Ayuso contra los ladrones de aceitunas: Madrid legisla frente a las bandas que se lucran cuando se dispara el precio del aceite

La Guardia Civil actúa con la contundencia necesaria para desarticular a una banda criminal organizada. Es la operación Kalabrea. Corre 2023, y hasta 16 personas acaban detenidas. ¿Su delito? Robar 17.500 kilos de aceitunas en la comarca madrileña de Las Vegas. No es un hecho aislado. Un año después, en 2024, llega la operación Telones, que acaba con seis detenidos y once investigados por la sustracción de 15.000 kilos de olivas en municipios como Villarejo de Salvanés, Morata de Tajuña, Valdarecete, Brea del Tajo o Torres de la Alameda. Una y otra vez, actúan las mafias aceituneras, que espoleadas por los altos precios del aceite ganan así cientos de miles de euros. Una y otra vez, actúa la Guardia Civil. Y con esa excusa, ahora interviene el gobierno de la Comunidad de Madrid, que preside Isabel Díaz Ayuso, y prepara un decreto para asegurar la trazabilidad de las aceitunas madrileñas con el objetivo de dificultar su lucrativa venta ilegal.

“La situación de partida es paliar, en la medida de lo posible, la problemática surgida en los últimos años con los robos de aceitunas bien en la explotación, o una vez que han sido trasladadas a la almazara para su extracción, debido al alto precio alcanzado por el aceite de oliva en el mercado”, se lee en la documentación colgada en el portal de transparencia, y consultada por este diario. “Según el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a finales de 2023 los precios del aceite de oliva virgen extra superaron los 840 euros por cada 100 kilogramos, cuando hace tres años estaba en torno a 240 euros por cada 100 kilogramos”, se razona sobre los costes de este producto, que llegaron a máximos en enero de 2024 (casi nueve euros el kilo), se estabilizaron por debajo de los cuatro euros en lo que va de 2025, y ahora están empezando a repuntar ligeramente, según datos de la federación española de industriales fabricantes de aceite de oliva. Y se añade: “[También se busca] responder a unos objetivos de calidad alimentaria, lucha contra el fraude y tratar de evitar los robos de producto”.

El gobierno regional no concretó tras una pregunta de este diario a cuánto asciende la cantidad de aceitunas robadas en la región en los últimos años, pese a que ese dato es el que en teoría motiva su proyecto. Tampoco la Guardia Civil, el ministerio del Interior o la Delegación del gobierno en Madrid proporcionaron un balance de estos hurtos tras las respectivas peticiones de información.

Lo que es seguro es que Díaz Ayuso conoce de primera mano la problemática de este sector. La presidenta regional ha convertido en una tradición comenzar sus campañas electorales en una almazara de Villarejo de Salvanés. Allí, rodeada de botellas de aceite, resume sus propuestas para los pequeños productores y los productos madrileños. Porque Madrid no es Andalucía en cuanto a aceitunas se refiere, pero sí tiene su industria.

Así, según el gobierno regional, Madrid tiene más de 20.000 hectáreas de olivares repartidas en casi un centenar de municipios, aunque las zonas principales se concentran en las comarcas de La Campiña, Las Vegas y Suroccidental. La producción media anual se sitúa en entre 4 y 6,5 millones de kilos y en ellas se cultivan tanto las variedades mayoritarias (cornicabra y manzanilla) como otras menos frecuentes (verdeja, carrasqueña, picual y gordal). Todas ellas son tratadas en 18 almazaras, siete de las cuales fabricaban únicamente aceite ecológico según datos de 2024.

“El objeto del presente decreto es la aprobación de una regulación de los documentos de trazabilidad de las aceitunas que permita comprobar el origen y el destino de dicho producto durante la fase de transporte y la recepción, estableciendo los documentos exigibles que garanticen la trazabilidad, así como las consecuencias de sus eventuales incumplimientos”, se lee en la documentación publicada en el portal de transparencia por el gobierno regional.

Documentación obligatoria

Para ello, los productores tendrán que llevar un registro de entrada y salida de las aceitunas sin transformar, así como rellenar un cuaderno de acompañamiento y trazabilidad de la aceituna (CATA) que también tendrán que conservar los responsables de lugar de destino del producto. El gobierno, por su parte, se compromete a llevar a cabo controles sistemáticos y ocasionales. Y advierte: quien incumpla podrá ser sancionado con una infracción administrativa, además de con las responsabilidades penales que sean de aplicación si se demuestra que hay robo de aceitunas.

La insistencia en la existencia de documentación que permita saber de dónde vienen las olivas y a dónde van está inextricablemente unida a las últimas operaciones de la Guardia Civil para luchar contra las mafias del robo de las aceitunas en la región. Porque en 2023, por ejemplo, los agentes se toparon con un vehículo con cinco personas que transportaban 140 kilos de olivas de dudosa procedencia. Es decir, presuntamente robadas.

Cuando se apruebe el decreto, ya no habrá zona gris: tendrán que poder especificar inmediatamente de dónde vienen las aceitunas, y a dónde van.