Guillermo Moreno, el hombre que apuntala el modelo con mano dura

Cualquier empresario que se precie en Argentina sabe que el secretario de Comercio, Guillermo Moreno, puede llamarle a cualquier hora. El insulto bromista o el apretón de manos de Moreno a veces tienen más fuerza que cualquier contrato. Y si no, que se lo pregunten a los directivos de las principales cadenas de supermercados. El pasado febrero se comprometieron a congelar los precios de 10.000 productos durante dos meses en más de mil establecimientos del país. No hubo un decreto, una ley, nada. Solo una reunión con Moreno. Y a la salida, nadie denunció haberse sentido amenazado o presionado.

Pero aquel acuerdo se convirtió en un apretón de cuello para la economía de los diarios que más venden en Argentina, Clarín y La Nación, que son también los más críticos con el Gobierno. A partir de aquella medida, la mayoría de los supermercados comenzaron a cancelar los anuncios previstos para los fines de semana. Y nadie reconoció en su momento que hubiesen actuado bajo la presión de Moreno.

El cargo de secretario de Comercio es tan engañoso como la cifra oficial que sitúa la inflación en torno al 10%, cuando los convenios salariales se han firmado este año con aumentos del 23% sobre 2012. El cargo no informa sobre su verdadero poder. Porque es Moreno quien restringe las importaciones para mantener un superávit por encima de los 10.000 millones de dólares; es él quien diseña las políticas para combatir las subidas del dólar paralelo. Y fue él quien en enero de 2007 intervino el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), encargado de medir el IPC.

A partir de entonces, muchos economistas —entre ellos el actual viceministro de Economía, Axel Kicillof— denunciaron que las estadísticas oficiales habían perdido toda credibilidad. Las consultoras privadas comenzaron a publicar estudios que llegaban a duplicar la inflación oficial. Moreno sancionó a cada una con medio millón de pesos (125.000 dólares). Una de ellas, Finsoport, lo denunció y un juez imputó a Moreno por los supuestos delitos de “abuso de autoridad” e “incumplimiento de los deberes de funcionario público”. El miércoles pasado tuvo que prestar declaración durante dos horas. Al salir del juzgado, no solo se negó a contestar una sola pregunta, sino que le pidió a un secretario privado que tomara nota de todos los periodistas.