La Justicia interviene una influyente empresa salvadoreña

La Fiscalía General de El Salvador ordenó el lunes la captura, además del embargo de cuentas y propiedades, de los tres directivos y propietarios de la influyente empresa salvadoreña Baterías de El Salvador, que produce y comercializa la marca Record en el mercado centroamericano. El motivo es que se negaron a asistir en tres ocasiones a la citación de un tribunal en el cual se les procesa por contaminar gravemente el medio ambiente con plomo e infligir leyes de seguridad establecidas.

Este hecho no tiene precedentes en la historia judicial salvadoreña. Se trata de una orden de arresto y de embargo de bienes contra miembros de una poderosa e influyente familia, que además está relacionada con el poder político. Los demandados son Ronald Lacayo Arguello, Sandra Lacayo de Escapini y Ofilio Gurdián Lacayo, parientes cercanos de Miguel Lacayo, un renombrado empresario que fue Ministro de Economía en el pasado periodo presidencial (1990-2004) con Francisco Flores.

La empresa Baterías de El Salvador está procesada desde el año pasado por graves delitos ambientales, que afectaron a por lo menos 522 personas, de ellos un centenar de menores de edad, que se encuentran intoxicados por el plomo con el que se producen las baterías de automotores.

"Estamos contentos y satisfechos por el intento de que haya justicia y que no se evada, pese a lo poderosa que pueda ser la familia Lacayo", aseguró a EL PAÍS el líder ecologista Ángel Ibarra, de la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES), quien además advirtió que "el litigio es aún mayor porque sabemos que la empresa, que tiene accionistas estadounidenses, está preparando para llevar el caso a una entidad arbitral del Banco Mundial (BM), en virtud del Tratado de Libre Comercio (TLC) suscrito entre Estados Unidos y Centroamérica".

Los abogados de la familia Lacayo, que es originaria de Nicaragua, han expresado que sus clientes no han acudido a las citaciones por encontrarse fuera de El Salvador. Los demandantes, que pertenecen a una comunidad rural en la localidad de Sitio del Niño, en la provincia central de La Libertad, exigen un monto de más de 140 millones de dólares para descontaminar la zona, mientras la Comisión de Salud y Medio Ambiente del Parlamento recomendó a la Fiscalía General acusar a la empresa de delito de "lesiones graves" contra los campesinos de la zona y de los mismos trabajadores de Record.