Ayuso compensa por tercera vez al fondo que compró 2.935 viviendas públicas a Ignacio González y luego las tuvo que devolver

La Comunidad de Madrid, que preside Isabel Díaz Ayuso (PP), pagará al fondo Encasa Cibeles 1,3 millones de euros para que desista de reclamarle en los tribunales una compensación de hasta 220 millones por haber tenido que devolverle a la administración 1.721 viviendas públicas de las 2.935 que adquirió por 201 millones en tiempos de Ignacio González (2012-2015). El reintegro de esos pisos en el parque público fue decidido por la justicia, que no consideró acreditado que la administración no necesitara todas esas casas para los ciudadanos más vulnerables cuando las vendió. Como compensación, en mayo de 2022 la Comunidad debió pagar 107 millones al fondo. En marzo de 2022, Madrid sumó otros dos millones, por intereses no devengados. Y ahora, según confirma a EL PAÍS un portavoz gubernamental, otros 1,3 millones, que se aprobaron en el Consejo de Gobierno del miércoles. En total, Madrid ha pagado 111 millones por recuperar 1.721 viviendas, 1.214 menos de las que vendió inicialmente, y que ya ha vendido el fondo en el mercado libre. Una operación ruinosa.

“Encasa recurrió en 2022 a los tribunales el pago de 107,7 millones y exigió 220,3 millones en concepto de daños y perjuicios, o, subsidiariamente, 132,6 millones en concepto de restitución de prestaciones o 78,5 millones en concepto de daños y perjuicios”, recuerda un portavoz gubernamental. “Este procedimiento contencioso-administrativo se suspende en septiembre de 2023 a instancias de Encasa para explorar un acuerdo extrajudicial con la Comunidad”, añade. “A ese acuerdo se ha llegado ahora con el acuerdo de abonar a Encasa desde la Agencia de la Vivienda Social la cantidad de 1,3 millones y la renuncia expresa de la mercantil a cualquier reclamación extra por este asunto”.

Un portavoz del fondo asegura que no tiene “nada” que añadir a esta información.

Esta es la cronología de una polémica sin fin. Primero, Esperanza Aguirre impulsa la construcción de estas 2.935 viviendas públicas, repartidas en 32 promociones, y por 11 municipios: Collado Villaba, Majadahonda, Leganés, Móstoles, Navalcarnero, Arroyomolinos, Torrejón de Ardoz, Tielmes, Parla, Valdemoro y Madrid capital. Luego explota la crisis económica de principios de siglo, que abre la puerta a los recortes en los servicios públicos. Está ya Ignacio González al frente del Gobierno de la Comunidad de Madrid. Y en 2013 decide que una de las mejores formas de lograr liquidez es vender estos inmuebles públicos construidos para atender a familias vulnerables y sin posibilidad de acceder a la vivienda en el desbocado mercado inmobiliario de la región.

La batalla judicial empieza en Navalcarnero. Allí, Rachid Bouikou paga 49 euros mensuales de alquiler y otros 40 de comunidad tras quedarse sin trabajo. Hasta que cambia el arrendador. Encasa Cibeles le reclama que la renta suba a 150. Es 2016, y así arranca un pulso desigual. De un lado, un fondo de inversión con un ejército de abogados. Del otro, Bouikou asistido por un abogado del turno de oficio, César Pinto, con el que empieza a escalar un himalaya judicial al que se acaban sumando Alejandra Jacinto (luego portavoz de Podemos en la Asamblea), Felipe Alonso o Manuel San Pastor, que representan a cientos de afectados distribuidos en los cuatro recursos colectivos que reúnen a los vecinos de Parla, Leganés y Vallecas (divididos entre los del Ensanche y los de Valdecarros).

Se abren hasta 19 procesos judiciales, según el balance de la Cámara de Cuentas, que advierte en un informe de 2021 de la “incertidumbre” que genera para las cuentas públicas que aún se desconozca la cifra con la que se indemnizará al fondo. Y finalmente Encasa tiene que devolver las viviendas que no ha vendido, por lo que pide ser compensada por la pérdida del negocio. Han pasado cuatro años desde el primer pago. El último, en teoría, se ha hecho ahora: una factura de 111 millones de euros por el negocio ruinoso de Ignacio González.