La escolta policial aumenta en la política del Ayuntamiento de Madrid: el acoso se traslada de las redes a la calle

En su cuenta de X (antiguo Twitter), el concejal socialista del Ayuntamiento de Madrid Antonio Giraldo ha hablado en sus últimos días de un parque del distrito de Arganzuela, de las entradas para ir a visitar monumentos en Madrid y ha publicado una foto histórica de París. Nada de todo esto parece, a simple vista, muy polémico. Sería complicado encontrar a alguien que odie los parques o los monumentos. En su condición de geógrafo y urbanista, Giraldo comparte desde hace años contenidos pedagógicos sobre estos campos. Pero el pasado 10 de marzo se topó con una turba inesperada en sus redes. “Sabemos dónde trabajas”, “vamos a ir a por ti”, le escribieron varios usuarios. La situación le llevó a pedir protección policial que le fue concedida inmediatamente.

¿Cuál fue la publicación de la discordia? Un hilo sobre una sentencia judicial que anulaba un plan urbanístico municipal en el terreno de las antiguas cocheras de Cuatro Caminos. Este plan fue una cuestionada decisión del Gobierno de José Luis Martínez-Almeida cuya suspensión afecta a más de 400 cooperativistas que ya habían pagado por la construcción de viviendas. “Lo de los insultos en redes me había pasado alguna vez, hasta cierto punto es corriente, pero nunca hasta ahora se había llegado al nivel de escribirme amenazas de muerte y me asusté“, comenta el edil por teléfono.

Giraldo explica que todos los concejales tienen un sistema de contravigilancia de la policía municipal que regularmente está atento de los actos públicos. Pero esta vez, el edil socialista pidió un refuerzo de protección, que se organizó de inmediato. El lunes pasado en la comisión de urbanismo en el que ademas se trataba el tema de Cuatro Caminos, el equipo policial dobló la presencia y vigilancia. “Normalmente paso y me olvido, pero esta vez quise elevarlo al debate público porque noto que la agresividad va in crescendo. Y no solo me pasa a mí, sé que Enma López, que es un perfil más público, recibe estas amenazas continuamente, también Reyes (Maroto)... Bueno y lo de Rita (Maestre)”.

Giraldo se refiere a la situación que vive desde hace un año la portavoz municipal de Más Madrid y que hizo pública el pasado 5 de marzo. La concejal contó que se han presentado en su casa hombres a altas horas de la madrugada a veces, borrachos otras, mientras estaba con sus hijas o durante su último embarazo. La policía investiga quién ha podido filtrar los datos de Maestre en un chat de Telegram en el que alguien interactúa con usuarios como si fuera una mujer que ofrece servicios sexuales. A raíz de este acoso en su propio domicilio, Maestre cuenta con escoltas, algo que, hasta ahora había preferido evitar.

El caso de Madrid sale de lo común de la tónica de la, normalmente sosegada, política municipal. Fuentes municipales confirman que no solo se ha reforzado la protección de Giraldo, sino que ha habido más casos tanto en el equipo de Gobierno, como en la oposición, sin dar más detalles. En el Consistorio madrileño, tanto el alcalde como los delegados cuentan con escolta de forma habitual. Más Madrid también confirma que su equipo jurídico ha interpuesto varias denuncias por acoso a políticos en municipios pequeños. En concreto ahora hay en curso una por un acoso físico a un edil de un pueblo. El partido se abstiene de dar más datos por la “protección” del concejal.

A partir de 2011, con el fin de ETA, los consistorios fueron renunciando paulatinamente al servicio de escolta, que a veces ejercían policías nacionales y a veces trabajadores de la seguridad privada. En muchos casos, ni siquiera los alcaldes se mueven hoy con protección. Donde más escoltas había, ahora es donde menos se ven: en todo el País Vasco no hay ni un solo edil con protección, señala el Departamento de Seguridad del Gobierno vasco.

Interior se escuda en la protección de datos para no facilitar una lista de las personalidades con escolta asignada, pero el año pasado cambió el criterio para designar quiénes podían contar con ella. Lo hizo para actualizar estos criterios a la situación actual, que ha pasado de una amenaza tangible como es un pistolero de ETA, a una más difícil de calibrar en la que entrarían las amenazas en las redes sociales.

Más allá del caso madrileño, en los ayuntamientos de las cinco principales grandes ciudades no consta ningún caso en la actualidad en el que se haya tenido que dedicar un servicio de protección policial ante el acoso, las amenazas u otros hechos delictivos de los que los políticos puedan ser víctimas. En Barcelona hubo que reforzar este servicio para los ediles del PP, el PSOE y Ciudadanos en los años tensos del Procés, pero en 2018 se consideró que el peligro había pasado.

“Lamentablemente, la política municipal de Madrid esta contaminada por la política nacional. Siempre ha sido así, por el centralismo en general y el mediático en concreto. Ahora mismo somos como una línea de fuego del Gobierno de España, el ‘sanchismo personificado’ como se empeña en llamarnos el PP”, apunta Giraldo como una de las posibles causas de que los políticos locales sean más blanco del odio.

“Este fenómeno se da en muchos países siempre que hablamos de la polarización, una de las cuestiones que entran en juego es la nacionalización del debate. Una de las soluciones es reconducir la discusión al tono que es más común en la política local y regional, retomar las cuestiones practicas y concretas y que haya menos enfrentamiento nacional”, señala Luis Miller, sociólogo, investigador del CSIC y autor de Polarizados. A pesar de que las redes amplifican esa división, Miller cree que no todo es achacable a ellas: “Yo soy reacio a saltar a culpar a lo digital porque siempre que hablamos de esto hay que recordar el momento de los escraches como acción política y el debate que generó. Una intromisión en la vida privada de una persona no es aceptable”.

Hatemedia es un observatorio del discurso de odio en los medios digitales en España de la Universidad Internacional de La Rioja. Llevan años analizando miles de mensajes del entorno de los políticos y una de sus conclusiones es que el odio se concentra en pocos usuarios pero con un alto nivel de viralidad. “Estamos en un contexto en el que más del 70% de los jóvenes accede a información por las redes sociales. El poder que tiene en el condicionamiento y gestación de un escenario de polaridad es muy alto y encontramos a personas enfrascadas en sus propias realidades, que se han alimentado en base a unos prejuicios”, explica el catedrático de sociología e impulsor de Hatemedia Elías Said-Hung. Esto, según su punto de vista, puede conducir a situaciones extremas como la del asesinato de la política laborista de Reino Unido Jo Cox en 2016 a manos de un hombre obsesionado por ideas nazis o el de la congresista demócrata de Minnesota Melissa Hortman y su marido en un acto de “violencia política”. Una situación que, espera, no se replique en España.