Andalucía, Madrid y Castilla-La Mancha acudirán a un arbitraje si Ecoembes no les paga 136 millones más al año por sus envases

Andalucía, Madrid y Castilla-La Mancha acudirán a un arbitraje si Ecoembes no les paga al menos 136 millones por la recogida y tratamiento de sus envases domésticos. Tras casi tres años de negociaciones infructuosas, esas tres comunidades ―Madrid excluye la capital, que negocia en paralelo― han dicho basta ante la imposibilidad de cerrar un acuerdo económico para sus 1.883 Ayuntamientos. Ecoembes es la compañía sin ánimo de lucro fundada por los grandes fabricantes de envases para afrontar el pago del reciclaje.

La decisión es trascendental porque el dinero que obtengan las tres regiones mediante laudos beneficiaría a las otras seis que sí han firmado un nuevo convenio con Ecoembes para 2024-2028, como Cataluña o Galicia. Otras ocho autonomías siguen negociando. Sobre la mesa, unos 500 millones, según calculan los expertos, que podrían recaer sobre las arcas públicas de los 8.132 Consistorios españoles, sobrepasados por los costes que conlleva el reciclaje de la basura urbana, que debe crecer con rapidez para cumplir los objetivos europeos.

El patio anda muy revuelto en el mundo de los residuos. La ley fija que todas las empresas que ponen envases en el mercado deben pagar por su recogida, recuperación y reciclado en base al principio de que quien contamina paga. Para ello, hace 30 años las empresas productoras, envasadoras y distribuidoras de envases domésticos ―entre ellas marcas como Danone, Coca-Cola o Mercadona― crearon Ecoembes, una compañía sin ánimo de lucro para vehicular los costes de la gestión de los deshechos, ya que los que prestan estos servicios son los municipios. Sin embargo, para cubrir este coste, que asciende a 6.000 millones según el sector, los Ayuntamientos y las 17 comunidades que negocian en su nombre se han quejado siempre de que Ecoembes no les paga el coste real que soportan por esta gestión. Ambas partes llevan desde junio de 2023 en un enrevesado tira y afloja.

Ahora, tres regiones advierten de que la diferencia económica es insalvable y sus Consistorios se ahogan. “Hay una situación de bloqueo y los Ayuntamientos no queremos hacer negocio, solo que nos paguen lo que permite una recogida de calidad. La oferta que nos hace [Ecoembes] no cubre los gastos y esto se solucionaría haciendo números juntos, porque no podemos seguir mareando la perdiz de forma eterna. Y si no hay voluntad, iremos a laudo”, advierte Ricardo Luis Izquierdo, representante de la federación madrileña de municipios en las negociaciones y director general de economía circular del Ayuntamiento de Fuenlabrada (PSOE). La “diferencia mínima” que calcula la federación madrileña respecto a la oferta de Ecoembes asciende a 24 millones de euros al año para sus 178 localidades y 3,6 millones de habitantes, excluida la capital.

Andalucía tiene casi decidido que acudirá al arbitraje de un juez o un tribunal para que medie, ya que la brecha entre lo que oferta Ecoembes y sus cálculos es enorme: 99 millones. Si los técnicos de esa región calcularon que recoger y tratar los envases les cuesta 220 millones, la empresa propuso pagarles 121 millones. Hace un año la comunidad propuso firmar un convenio “de transición” hasta 2027, sentarse a hacer números juntos, y rebajar su petición a 153 millones, pero la firma solo subió seis millones, hasta los 127 millones, y rechazó compartir su calculadora.

“Ecoembes solo acepta pagar el 6% del contenedor gris y debería estar en torno al 30%. Esa diferencia la tiene que pagar alguien, y la pagan los ciudadanos a través de la tasa de basuras. Hay una doble imposición, porque Coca-cola ya se lo cobró al consumidor al comprar los envases”, critica Juan José Amado, director técnico de Arcgisa, empresa pública para los residuos y el agua del Campo de Gibraltar (Cádiz). Mientras, la Junta (PP), que dirige las conversaciones, ampara a la Federación Andaluza de Municipios (FAMP): “Se acudirá al arbitraje si así lo deciden las entidades locales andaluzas, y nosotros estaremos allí para apoyarlas”, afirma una portavoz de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente.

Castilla-La Mancha ha seguido los pasos de Andalucía y ha hecho sus propios números. “La única salida que vemos es el laudo. En febrero nos reunimos con los Ayuntamientos y ellos están por la labor. Ahora tendríamos que presentar nuestra última propuesta a Ecoembes y luego habrá seis meses para el procedimiento de arbitraje. Ecoembes rompió unilateralmente con las plantas manchegas en diciembre de 2023 y lleva dos años sin pagarles, pero el material recuperado se lo apuntan como reciclado frente al Ministerio”, critican fuentes de la negociación. La diferencia entre el Ejecutivo manchego (PSOE) y la compañía es de 11 millones para los envases y dos millones para el papel y cartón.

Ecoembes tuvo en 2024 una cifra de negocio de 871 millones, de los cuales abonó 585 a los municipios, según datos facilitados por la firma a las comunidades. Ángel Hervella, su director de gestión local y autonómica, ha optado por guardar silencio a preguntas de este diario. “Tanto la Administración como nosotros trabajamos para que los convenios estén 100% alineados al actual marco normativo y cubran todos los costes que marca la ley”, alega un portavoz por escrito.

Las regiones achacan a Ecoembes que sus cálculos incluyen tarifas desfasadas de nóminas de empleados, absentismo laboral, gasolina y contenedores, así como la puesta al día de las plantas de tratamiento. Las seis autonomías que han firmado han incluido en sus acuerdos una cláusula por la que si otras mejoran sus condiciones, las suyas se equipararán a los últimos convenios. “Las Administraciones han constatado que las cifras de Ecoembes son falsas. Y si las entidades locales ceden terreno, perderemos mucho dinero público porque el último convenio ha estado vigente 11 años, pese a que se firmó para cuatro. Ecoembes debería pagar unos 800 millones más para que los Ayuntamientos cubran sus costes”, alerta Francisco Peula, director de la ONG Rethinking, que reclama al Gobierno que publique de una vez cuántas toneladas de envases se ponen cada año en el mercado, una cifra aún desconocida.

Hace 15 meses el Gobierno desautorizó el cálculo de Ecoembes en las botellas de plástico de bebida recuperadas selectivamente en 2023. Mientras la empresa lo fijaba en el 73,4%, el Ministerio lo rebajó al 41,3%. Ahora Anepma, la asociación que reúne a 57 empresas públicas de residuos de 12 millones de habitantes, prepara un estudio técnico de costes para apoyar a las comunidades que acudan al arbitraje para cifrar lo referente a todos los envases.

A lo largo de 2025 seis comunidades firmaron el acuerdo para el periodo 2024-2028 con Ecoembes, a sabiendas de que lo aportado no cubría los costes de sus Consistorios. La primera fue Cataluña, entre otras razones porque su porcentaje de recogida selectiva es alto, un 44,6% (la media española es del 28%). “Más vale un mal acuerdo que un buen juicio, como dice el dicho. En el arbitraje te pones en manos de otros y yo lo veo como un acuerdo sensato”, valora Albert Planell, director de la Agencia catalana de residuos, que alega que la firma fue conjunta con la federación de municipios y que el acuerdo mejora la cuantía anterior un 19%, hasta los 99 millones. Lourdes Ariza, directora técnica del Consorcio del Vallés Oriental, que se encarga de la basura de 20 municipios y 450.000 habitantes cerca de Barcelona, lamenta el acuerdo: “Yo hubiera esperado a un convenio mejor, me parecen migajas. Nuestro grado de cobertura de costes es del 60%”, censura.

La ley de residuos de 2022 amplió la responsabilidad de las empresas para pagar por los residuos de envases que ponen en el mercado y derribó el monopolio que ostentaba Ecoembes al introducir en el mercado otros Scraps (sistema colectivo de responsabilidad ampliada del productor) similares.

La clave sobre el dinero en juego radica en que las 17 autonomías y el Ministerio para la Transición Ecológica interpretan que los Scraps deben pagar la recuperación y tratamiento de los envases domésticos procedentes del contenedor gris, no solo los del amarillo. Sin embargo, los sistemas colectivos, con Ecoembes a la cabeza, defienden que la ley solo les obliga a pagar por los envases bien separados y no los mezclados con otros deshechos.

La comisión de coordinación de residuos ―de las autonomías y el Ministerio― acordó en enero la interpretación del artículo 34.1.b del Real Decreto 1055/2022, para así obligar a los Scraps a pagar por los envases de la fracción resto. Pero las empresas le han comunicado al Gobierno que hacen oídos sordos ante su dictamen. Los Scraps obedecerán al Ministerio previsiblemente cuando este publique antes del próximo agosto un nuevo Real Decreto que fije la norma, ya sin interpretaciones, para así adaptarse al nuevo reglamento europeo.

“Los Scraps deben financiar obligatoriamente en todos los puntos de España los costes de gestión de los envases recogidos separadamente y también los costes de gestión (lo que incluye el coste de la recogida, transporte y selección, y no solo el coste de selección como financiaban hasta 2024) de los envases recuperados de la fracción resto”, recuerda una portavoz del Ministerio. De momento, en la mayoría del país el Gobierno predica en el desierto.

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