La Haya se cubre de sombras

La recta final del Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia (TPIY), que cerrará en 2016, se ha llenado de sombras. Tras 20 años de labor en los que ha conseguido la detención de los 161 principales sospechosos de los crímenes de la guerra de los Balcanes (1991-2001), las dudas sobre la actuación de su presidente, Theodor Meron, abarcan ahora todos los rincones. Polaco de nacimiento, de nacionalidad estadounidense y exasesor de la diplomacia israelí, Meron, de 83 años, habría presionado a sus colegas para que absolvieran a los altos cargos militares acusados por la fiscalía, ya fueran serbios o croatas. La denuncia es terrible, porque merma la credibilidad de un tribunal dedicado por Naciones Unidas a una región azotada por la limpieza étnica. Pero sobre todo porque proviene de uno de sus propios jueces, el danés Frederik Harhoff, en activo desde 2007.

En una carta remitida por correo electrónico a 56 personas, y divulgada por el rotativo danés BT, el jurista llega a preguntarse “si Estados Unidos o bien Israel han influido al presidente del tribunal para que cambiara de rumbo”. “No lo sabremos, pero la tenaz presión ejercida [por Meron] en los casos de Gotovina [exgeneral croata] y Perisic [exgeneral serbio] hace pensar que estaba resuelto a conseguir sendas absoluciones”, señala Harhoff. Ambos oficiales fueron condenados en primera instancia a largas penas de cárcel. Ante Gotovina, a 24 años, en 2011, por perseguir y aniquilar a civiles serbios. Momcilo Perisic, a 27 años, también en 2011, por prestar ayuda financiera y logística a los serbios que mataron a bosnios y croatas.

“Hasta el otoño de 2012, los jefes militares eran considerados responsables de los delitos de sus subordinados en la guerra de la antigua Yugoslavia. Ello alcanzaba a políticos y policías que hubieran apoyado el objetivo general de erradicar a otras etnias de ciertos territorios. Es lo que se llama formar una empresa criminal conjunta”, sigue el juez danés. En su opinión, las cosas empezaron a cambiar con Gotovina. La sala de apelación señaló en 2012 que el exgeneral “no había ordenado o aprobado los crímenes perpetrados por sus hombres”. Lo liberó, y el listón de la responsabilidad subió de grado. En febrero de este año, ocurrió lo mismo con Perisic. Cuando otros dos oficiales serbios, Jovica Stanisic, antiguo jefe de seguridad del Estado serbio, y Franko Simatovic, responsable de las operaciones especiales, fueron exonerados en mayo pasado de haber contribuido a la limpieza étnica en Bosnia y Croacia, el jurista ya no pudo más. La fiscalía, por su parte, apeló este último fallo el viernes pasado.

“La sentencia de Stanisic y Simatovic dice que los acusados ignoraban que su ayuda serviría para cometer crímenes. ¡Pero si les pagan para eso! Para asegurarse de que nadie a sus órdenes delinquirá. Uno puede pensar que los oficiales en países como Estados Unidos o Israel sentían que el TPIY se acercaba demasiado”, afirma Harhoff. “Hemos pasado de tener que probar la contribución de un acusado en un crimen a exigir su intención específica y directa. Un retroceso que me turba. ¿Cómo explicarlo a millares de víctimas? Borrar al otro de una zona considerada propia contradice el orden esencial de la vida. Estas últimas sentencias platean un dilema moral y profesional desconocido para mí. Y lo peor es la sospecha de presión política por parte de algunos colegas. Algo que cambia las premisas de mi servicio a la ley”, concluye la misiva.

Si bien el diario danés BT no explica cómo obtuvo la carta, y nadie quiere hablar abiertamente en el TPIY, el malestar de su fiscal jefe, Serge Brammertz, es conocido. “En general, una absolución demuestra que la justicia funciona, aunque no estamos satisfechos. Mi mayor frustración es que los crímenes se cometieron, nadie lo duda, pero las víctimas quedan sin justicia”, dijo en mayo. Ante la tormenta desatada por Harhoff, el fiscal ha sido cauto y firme. “Nuestro objetivo es terminar el trabajo y que el TPIY demuestre su legitimidad”, afirma en un comunicado oficial. Y añade: “Mi oficina comparte el descontento de las víctimas. Por eso presentaré el viernes [de la semana pasada] una petición de apelación contra la puesta en libertad de Stanisic y Simatovic. La de Perisic merma el respeto por las leyes humanitarias internacionales. En cuanto a Gotovina, estudiamos la posibilidad de pedir una revisión de la apelación”.

La denuncia del juez danés no puede llegar en peor momento. El TPIY cerrará en 2016 y los procesos contra los serbobosnios Radovan Karadzic y Ratko Mladic, acusados del genocidio de Srebrenica, están en marcha y precisan claridad jurídica. Lo mismo ocurre con el serbocroata Goran Hadzic. Pero la mayor duda radica en la repercusión de las absoluciones sobre la protección de los civiles allí donde las fuerzas enfrentadas sean más poderosas que en la antigua Yugoslavia.