La imposible moción de censura y las inciertas elecciones anticipadas

La insostenible situación provocada por la investigación de la Guardia Civil respecto a posibles mordidas cobradas por el secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, a cambio de la concesión de obras públicas debería resolverse con el mecanismo previsto en el artículo 113 de la Constitución: la presentación por parte del Partido Popular de una moción de censura contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El problema es que los populares no pueden recurrir al mecanismo de control parlamentario apropiado porque la moción de censura, en España, debe proponer un candidato alternativo a la presidencia de Gobierno y ese candidato debe reunir el voto favorable de la mayoría absoluta de diputados. Es muy poco probable que Alberto Núñez Feijóo alcance esa mayoría. El PP ha desarrollado a lo largo de toda la legislatura una política de aproximación a Vox, que le hace incompatible con los partidos nacionalistas, incluso con el PNV, sin cuyos votos es imposible alcanzar esa mayoría absoluta. Así que el Partido Popular tiene que optar necesariamente por exigir el adelanto de las elecciones generales, algo que es prerrogativa exclusiva del presidente, como la única manera de poner al PSOE y a Sánchez frente a su propia responsabilidad. Es posible que a esa exigencia sí se puedan unir ahora las voces del PNV o de ERC, aunque es difícil que, en mitad de una crisis internacional tan peligrosa como la desatada por el ataque de Israel (potencia nuclear) a Irán, alguien quiera aumentar la inestabilidad política propia.

El presidente del Gobierno no puede, sin embargo, pretender desvincular su futuro del de Santos Cerdán como hizo en el caso del exministro Ábalos, porque ha defendido su inocencia hasta el último segundo y porque Santos Cerdán ha participado en buen número de las iniciativas políticas del presidente del Gobierno, empezando por las conversaciones con el partido de Puigdemont a propósito de la ley de Amnistía. Si los indicios sobre su corrupción resultan sólidos, el presidente Sánchez está obligado a implicarse en la búsqueda de una salida a la crisis.

Quizás no parezca el momento más adecuado para reivindicar la solidez de la estructura constitucional española, pero lo cierto es que el sistema democrático de 1978 está siendo capaz de resistir ataques muy profundos y de ofrecer salidas a las distintas crisis. La vía más apropiada debería ser la moción de censura, dado que los gobiernos, según la Constitución española, entran y salen de acuerdo con las mayorías parlamentarias. Si esa vía está cegada por las circunstancias políticas particulares, queda en manos del propio presidente hablar con los responsables de los distintos grupos parlamentarios y ofrecer una salida. Las elecciones anticipadas, por mucho que Sánchez las haya rechazado de nuevo estos días, es una salida verosímil. La presentación de la moción de confianza sería otra.

Es evidente que el Partido Popular insistirá ahora más que nunca en la convocatoria anticipada. Núñez Feijóo está convencido de que su mejor oportunidad de alcanzar la presidencia es en medio de la extremada campaña de ruido y bulos que lleva alentando desde hace meses. Es cierto que el presidente Sánchez puede presentar unos datos económicos buenos y que el Tribunal Constitucional está a punto de dictar su resolución a favor de la ley de Amnistía, que ha permitido llevar a un socialista a la Generalitat. Pero también que no cuenta con unos Presupuestos, que las relaciones con sus anteriores socios de Gobierno son inestables y que se encuentra sumido en un fuerte enfrentamiento con parte de los jueces y fiscales de este país, radicalmente opuestos a la ley de Amnistía y a las reformas previstas por el ministro de Justicia.

Si las presiones de sus antiguos aliados le llevaran finalmente a adelantar las elecciones, la campaña electoral se desarrollaría en medio de un clima extremadamente polarizado y con el populismo de extrema derecha mejorando sus expectativas, según la mayoría de los sondeos de opinión. El PSOE partiría en desventaja, con varios grupos a su izquierda intentando aprovechar la circunstancia, pero también con la posibilidad de centrar su campaña no sólo en sus logros económicos, sino también en el hecho de que el Partido Popular tendrá dificultades para recuperar voto en Cataluña, País Vasco y Comunidad Valenciana, en los dos primeros casos por la asimilación que hacen muchos votantes entre PP y Vox, a causa de la continua defensa que hace Isabel Díaz Ayuso del nacionalismo español como único legítimo, y en el último a causa del lastre que supone el actual presidente, Carlos Mazón, que es capaz de querer repetir candidatura.