Un debate político real

Se abre el tercer año de la legislatura del Gobierno de coalición presidido por Pedro Sánchez con la política española cada día más polarizada e hiperpartidista y nada permite creer que esa situación vaya a cambiar en un futuro cercano. Es uno de los grandes problemas del país y, desde luego, el que más espacio ocupa en el propio debate político, sea en el Parlamento, sea en las tertulias de todo tipo que siguen colonizando la información. Y, sin embargo, se podría decir que los dos años que han transcurrido desde enero de 2020 en que el presidente Sánchez tomó posesión han sido escenario de una frenética actividad legislativa, impulsada desde La Moncloa, y que es esa política real, llevada a cabo a ritmo de emergencia, la que saca de quicio a la oposición y muy especialmente a los sectores más conservadores de la derecha.

La agotadora pandemia que todavía nos sacude y nos llena de incertidumbre se inició pocos días después del arranque del nuevo Gobierno. Parece difícil recordar el ritmo que lleva el calendario de estos 24 meses, pero las elecciones se celebraron el 10 de noviembre de 2019, el 12 de ese mes Sánchez (PSOE) y Pablo Iglesias (Unidas Podemos) anunciaron su acuerdo, el 12 de enero Sánchez presentó su primer Gabinete (con 17 ministros socialistas y 5 de UP) y el 31 se confirmó el primer caso de covid-19 en La Gomera. El 11 de marzo, la OMS decretó el estado de pandemia mundial y, tres días después, Sánchez anunció el estado de alarma y el confinamiento de la población en todo el territorio nacional. Comenzó la gran cuarentena.

Veinte meses después, la covid-19 sigue haciendo estragos, pero 38 millones de españoles (de un total de 47 millones) han recibido la pauta completa de vacunación. Y en este mismo periodo de tiempo se han aprobado dos Presupuestos Generales del Estado (poniendo fin a la extraordinaria anomalía que llevó al anterior Gobierno de Mariano Rajoy a prorrogarlos durante tres años) y han recibido luz verde en el Congreso 19 leyes ordinarias, 10 leyes orgánicas y 30 decretos ley que afectan a muchos de los aspectos más importantes de la vida de los ciudadanos: educación, pensiones, trabajo, sanidad, seguridad nacional (con una nueva red de alerta temprana)… Paralelamente, un nuevo Gobierno autónomo encabezado por Pere Aragonés (Esquerra Republicana) ha restablecido la legalidad democrática en Cataluña. Y en la UE se ha producido uno de los más importantes giros de las últimas décadas: un impresionante programa de recuperación económica financiado, en parte, con deuda comunitaria, lo nunca antes visto.

Los ciudadanos escuchan muchísimas cosas sobre el presidente, sobre el Gobierno y su vicepresidenta Yolanda Díaz, sobre la oposición y sobre su líder, Pablo Casado, pero parecen ser poco conscientes de la esencia real de la política, que son las leyes y su impacto en la sociedad. Seguramente es pronto para evaluar bien los cambios que se han introducido (sobre todo si sigue sin existir un organismo independiente encargado de la tarea, algo fundamental en las democracias e inexplicablemente imposible en España). Pero es extraño que no exista una percepción más clara de los cambios que se han producido, bien sea para analizarlos como insuficientes o para criticarlos como excesivos o ineficaces. Lo cierto es que en estos dos años se han producido cambios reales (es decir, legislativos) no solo en las relaciones laborales, con la reforma anunciada esta misma semana, sino en medio ambiente (ley Ribera), educación (ley Celaá), pensiones (ley de garantías del poder adquisitivo y de sostenibilidad), prestaciones sociales (Ley del Ingreso Mínimo Vital, publicada finalmente en el BOE del 20 de diciembre, y real decreto sobre salario mínimo), sanidad (ley de regulación de la eutanasia, que entró en vigor el 25 de julio) o trato a los animales (ley sobre su nuevo régimen jurídico), solo por citar algunos de los 59 nuevos textos legales.

El mandato de Sánchez como presidente no quedará definido por sus grandes dotes oratorias (no se puede decir que abunden en su historial piezas memorables de retórica), ni tan siquiera por lo que previno o evitó (si la campaña de vacunación finalmente demuestra ser la mejor arma posible contra la mortandad de la covid-19), sino que debería serlo por el conjunto de leyes que se aprobaron en este periodo de tiempo. Es decir, sobre si impulsó un cambio eficaz para este país o no. Ese es el único debate político real.

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