El Estado y Madrid chocan por la posible inconstitucionalidad de una norma regional que deja sin indemnizaciones a personal público
Las dos partes se citan en su comisión bilateral, paso previo a acudir al Tribunal Constitucional, por sus discrepancias sobre el artículo 30 de la ley de presupuestos autonómica
El choque permanente entre el Gobierno de España y el de la Comunidad de Madrid suma desde esta primavera un nuevo frente: el artículo 30 de la ley de Presupuestos regional, que el Estado considera inconstitucional, según recoge este miércoles el boletín oficial autonómico. Así, las dos partes han acordado abrir una negociación bilateral sobre este apartado concreto de la norma, que niega indemnizaciones a empleados públicos. De no alcanzar un acuerdo, la discrepancia se dirimirá en el Tribunal Constitucional, que se ha convertido en el gran escenario de los choques de las dos administraciones. Allí hay pendientes de resolución cuatro pleitos. No son algo aislado. A ellos se añaden los que recientemente se han resuelto en contra de los intereses del gobierno de Isabel Díaz Ayuso, afeándole a la Mesa de la Asamblea, que controla el PP regional, la tramitación en lectura única de la ley de Telemadrid, o su veto a iniciativas de la oposición (contra las que recurrió la oposición parlamentaria).
“El artículo 30 establece la prohibición de cláusulas indemnizatorias por razón de la extinción de la relación jurídica que una al personal con la Comunidad de Madrid y, por ende, reconoce la nulidad de las mismas”, describe un portavoz del ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, que dirige el ministro Ángel Víctor Torres. “Sin embargo, lo cierto es que la Ley del Estatuto de los Trabajadores sí reconoce el derecho de las personas trabajadoras a recibir, a la finalización de los contratos temporales, su correspondiente indemnización”, sigue. “Se cuestiona la prohibición de establecer cláusulas indemnizatorias respecto al personal laboral, cuya habilitación viene determinada por la legislación laboral, la cual compete al Estado de acuerdo con lo establecido en la Constitución Española”.
Traducido: el Gobierno central considera que la Comunidad de Madrid invade una competencia estatal al regular derechos laborales mediante la ley de Presupuestos. Este diario se puso en contacto con la Comunidad de Madrid para recabar su versión, sin haber recibido respuesta en el momento de publicación de este artículo.
El artículo 30 de la ley de presupuestos madrileña, titulado “prohibición de cláusulas indemnizatorias”, afecta al personal contratado por la Administración de la Comunidad de Madrid, sus organismos autónomos, empresas públicas y por el resto de entes del sector público autonómico. También, al personal por las fundaciones del sector público y de los consorcios adscritos a la Comunidad de Madrid. Desde la entrada en vigor de la ley de presupuestos, esas cláusulas indemnizatorias, dinerarias o no, se consideran nulas. No se firman en las incorporaciones, y se borran en las modificaciones o novaciones.
No es este el único asunto que enfrenta a las dos partes, que han convertido en costumbre la convocatoria de la comisión bilateral. Aunque eso tampoco es excepcional en la relación del Estado con el resto de regiones (van 74 acuerdos de este tipo sin llegar al Constitucional en lo que va de legislatura), Madrid sí se ha convertido en la comunidad que litiga más con el gobierno central.
Así, el Estado, según transmite un portavoz, tiene pendientes de resolución dos impugnaciones de leyes de Madrid: la que modifica la ley de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación de la Comunidad de Madrid; y la de mejora de la gestión pública en el ámbito local y autonómico de la Comunidad de Madrid. Esta última incluye una argucia legal para evitar que se declare como lugar de Memoria Democrática la Real Casa de Correos, sede del ejecutivo regional, que durante la dictadura franquista acogió la dirección general de seguridad.
Del otro lado, Madrid tiene registrado un conflicto de competencias contra el acuerdo que inició esa declaración, y un recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto-ley 2/2025, de 18 de marzo, por el que se aprueban medidas urgentes para la garantía del interés superior de la infancia y la adolescencia ante situaciones de contingencias migratorias extraordinarias. Esta norma articula el reparto de menores no acompañados desde Canarias al resto de España para evitar el colapso de los servicios públicos de las islas.
Todas esas escaramuzas en el Constitucional son solo la punta del iceberg: desde que Díaz Ayuso accedió a la presidencia de Madrid, en agosto de 2019, su gobierno y el de Pedro Sánchez (PSOE) han pleiteado también en la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo, donde se han medido en asuntos tan dispares como el IVA, la política educativa o ahora la regularización de emigrantes. Una cadena de enfrentamientos que ahora puede sumar un nuevo eslabón con las indemnizaciones a los empleados del sector público.
