China condena a muerte a uno de los acusados de esclavitud
El escándalo estalló en junio con la liberación de centenares de obreros en la provincia de Shanxi
Escasos quince días han bastado para conocer la primera sentencia del Tribunal Popular Intermedio, en Pekín. Pena capital. Un castigo que presume la dureza con que la justicia china dictará las condenas de los otros 11 imputados en el escándalo de esclavitud que sobrecogió a la opinión pública internacional a principios del pasado junio, cuando se conoció que centenares de obreros chinos soportaban condiciones de esclavitud en fábricas ladrillo y minas de carbón de la provincia de Shanxi, en el norte del país. Entre los primeros procesados figura Wang Bingbing, dueño de la primera ladrillera donde se hallaron los esclavos e hijo del secretario general del Partido Comunista de China en Caosheng, municipio donde se situaba la factoría.
El primer condenado a muerte del proceso es Zhao Yanbing, empleado en una de las ladrilleras, considerado culpable de esclavitud. Yanbing maltrató hasta la muerte a uno de los obreros-esclavos a su cargo para hacerle entender que "debía trabajar más rápido". Su testimonio le ha traído en gracia la pena capital, según las consideraciones del vicepresidente de la Corte Suprema de Shanxi, Liu Jimin.
El obrero, cuyo fallecimiento sostiene la primera sentencia del proceso, vivía encerrado, descalzo y semivestía inapreciables harapos. Como el resto de sus compañeros de ésta y otras fábricas implicadas en el escándalo, se alimentaba a base de pan y agua y sufría maltratos. Hasta fallecer, a manos de su patrón, como consecuencia de una de esas palizas.
El escándalo, extendido a la provincia vecina de Henan, salió a la luz la pasada primavera, cuando los padres de más de 400 niños desaparecidos en la provincia de Henan -vecina a Shanxi- denunciaron que muchos de ellos estaban trabajando en este tipo de lugares, en condiciones infrahumanas. El caso se mediatizó de tal forma, con la cobertura en directo de la liberación de los esclavos que el Gobierno chino prometió una amplia inspección de fábricas de ladrillos y minas en todo el país y "duros castigos" a los responsables.
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