Brasil anuncia un ajuste fiscal para protegerse de la crisis

La presidenta Dilma Rousseff no es alarmista y por eso insiste en que Brasil no corre un peligro inmediato de ser afectado gravemente por la crisis mundial. Pero es pragmática y quiere curarse en salud ante la posibilidad de que la crisis pueda, de alguna forma, afectar a la economía del país que ella recibió en el peor momento de los últimos ocho años.

Por todo ello ha tomado una decisión que ha provocado el inmediato malestar en las centrales sindicales, cuyos líderes se han reunido este lunes con ella y con el ministro de Economía, Guido Mantega: la de usar el exceso de recaudación para elevar el superávit primario del 3% al 3,5% del PIB, para dar de este modo tranquilidad a los mercados internacionales. Al mismo tiempo, se ha comprometido a recortar el gasto público, aunque sin que ello afecte a los programas sociales. El superávit primario, que el Gobierno utiliza como referencia para su política fiscal, es la diferencia entre los ingresos y los gastos de todo el Estado, incluyendo estatales y gobiernos regionales y municipales, sin tener en cuenta los recursos destinados al pago de intereses de la deuda pública.

En su agenda figura también un nuevo ajuste que podría ser de 15.000 millones de reales (unos 6.500 millones de euros) al mismo tiempo que se opone a que el Congreso apruebe medidas que aumenten el gasto.

El presidente de Fuerza Sindical, el diputado Paulo Pereira da Silva, presente en la reunión, ya ha confirmado que las medidas de la presidenta "no cuentan con la bendición de los sindicatos". Reconoce que el aumento del superávit primario sería una forma de enfrentar la crisis, pero que ello debería estar acompañado de una rebaja drástica e inmediata de los intereses, que en este momento, con un 12,5%, son de los más altos del planeta.

"Cada vez que se aumenta el superávit primario, los sindicatos lo interpretamos como una economía dirigida a los banqueros internacionales", ha afirmado el diputado sindicalista.

Según el presidente de la Central General de Trabajadores de Brasil (CGTB), también presente a la reunión, Rousseff rebatió todas las críticas de las centrales sindicales al afirmar que ella no está haciendo una "política de recesión" -como acusan los sindicatos- sino que se trata más bien "de una forma nueva de atajar la crisis", ya que, según ella, las herramientas usadas en esta crisis son diferentes de las que se utilizaron en la crisis de 2008.

Rousseff ha pedido a los sindicatos que "examinen la coyuntura económica antes de criticar" las medidas que su Gobierno ha tomado. El ministro Mantega ha querido destacar ante la prensa que Brasil camina a "contramano" de los países desarrollados en crisis y que el modelo brasileño, de conseguir al mismo tiempo ajuste fiscal y crecimiento económico, "no se va a tocar", ya que, según él, es lo que mejor puede proteger de la crisis, que, dijo "podría agravarse".

Los sindicalistas han amenazado con convocar una manifestación mañana frente al Banco Central para exigir la bajada de los tipos de interés que, en su opinión, estarían frenando el crecimiento de la economía. Las últimas previsiones oficiales apuntan a que el crecimiento del país para este año no alcanzará el 4%, mientras crece la recaudación de impuestos, considerados por los analistas económicos también de los más altos del mundo.

Un brasileño necesita hoy trabajar cinco meses del año para pagar sus impuestos, por lo que la reforma tributaria está considerada como de la mayor urgencia, aunque siempre acaba aplazada por las resistencias del Congreso, ya que tocaría muchos intereses creados en el pasado.