La UE exige a Bielorrusia una moratoria inmediata de la pena de muerte

La Alta Representante de Política Exterior de la UE, Catherine Ashton, ha condenado hoy la ejecución en Bielorrusia de los dos hombres juzgados como responsables de la masacre del metro de Minsk el año pasado y ha pedido a la ex república soviética una moratoria inmediata de la pena de muerte en el único país de Europa que todavía mantiene este castigo en vigor.

Hoy se ha conocido que el segundo joven acusado a la pena capital había sido ejecutado, a pesar de la petición de sus familias de que se revisara su sentencia, tras afirmar que hubo irregularidades en la investigación, y de los llamamientos de la comunidad internacional y organizaciones de derechos humanos que pedían que se suspendiera la condena.

"La Alta Representante es consciente de los terribles crímenes de los que estaban acusados estos dos hombres" pero "al mismo tiempo, destaca que ninguno de ellos fue juzgado según el procedimiento debido y no tuvieron la oportunidad de defenderse", según una nota oficial.

Los familiares de Dmitri Konovalov y Vladislav Kovaliov hicieron saber que ambos fueron fusilados por su implicación en el atentado perpetrado en mayo de 2011 en la estación de Octubre del metro de la capital bielorrusa que causó la muerte de 15 personas y heridas a decenas más. Durante el juicio, Kovaliov aseguró que nunca había confesado y que solo había aceptado testificar contra Konovalov, amigo suyo de la infancia, tras oir sus gritos desde una celda cercana. Tras la condena,

pidió la clemencia del presidente bielorruso, Alexander Lukashenko. sin embargo, este rechazó amnistiarles y alegó la gravedad del crimen.

"La pena de muerte es un castigo cruel e inhumano que no sirve en modo alguno de contingente, y representa una negación inaceptable de la dignidad e integridad humanas", indicó el comunicado. "Por lo tanto, la Alta Representante solicita a Bielorrusia, el único país de Europa que la sigue poniendo en práctica, que se una a una moratoria global sobre la pena de muerte como primer paso a su abolición universal".

El Parlamento Europeo aprobó esta semana una resolución en la que exige a Lukashenko indultar a los condenados y liberar inmediatamente a todos los presos políticos, incluidos los candidatos en las elecciones presidenciales de 2010 que todavía siguen en prisión.

En los últimos 17 años, en Bielorrusia se han impuesto cerca de 100 penas de muerte y solo en un caso Lukashenko concedió el indulto, según la emisora Kommersant FM, que citaba al corresponsal de la Radio Europea de Bielorrusia. Liobov Kovaleva, la madre de uno de los condenados, se ha dirigido a la ONU y alega que la decisión definitiva se ha tomado cuando todavía no se habían agotado todos los recursos de apelación.

En 2007, preguntado por este periódico sobre la pena de muerte, Lukashenko se remitía a un referéndum de 1996 en el cual un 80,44% de la población se manifestó en contra de abolir la pena capital. Aunque habían pasado once años desde entonces, el líder bielorruso consideró que aún era “pronto” para abolir la pena de muerte y argumentó que el número de condenas había disminuido. “Si antes eran unas 50 o 30, y en época soviética los condenados seguramente eran aún más, ahora son casos aislados, menos de una decena, y apenas tenemos, porque además introdujimos la cadena perpetua”. “Solo [se impone la pena de muerte] si el crimen está del todo probado y el criminal, orgulloso de él”, sentenciaba.

Alrededor de cuarenta personas se han acercado hoy de uno en uno y pancartas en mano a la embajada bielorrusa en Moscú, para así no faltar a la ley de mítines rusa que prohíbe manifestaciones públicas sin autorización previa, para expresar su repulsa por la ejecución y depositar flores en memoria de los ajusticiados.

La veterana presidenta de la ONG rusa Grupo de Helsinki de Moscú, Ludmila Alexéyeva, calificó de "horror" el fusilamiento y puso en duda su autoría en el atentado terrorista en el metro de Minsk por el que fueron condenados.