Los ayuntamientos vascos alertan de que falta el 70% de secretarios e interventores municipales

Las instituciones vascas han lanzado un SOS por la escasez de funcionarios con habilitación nacional para los puestos de secretario, interventor o tesorero en los ayuntamientos de esta comunidad autónoma. De las cerca de 400 plazas reservadas para estos profesionales en los 251 ayuntamientos del País Vasco, solo 199 (el 30%) están desempañados por titulares. El resto están vacantes o en manos de personal interino, cuando no de prestado con funcionarios de otros consistorios. “Llevamos muchos años padeciendo retrasos, bloqueos y anulaciones” de los procesos de selección de los funcionarios de habilitación nacional, señala la consejera María Ubarretxena. “Es inaudito”, se queja la titular vasca de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno.

Los funcionarios de administración local con habilitación nacional (FHN) son seleccionados mediante oposición por el Estado para realizar funciones públicas esenciales e imprescindible para garantizar la legalidad y el control económico-financiero de las entidades locales. La judicialización de los últimos concursos públicos convocados por el Gobierno vasco para dotarse de este personal ha llevado a una situación de “parálisis y bloqueo”, según denuncian representantes del Ejecutivo autónomo, las tres diputaciones vascas y de la Asociación de Municipios Eudel, todas en manos del PNV.

La raíz del problema radica en las discrepancias existentes sobre cuál es el organismo competente para seleccionar a los funcionarios con habilitación nacional que van a trabajar en los ayuntamientos vascos y también en los niveles de conocimiento de euskera que se les solicita a los candidatos que quiere obtener la habilitación nacional. Los aspirantes deben acreditar un C2 de euskera (el más alto, equivalente a un Proficiency en inglés).

Los últimos procesos selectivos de este personal convocados por el Gobierno vasco para cubrir las vacantes existentes han sido recurridos en los tribunales por el Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros (Cosital), que han sido atendidos por el Tribunal Superior vasco. El PP también ha acudido a la justicia en contra de la gestión que se ha realizado con este cuerpo de profesionales. El Gobierno de Pradales sostiene que Euskadi cuenta con “un marco competencial sólido y reconocido en esta materia”, y lamenta que las impugnaciones que se han presentado “por motivos partidistas y corporativistas” han dado lugar a suspensiones cautelares, anulaciones judiciales y cuestiones de inconstitucional que están “generando una prolongada incertidumbre jurídica en la administración local”. Cada oferta de empleo pública, todos los procesos de estabilización y las bolsas de trabajo temporal que se han promovido por las instituciones vascas han sido sistemáticamente rechazadas por las organizaciones profesionales. Los primeros encontronazos sobre la elección de estos funcionarios se remontan al año 2008, según Ubarretxena.

El resultado final es que “los municipios vascos, sobre todo los de menor tamaño, tienen dificultades reales para mantener su actividad ordinaria”, comenta la presidenta de Eudel, Esther Apraiz (PNV), a la sazón alcaldesa de Derio (Bizkaia). Para tratar de paliar este déficit y evitar que los municipios quedasen desatendidos, las instituciones locales han tenido que realizar nombramientos provisionales, interinos y acumular tareas con funcionarios de otros ayuntamientos.

Uno de los consistorios afectados por esta situación es el de Iruña de Oca (Álava). Su alcalde, el socialista Michel Montes, explica que el puesto de secretario lo tienen cubierto ahora con un funcionario interino proveniente de una bolsa de trabajo de Legutiano “mientras seguimos a la espera de si hay un acuerdo definitivo entre las administraciones central y vasca”. “Un ayuntamiento puede funcionar sin el alcalde, pero sin el secretario no”, afirma el regidor. Para salvar la plaza vacante, Iruña de Oca ha optado por aprobar en un pleno, con el informe preceptivo no vinculante del servicio de Política Lingüística del Gobierno vasco, rebajar el nivel de euskera que se le exige al funcionario y eliminar la fecha de preceptividad, de tal modo que deja de haber un plazo obligatorio a partir del cual se exige un determinado perfil lingüístico.

Esta misma solución se ha adoptado también en Labastida (Álava), con alcalde del PP. Daniel García señala que “lo fundamental es que el ayuntamiento siga funcionando y no haya paralización de licencias de obra, de actividad, y que las decisiones tengan una garantía de legalidad”. “Nosotros nos quedamos sin secretario y los dos concursos que se convocaron quedaron desiertos. Al final hemos optado por mantener el perfil lingüístico [de euskera] pero quitamos la fecha de preceptividad porque el tema del idioma estaba siendo el principal hándicap. De esa forma pueden acceder al puesto funcionarios con habilitación nacional de otras comunidades limítrofes”, añade.

Cosital, expone la presidenta del colegio oficial de Bizkaia, Josune Urrutia, defiende que “no se descentralice el proceso de elección de los funcionarios con habilitación de carácter nacional”, porque “somos un único cuerpo estatal”. “Hay determinados municipios en los que el euskera tiene que ser un requisito obligatorio, pero en otros es más discutible la exigencia máxima [del idioma]. Pero esta cuestión es algo que deben decidir las corporaciones locales al elegir a los profesionales para esos puestos. Nadie dice que el euskera no tiene su importancia, pero lo convierto en un mérito, no en un requisito de acceso. El nivel de euskera lo tendrían que decidir los Ayuntamientos en sus concursos”, remarca.

Las instituciones vascas van de la mano y están coordinándose para tomar medidas para tratar de atajar esta situación. El pasado 27 de enero se publicó en el Boletín Oficial del País Vasco el nombramiento de funcionarios con habilitación nacional derivados de un proceso de estabilización, cuyas tomas de posesión se están ultimando. Están próximas a salir las bases para constituir bolsas temporales “con mayor seguridad jurídica” que permitan cubrir vacantes “de forma ágil”. Los exámenes podrían celebrarse antes del verano, según los cálculos del Gobierno vasco. Y, por último, se va a elaborar “a medio plazo” un nuevo decreto que ordenará, clarificará y reforzará las responsabilidades de las instituciones vascas en la gestión de estos funcionarios con el objetivo de “contar con un sistema estable, claro y adaptado a la realidad institucional vasca”.