Dudas en el Gobierno de Ayuso sobre la rebaja del IRPF que prometió

La gran rebaja fiscal que prometió Isabel Díaz Ayuso al comienzo de este mandato se encuentra más en el aire que nunca. El entorno de la presidenta ya no afirma con la misma contundencia de antes que podrá llevarse a cabo antes del final de la legislatura, en 2027. “Depende de Pedro Sánchez...”, se excusan. Ahora mismo, todo son dudas alrededor de uno de los asuntos que se suponía central para este segundo mandato.

La presidenta de Madrid aseguró en 2023 que aplicaría una rebaja de medio punto (0,5) en todos los tramos del IRPF. Su Gobierno ha incluido otras nueve rebajas fiscales para 2025, principalmente en vivienda, pero no esta, su propuesta estrella. Habrá que esperar hasta finales de 26 para ver si se aprueba el ajuste fiscal o incluso a 2027. Expertos consultados especulan con que podría aplazarse hasta ese último año, poco antes de las elecciones, para presentarse como una gran baza electoral.

Ayuso y su consejera de Economía, Rocío Albert, acusan al Gobierno socialista de deberle 10.500 millones de euros, principalmente por el “incumplimiento” con la Ley de Dependencia. El Estado se comprometió a ocuparse del 50% de los gastos, pero todavía no se ha transferido ese dinero. Madrid suele decir que su región está “infrafinanciada” por otros asuntos como los fondos europeos, el transporte, un plan hidrológico o la asistencia hospitalaria a presos.

En cualquier caso, en el corto plazo no será aprobada la rebaja fiscal. “Ahora mismo no...”, dicen desde el equipo de la presidenta. El Gobierno central ha respondido varias veces a Ayuso con datos como los de ejecución presupuestaria estatal. En 2024 y 2025, Madrid es líder en ejecución, por encima de otras comunidades como Cataluña. Sánchez también le ha recordado a Ayuso que la región ha recibido 129.000 millones de euros en los últimos siete años, desde que está él en el poder, un 50% más de lo que recibió cuando estaba su antecesor, Mariano Rajoy, del PP.

Se trata de una batalla de cifras con trasfondo ideológico. El PSOE argumenta que Madrid no puede quejarse de falta de fondos mientras promete rebajas fiscales, como las del IRPF, Patrimonio o Sucesiones. Es decir, quejarse de la financiación mientras se desfinancia por otro lado. Para el Gobierno, el PP de Madrid, el más liberal del principal partido de la derecha, hace de bombero-pirómano. Deja de ingresar dinero por sus rebajas a las rentas más altas y espera que el resto de España financie esa pérdida de ingresos, explican desde el lado socialista.

Desde 2004, los sucesivos gobiernos del PP en Madrid han diseñado rebajas fiscales que se han traducido en que más de 74.000 millones de euros dejaran de ingresarse en las arcas regionales, un dinero que serviría para financiar servicios públicos o infraestructuras, mientras permanecían en las cuentas de los contribuyentes. Que Madrid bonifique al 100% el impuesto del patrimonio y al 99% los de sucesiones y donaciones ha despertado las críticas de otras regiones, fundamentalmente las gobernadas por el PSOE, que acusan a la Comunidad de competencia desleal y dumping fiscal, ya que su oferta impositiva atrae a grandes fortunas hacia la capital.

Para el PP, ese dinero se ha quedado “en el bolsillo de los madrileños”, mientras que para el PSOE supone una pérdida de recaudación que impacta en la calidad de los servicios públicos. Ayuso defiende, por ejemplo, que sean empresas privadas las que gestionen los hospitales públicos, un asunto que no acepta la izquierda, que argumenta que la sanidad no puede ser un negocio.

En Madrid se felicitan por aprobar sus presupuestos mientras Sánchez, en una situación política delicada, no ha sido capaz de sacarlos adelante, por ahora. En términos económicos, esta incertidumbre no tiene mayor impacto para las regiones, ya que Hacienda ya les ha comunicado a las comunidades el dinero del que dispondrán. De hecho, Hacienda ha estimado una cifra récord para 2026, 157.731 millones, un 7% más que el año anterior. Sin embargo, esto no es suficiente para Ayuso, que no se atreve a dar el paso de aplicar la rebaja al IRPF. Habrá que esperar al próximo año para saber si cumple su promesa electoral o la pospone un año más.