mentor del envío de un documento para que lo firme "en caso de necesidad". Los investigadores sospechan que Rousseff pretendía así adelantar el nombramiento de Lula (y su aforamiento) en caso de que fuese detenido, ya que existe una petición de prisión preventiva en su contra. El Gobierno niega esta interpretación e insiste en que se trató de un simple trámite burocrático.

Los otros dos grandes debates son jurídicos. Los especialistas en Derecho discuten, primero, sobre si el nombramiento fue legal. Los juristas consultados por EL PAÍS consideran el envío del acta un abuso de poder. Además, algunos expertos cuestionan la publicación de las llamadas por parte del juez Sérgio Moro, que lidera las investigaciones de la operación anticorrupción Lava Jato. Entienda las claves:

La llamada de Rousseff

“La conversación [entre Lula y Rousseff] es una confirmación explícita del deseo de proteger al expresidente y proporcionarle un foro privilegiado”, opina Gustavo Badaró, Profesor de Derecho Procesal de la Universidad de São Paulo (USP). El abogado considera que Rousseff abusó los poderes de los que goza como presidenta. Otro jurista, Ives Gandra, está de acuerdo. “Es un crimen de responsabilidad para beneficiar a un amigo. Lula solo podría tomar posesión como ministro si fuese por interés público. Sin embargo, estaba siendo nombrado para protegerlo de la prisión preventiva”, afirma. Para Gandra, la presidenta pueda ser responsabilizada criminalmente por el acto.

Para explicar el diálogo entre Lula y Dilma, el Planalto afirmó en un comunicado que la toma de posesión de Lula estaba prevista para el jueves pero había dudas sobre si podría asistir. Por eso, la presidenta necesitaba enviarle el documento al expresidente este miércoles. La explicación, sin embargo, abre otra discusión judicial. Según el abogado Marcelo Figueiredo dos Santos, profesor de la Pontificia Universidad Católica (PUC) de São Paulo, la toma de posesión de un ministro tiene que ser presencial. “No es normal que un presidente envíe un término de nombramiento para que sea firmado en casa del futuro ministro o donde que esté. Es una irregularidad administrativa grave”, explica.

Los métodos del juez Sérgio Moro

El magistrado que investiga la corrupción en Petrobras justificó así los pinchazos telefónicos: "A pesar de que el Ministerio Público Federal reunió una cantidad considerable de pruebas [sobre supuestos beneficios ilícitos para Lula da Silva, procedentes de empresas vinculadas a la trama corrupta de Petrobras] la complejidad de los hechos, encubiertos por falsedades y por personas intermediarias, autoriza la interceptación telefónica. [...] Tal vez esta pueda aclarar la relación del expresidente con las constructoras y los motivos de la aparente ocultación de patrimonio y de los beneficios costeados por empresas".

El abogado Gustavo Badaró, profesor de la USP, explica que, por ley, las informaciones conseguidas mediante pinchazos telefónicos deben haberse mantenido en secreto. Moro ha tratado de justificar que es lícito revelar supuestos "delitos contra la Administración pública" porque "la democracia en una sociedad libre exige que los gobernados sepan lo que hacen los gobernantes". "Estoy en total desacuerdo", comenta el jurista. Marcelo Figueiredo dos Santos, profesor de Derecho en la PUC, también considera anticonstitucional la decisión del juez.

Ives Gandra, por el contrario, defiende la publicación de la llamada, por una cuestión de interés público, ya que Lula iba a ser nombrado ministro y conseguir un fuero. La Asociación de los Jueces Federales de Brasil también ha defendido a Sérgio Moro porque las conversaciones no contienen "contenido personal íntimo".

Hay otra polémica, sobre los tiempos. El juez Moro ordenó la interrupción de las escuchas el miércoles 16 de marzo, a las 11.13, según los documentos de la investigación. La llamada entre Roussef y Lula tuvo lugar poco más de dos hroas después. La Policía Federal ha destacado que envió el contenido de las conversaciones "al juez competente, quien debe decidir sobre su utilización en el proceso".