Administraciones inservibles

Dicen los expertos que el sistema de Administración Pública determina directamente el grado de bienestar y las oportunidades de una vida feliz para los habitantes de un país. La Administración contribuye a la satisfacción de las necesidades materiales, sociales, culturales de la población. Por eso es tan importante que sea eficiente y tan inquietante que las administraciones públicas españolas tengan tantos problemas a la hora de hacer satisfactoriamente su trabajo y que padezcan una manipulación política tan feroz.

El escándalo de la desprotección en la que se han encontrado y se encuentran niños y adolescentes confiados a la tutela de las administraciones autonómicas, y pese a ello víctimas de redes de narcotráfico y prostitución, debería provocar verdadera repulsión. Da igual si la gestión de esos vergonzosos centros estaba confiada a empresas particulares o no, porque la responsabilidad legal y moral es de los funcionarios encargados de controlar su buen funcionamiento y es la Administración Pública la que debe rendir cuentas de tan cruel abandono.

Lo cierto es que, en contra de la impresión extendida entre los ciudadanos, las administraciones españolas (estatal, autonómica y local) no están especialmente bien dotadas de personal, mucho menos de personal especializado, y sufren una carencia persistente de medios, regulación clara de un trabajo preciso y, desde luego, de la información para saber el resultado de las políticas que implementan.

Los ciudadanos tampoco parecen muy conscientes de qué ámbitos abarcan esas administraciones: sanidad, educación, fuerzas de seguridad del Estado, Fuerzas Armadas, transporte, administración de justicia, cultura, pensiones y servicios sociales… Según datos oficiales, en enero de 2021 existían 2.710.405 trabajadores públicos, lo que supone el 15,7% del total del empleo y está sustancialmente por debajo de la media de la OCDE (17,7%) y de la Unión Europea (casi el 20%). Hace poco, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, explicaba que en España “hay tres trabajadores en el sector educativo por cada 100 habitantes y menos de cinco en el sanitario, muy por debajo de nuestros socios europeos”. Y se extrañaba de que se pudiera criticar el “moderado” crecimiento del empleo público en esos sectores.

Cuando se dice que en España los “profesionales sanitarios” son más de 900.000 (903.946 para ser precisos, según datos de 2020), muchas veces no se advierte que esa etiqueta estadística incluye a enfermeros/as (35,9% del total) y médicos/as (30,5%), pero también farmacéuticos (8,5%), fisioterapeutas (6,6%), dentistas (4,4%), psicólogos (3,8%), veterinarios (3,8%), ópticos (2,2%), logopedas (1,1%) y podólogos (0,9%). Según el Instituto Nacional de Estadística, hay menos de 290.000 enfermeros colegiados y unos 253.000 médicos. Los expertos estiman que están por debajo de las necesidades, al margen de la pandemia, y amenaza además la pronta jubilación de casi el 20% de los médicos.

No solo en sanidad o en educación. También falta personal especializado en centros de ancianos, de menores, oficinas de empleo, servicios sociales (en Madrid, varios funcionarios acaban de dejar puestos de responsabilidad por la imposibilidad de hacer su trabajo en condiciones tan precarias). No se ejerce el control imprescindible ni se puede garantizar el bienestar que se supone que las administraciones deben ofrecer.

Un reciente estudio de la Universidad de Gotemburgo (hecho por Víctor Lapuente y otros) analiza la calidad del Gobierno en muchas regiones de Europa tomando como parámetros la percepción de la corrupción, la imparcialidad del Gobierno regional y la calidad de los servicios. El resultado para las regiones españolas no es ni medianamente satisfactorio. Solo el País Vasco, Asturias y La Rioja ofrecen un balance positivo. La experiencia en las europeas con mayor índice de satisfacción indica que tienen agencias o equipos especializados de evaluación externa y un firme compromiso político de usar las evaluaciones para impulsar reformas.

Sin control externo será difícil que prospere el programa de modernización de las administraciones incluido en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia presentado por el Gobierno en 2021. Urge que las administraciones autonómicas y locales se doten de personal especializado, algo imposible si siguen recurriendo a personal en precario. No es un deseo. Es una obligación.

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