Segundo golpe para Almeida en Bruselas: la Comisión Europea investigará si hay irregularidades ambientales en Valdemingómez

Sentimiento de victoria en Villa de Vallecas. La Comisión Europea investigará las irregularidades ambientales en la incineradora de basuras de Valdemingómez que los vecinos del distrito del sureste madrileño llevan tres años denunciando. La Federación de Asociaciones Vecinales de Madrid (Fravm) y la Asociación Vecinal PAU del Ensanche de Vallecas registaron la pasada primavera una solicitud en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, un órgano que permite a cualquier ciudadano, de forma individual o conjunta, presentar quejas o inquietudes sobre temas dentro del ámbito de actuación de la Unión Europea (UE). Hace tres días, la entidad aceptó la demanda vecinal y remitió una carta al presidente de la Fravm, Jorge Nacarino, en la que le informan de que se va a llevar a cabo una investigación preliminar para determinar si la planta de Las Lomas se adapta a la normativa comunitaria y si el Ayuntamiento ha hecho lo suficiente por cumplirla.

El texto, al que ha tenido acceso este periódico, lo firma Bogdan Rzonca, del partido ultra polaco PiS y presidente de la Comisión de Peticiones, y dice así: “He pedido a la Comisión Europea que lleve a cabo una investigación preliminar sobre este asunto. Teniendo en cuenta el asunto de que se trata, he remitido también su petición a la Comisión de Medio Ambiente, Clima y Seguridad Alimentaria del Parlamento Europeo”. La solicitud de la asociación recibió el visto bueno de la mayoría de los eurodiputados del órgano este febrero, a excepción de los votos en contra del Partido Popular Europeo y la abstención de los liberales de Renew.

Enrique Villalobos, responsable de Urbanismo, Vivienda y Medio Ambiente de la Fravm, explica por teléfono qué recoge la petición de los vecinos que investigará ahora la Comisión Europea y por qué llevan varios años detrás de ello. “El Parlamento Europeo revisa periódicamente las condiciones en las que deben funcionar distintas instalaciones, normalmente industriales, con el objetivo de regular su actividad”, relata. En el caso de las incineradoras de basura, se centran en las llamadas Mejores Técnicas Disponibles (MTD), las formas más avanzadas y eficientes ―tecnología, diseño, construcción― de operar una instalación y reducir al mínimo su impacto ambietal.

Son un estándar comunitario y establecen los parámetros técnicos y ambientales mínimos para garantizar una gestión segura y respetuosa con el medio ambiente. Las regula la Comisión Europea y sus conclusiones son de obligado cumplimiento para obtener la Autorización Ambiental Integrada (AAI), el permiso obligatorio para que incineradoras, refinerías y cementeras, por ejemplo, puedan funcionar.

Una vez se publican, las instalaciones tienen cuatro años para adaptarse a las nuevas normas. En el caso de Valdemingómez, Villalobos indica que el último documento de mejoras se publicó en diciembre de 2019 y para 2023 la planta de Las Lomas debería haberlas adoptado. La FRAVM denuncia que no se ha hecho desde entonces. “Es la primera y más grave irregularidad”, dice Villalobos. Y eso es lo que recoge precisamente su petición: que se revise que Valdemingómez se ha adaptado a lo pautado en 2019 y el Gobierno local, en concreto el área de Movilidad, Urbanismo y Medio Ambiente, dirigida por Borja Carabante (PP), ha hecho lo suficiente para que así sea. Al cierre de esta información el Ayuntamiento no ha respondido a las preguntas del periódico para ofrecer su versión.

Entre las irregularidades que apuntan están: la planta no ha demostrado tener un sistema ambiental adecuado y el estándar que propone es menos exigente que el recomendado; la información de los niveles de emisiones que aporta la Administración es incompleta y no permite compararla con los límites que marca la UE; en la revisión de oficia que se sometió a información pública en 2024 no se aportó el Certificado de Eficiencia Energética reglamentario; riesgo para la salud por las emisiones de la instalación.

Una de las críticas más graves es la falta de un plan de gestión de accidentes. En el documento recuerdan un incendio que tuvo lugar en 2023 en la nave donde se acumulan residuos antes de enviarlos al horno u otras plantas, que carece de sistema de extinción de incendios, denuncia la asociación. “Habría evitado que este suceso alcanzase las dimensiones que tuvo”, recoge el texto de la petición vecinal. Para extinguirlo, se desplazaron a Valdemingómez 16 dotaciones de bomberos y tardaron varias horas en apagarlo.

Una vez que se inicia la investigación preliminar, explica Villalobos, la Comisión puede pedir a la Fravm vaya a Bruselas a explicar el caso, como ya ocurrió con los vecinos de Montecarmelo. Aun así, la investigación preliminar se hace con independencia de que se requiera o no su presencia. En temas concretos, si las indagaciones se profundizan, incluso pueden decidir visitar la región, en este caso la incineradora, y emitir un informe con lo observado.

Si tras la investigación el organismo europeo determina que la incineradora de basura sí incumple la legislación europea, informará al país implicado qué normas no se están cumpliendo y por qué, y establecerá un plazo para que lo corrija. Además, en caso de no hacerlo, la UE puede “establecer sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias en caso de incumplimiento de la directiva”. Si las infracciones son reiteradas, el asunto se puede elevar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y el proceso se alargaría.

El cierre de la incineradora es una promesa municipal que los vecinos del sureste madrileño esperan con ansias, pero en la que no confían. En enero de 2025, Carabante anunció que la planta de Las Lomas cerraría en 10 años o incluso antes si reducía a un 10% los residuos que van al vertedero. En diciembre matizó que seguiría en funcionamiento hasta que “ya no fuera necesaria”. Hace un mes, el ejecutivo de José Luis Martínez-Almeida (PP) anunció un megacontrato de licitación para explotar las instalaciones hasta 2040 por 614 millones de euros. El contrato, según recoge el pliego, obliga a la empresa adjudicataria a que 100 millones del total se inviertan en renovar la maquinaria de las instalaciones de la planta, que entró en funcionamiento en 1993, aunque la incineración comenzó tres años después, y a la que llegan a diario entre 1000 y 1200 toneladas de residuos de la capital, según datos del Ayuntamiento.