La Consejera de Sanidad de Ayuso incumple la ley al omitir en el Portal de Transparencia que trabajó durante 17 años para Quirón

La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, omite en su presentación oficial en el Portal de Transparencia autonómico que trabajó durante 17 años para el grupo privado sanitario Quirón, a pesar de que la ley madrileña obliga a los altos cargos a revelar su “trayectoria profesional completa”. El silencio sobre una etapa laboral tan larga llama la atención porque es una información conocida por la prensa desde que la presidenta Isabel Díaz Ayuso la designó para el cargo en 2023. No obstante, los vínculos entre Quirón y la Comunidad de Madrid se han convertido en un asunto político sensible. PSOE y Más Madrid han criticado el coste y la opacidad de la relación autonómica con ese gigante privado, el principal cliente de la sanidad madrileña, y el estallido del caso de la pareja de Ayuso, investigado por un presunto soborno a un ejecutivo del grupo, ha proporcionado nueva munición a la oposición de izquierdas.

Matute incluye en su perfil del Portal de Transparencia un resumen de tres párrafos en los que menciona que tras pasar por la universidad, comenzó en 2003 su carrera en la sanidad pública madrileña, como radióloga en el Hospital Clínico San Carlos. Dice que en ese centro ha desarrollado “su actividad principal”. Además, resalta que es vicepresidenta de una sociedad científica dedicada a la radiología, Segeca, o que ha hecho un curso de gestión sanitaria en la escuela de negocios IESE.

Lo que no cuenta es que fue contratada en 2006 por el Hospital de la Luz de Quirón, un centro privado ubicado en Chamberí. En 2021 fue ascendida dentro de esa empresa al cargo de directora asistencial de Diagnóstico por la Imagen en Health Diagnostic.

Un portavoz de la Consejería de Sanidad resta importancia a la omisión sobre la etapa en Quirón, alegando que Matute “nunca ha ocultado su desempeño profesional, tanto en el ámbito público como en el privado”. El portavoz añade que la reseña del Portal de Transparencia sigue un modelo breve y no una relación detallada y cronológica de su carrera. Además, recuerda que la información sobre su pasado profesional aparece en abierto en LinkedIn.

Sin embargo, la organización protransparencia Civio recalca que la ley madrileña es muy clara al obligar a los altos cargos a revelar toda su información profesional, un aspecto que no es menor porque permite conocer posibles conflictos de interés. Los representantes de Civio participaron en calidad de expertos en la tramitación de la norma madrileña, que fue aprobada en abril de 2019, seis años después de la ley de transparencia estatal. Una primera versión de la norma madrileña hablaba de incluir “la trayectoria profesional” sin el adjetivo “completa” y Civio insistió en que debía añadirse esa coletilla, según recuerda la codirectora de esa organización, Eva Belmonte.

“Nos empeñamos mucho en incluir ese adjetivo no solo para el currículum, sino también para otras circunstancias como la agenda”, dice Belmonte. “El lenguaje impreciso permite a las administraciones silenciar información”.

El perfil de los consejeros en el Portal de Transparencia responde a un requerimiento legal contenido en la Ley de Transparencia de la Comunidad de Madrid. La ley obliga a los altos cargos a revelar “la trayectoria profesional completa”, además de datos económicos como las declaraciones de bienes, los gastos derivados del ejercicio de sus funciones o su agenda de reuniones de trabajo. Esta otra información sí aparece en el perfil de Matute.

Matute ha mantenido el mismo resumen profesional en el Portal al menos desde el 3 de marzo de 2024, según la información archivada en el repositorio Internet Archive, que toma periódicamente capturas de pantallas de páginas web.

La relación autonómica con Quirón es cuestionada intensamente por la oposición de izquierdas en Madrid. El grupo recibe compensación económica por poner al servicio de los madrileños cuatro de sus hospitales (la Fundación Jiménez Díaz, el Rey Juan Carlos de Móstoles, Villalba y Valdemoro). La oposición critica que esta forma de gasto es más costosa que la que supondría la gestión pública directa y está envuelta de opacidad. En los primeros seis años de Gobierno de Ayuso, Quirón ha cobrado más de 5.000 millones de euros por sus servicios para el sistema de salud madrileño.

Al malestar por ese sistema heredado de los tiempos de la presidenta Esperanza Aguirre, se ha sumado la desconfianza que genera en la oposición la relación de Ayuso con el empresario Alberto González Amador, cuya consultora sanitaria está estrechamente ligada a Quirón y está siendo investigado por un presunto soborno a un alto cargo del grupo.

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