El opositor Leopoldo López rehúye otra vez ir a su juicio

El opositor venezolano Leopoldo López ha redoblado su apuesta contra el Gobierno del presidente Nicolás Maduro y ha decidido no asistir al juicio que se celebra contra él como cabecilla intelectual del origen de las protestas antigubernamentales entre febrero y junio. El dirigente de Voluntad Popular y sus abogados están esperando a que la juez Susana Barreiros falle sobre la resolución del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas, que ordena su liberación. Pero el tribunal 28 de juicio, que lleva la causa, no trabaja desde hace casi un mes.

El martes estaba previsto que se celebrase una nueva vista, pero López ratificó que no comparecerá hasta que no haya una decisión sobre el pronunciamiento de Naciones Unidas. Es la segunda vez que el opositor se niega a acudir. En la primera, el 28 de octubre, sus abogados explicaron que no tenía sentido que el tribunal no estuviera funcionando para atender al público, pero que decidiera seguir adelante con las vistas planificadas. La defensa de Leopoldo López considera que se trata de una maniobra del Poder Judicial, que domina el Gobierno. La vista ha quedado aplazada hasta el 11 de noviembre.

La ONU determinó que Venezuela incumplió el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos al desconocer la presunción de la inocencia del político venezolano e iniciar contra él un juicio por ejercer sus derechos a la protesta y a la libertad de expresión. Pero el 31 de octubre el Tribunal Supremo de Justicia determinó que no había irregularidades en el proceso.

Preso desde febrero

La negativa de López es parte de una estrategia para aumentar el desgaste político del Gobierno por mantenerlo encarcelado y una forma de cimentar su liderazgo. Según los estudios de opinión conocidos a mediados de octubre, López mantiene una cerrada disputa con el excandidato presidencial Henrique Capriles por convertirse en el principal referente de la oposición.

López, de 43 años, está preso desde el 18 de febrero en una cárcel militar venezolana acusado de cuatro delitos —instigación pública, daños a la propiedad, incendio y asociación para delinquir— supuestamente cometidos al finalizar una caminata opositora en el centro de Caracas. Ese día fallecieron dos personas —Juan Montoya y Bassil da Costa— y se intensificaron las escaramuzas contra el Gobierno de Maduro.