62 jueces de Brasil, sospechosos de lucrarse con la venta de sentencias

No solo los políticos, también los jueces forman parte del “sistema de corrupción” instalado en Brasil denunciado días atrás por el expresidente de la República el sociólogo Fernando Henrique Cardoso.

El patrimonio de al menos 62 jueces, acusados de haber vendido sentencias para enriquecimiento personal, está siendo analizado por el mayor órgano de control del poder judicial (la Corregiduría Nacional de Justicia), la Policía Federal, el Banco Central y por el Consejo de Control de Actividades Financieras.

Existe en este momento una lucha sorda entre entre las asociaciones de jueces y el Consejo Nacional de Justicia (CNJ), acusado de abusar de sus poderes en la investigación de los jueces.

La investigación del patrimonio de los 62 jueces bajo sospechas de ilegalidad se está llevando a cabo en secreto, según ha informado hoy el diario Folha de São Paulo, y se ha ampliado a amigos y familiares que podrían ser cómplices del enriquecimiento ilegal de los jueces. Según algunos analistas políticos, esta investigación forma parte del nuevo clima creado por la presidenta Dilma Rousseff, alérgica a cualquier tipo de ilegalidad entre los funcionarios del Estado, sin exclusiones.

Hasta la llegada a la presidencia de Rousseff existía la idea en la opinión pública de que en Brasil reinaba no solo la corrupción en la Administración del Estado, sino también y sobre todo la impunidad. Hasta el momento, la presidenta ha sido severa contra la corrupción y lo que esperan ahora los ciudadanos de a pie es que muestre la misma actitud contra la impunidad. No basta, dice la sociedad civil, con retirar de su cargo a un ministro o a un juez o a cualquier funcionario público acusado de corrupción si después no son llevados ante la justicia y no se les obliga a devolver el dinero sustraído al Estado.

La venta de sentencias por parte de los jueces y el hecho de que sean ellos quienes acaben absolviendo prácticamente a los políticos acusados de corrupción es una de las cuestiones que más irritan a la opinión pública y que acaba reflejándose en las cartas de los lectores a los periódicos y en las páginas de Internet. Si ya les escandalizan las ilegalidades de los políticos, la sola sospecha de que los jueces puedan también subirse al tren de la corrupción deja más indignados a los ciudadanos. La presidenta brasileña lo sabe y ha dado luz verde a los órganos de investigación para que actúen con seriedad y rigor, como lo está haciendo en su Gobierno, del que ha alejado a ministros y asesores de la máxima importancia. “En mi Gobierno no aceptaré ilegalidades”, es su lema.