La vida digna de Noelia Castillo o la ausencia de atención psicológica de calidad

Noelia Castillo murió después de 601 innecesarios días de sufrimiento y humillación en los que le fue negado ejercer su derecho soberano debido al sabotaje constante de la fundación de ultraderecha Abogados Cristianos. Su caso, judicializado y televisado, ha desatado el debate sobre el derecho incuestionable a una muerte digna. Y para mi sorpresa, no ha abierto el urgente debate sobre el derecho a una vida digna de los niños y adolescentes. Y por vida digna entiendo una donde el dolor psíquico esté atendido. En estos días hemos conocido que la infancia y adolescencia de Noelia estuvieron marcadas por el dolor psíquico. Y hasta donde sabemos, dado que Noelia era española y no era rica, lo más probable es que no tuviera acceso a la atención psicológica que necesitó.

Noelia Castillo vivió una infancia en una familia disfuncional, una adolescencia bajo la tutela de instituciones y una vida marcada por episodios de vulnerabilidad, entre ellos una agresión sexual múltiple, tras la que intentó quitarse la vida. Noelia no se quedó tetrapléjica por una enfermedad sino por un intento fallido de suicidio. El dolor psíquico que padeció en su vida no cuestiona en ningún caso sus facultades mentales para ejercer su derecho a una muerte digna, pero sí nos obliga a preguntarnos si ese dolor estuvo atendido. Si su vida pudo ser vivida con dignidad; con recursos, solidaridad y atención. Y no se confundan, no me pregunto si pudo evitarse su decisión legítima y soberana con ayuda psicológica. No estoy hablando aquí de evitar el bienmorir sino de garantizar el bienvivir y la protección incuestionable en edades tempranas. En España no hay suficientes profesionales de salud mental al alcance de niños y jóvenes y ni siquiera están donde debieran. Ni los colegios ni los centros de educación (públicos o privados) están provistos para detectar el sufrimiento psíquico. Y cuando llega a conocerse ese padecimiento (tantas veces invisible) debería haber herramientas para tratarlo, que también brillan por su ausencia. Por último, debería haber instituciones públicas para acoger los casos más graves. Pues bien: no hay nada de eso. Los recursos en salud mental infantojuvenil se administran con cuentagotas, como las camas para casos de psiquiatría en los centros públicos: ni hay ni se las espera.

¿A cuántos niños y adolescentes condenamos a una vida sin el cuidado que precisan? En este momento nuestro país atraviesa una silenciosa pandemia de salud mental infantojuvenil después de la covid-19. Y lo que es peor, en este contexto la ultraderecha no solo niega la muerte digna sino que fomenta la vida indigna a través de la degradación de la sanidad pública. Hay muy poca ayuda y no muy buena. Y no hablo de la calidad de los profesionales sino de sus condiciones laborales. Los psiquiatras y psicólogos públicos no pueden trabajar como quisieran ni atender a sus pacientes como deberían por las gravísimas deficiencias del servicio. Así que la poca atención de calidad que queda (con tiempos razonables para atender a los pacientes) queda reducida al sector privado y hay que pagarla a un precio que la mayoría no puede asumir. Noelia nos recuerda por tanto dos cosas: que el derecho a una muerte digna es inalienable y que el derecho a la vida digna y protegida de los menores y jóvenes está siendo cruelmente cuestionado.