Torres de la Alameda reforzará la seguridad y la ayuda que recibe la familia a la que dos jóvenes intentaron quemar

“Condenamos los hechos completamente”, afirman con rotundidad este lunes dos fuentes municipales en nombre del alcalde de Torres de la Alameda, José Antonio Blanco Heras (PP), de vacaciones fuera de España, por lo que no ha podido atender en primera persona a las preguntas de EL PAÍS. Este pueblo de 7.700 habitantes del este de la Comunidad de Madrid, cerca de Alcalá de Henares y de Torrejón de Ardoz, ha sido noticia el fin de semana por un brutal caso de aporofobia contra una madre y su hijo, por el que han sido detenidos dos vecinos veinteañeros sin antecedentes. La Guardia Civil no ha encontrado una causa de los ataques, salvo el odio al pobre. El delegado del Gobierno, Francisco Martín (PSOE), ha vinculado los hechos con la “agenda del odio” de los partidos de ultraderecha, entre los que considera que ya se encuentra el PP.

“Esta familia está siendo atendida por los servicios sociales desde hace tiempo. Es una familia vulnerable no de ahora”, confirman las fuentes municipales, que remiten a la Mancomunidad de Pantueña, que atiende a los vecinos de ese municipio y a los de otros cinco de la zona y que este año recibió 4,4 millones de euros extra del Gobierno regional para mejorar la atención social.

Una trabajadora social de guardia de la Mancomunidad se ha negado a aportar ningún dato sobre si la madre y el hijo, cuyos vecinos dicen que no tienen trabajo y cuya casa está en pésimas condiciones de mantenimiento y salubridad, sin cristales y sin luz eléctrica, reciben algún tipo de ayuda o de prestaciones, “por el derecho del asistido a que esta información sea confidencial”.

En el Ayuntamiento admiten que tenían constancia de otro episodio de acoso a esta misma familia hace cinco o seis años, en el que los implicados eran menores y en el que intervino la Policía Local. “Pero eran incidentes menores, les molestaban, les llamaban al timbre y ya está”, señalan las mismas fuentes de un Ayuntamiento que está preparando un comunicado de repulsa. Sin embargo, se desconocía que el hostigamiento “hubiera pasado a mayores”.

Pero lo que relatan los habitantes del callejón de los horrores y de las calles adyacentes es de una gravedad espantosa, años de abandono y acoso sin que nadie haya protegido a esta familia. “Tengo 50 años y lleva ocurriendo desde que tenía 20, lo que no sé es cómo no ha pasado algo más grave ya y cómo no le han puesto coto antes”, explicó el domingo un vecino de la vía perpendicular, que no quiere dar su nombre. “Ellos no se meten con nadie”, asegura, para añadir que “es una tradición absurda” en el pueblo. “Al principio eran niños, que iban a insultarlos y lanzarles huevos en verano, en fiestas, en Halloween... Pero ahora ha ido escalando”, se lamentó. Según han sentenciado las propias víctimas en Telecinco, “lo sabía todo el pueblo y nadie actuó”.

Tras un pequeño incendio a primeros de junio, que los moradores de la casa aseguran que fue intencionado, la Guardia Civil inició una investigación de oficio y, tras colocar unas cámaras de vigilancia, cazaron in fraganti a dos jóvenes en tres ataques consecutivos, todos de noche. En el primero, iban armados con palos y botellas de lejía y rociaron la casa; en otro, arrojaron botellas y, por último, persiguieron a la mujer, con discapacidad física, por toda la calle lanzándole botellas de cristal.

Los individuos, que fueron arrestados la semana pasada, llegaron a lanzar lejía a la cara de la anciana, lo que le causó lesiones en un ojo. El juez los ha puesto en libertad condicional, pero les ha impuesto una orden de alejamiento de la casa y de las víctimas, Antonio A. H., de unos 30 años y sin trabajo, y Carmen H. R., octogenaria. Se enfrentan a los delitos de odio por aporofobia, tres de lesiones y otro más de daños a la casa, por los que pueden ser condenados a entre cinco y 12 años de prisión.

El Ayuntamiento ha anunciado que tomará “las medidas necesarias dentro de lo habitual” en dos direcciones, por un lado, un “refuerzo policial” para garantizar que esta familia “viva tranquila” y para preservar su intimidad “ante el revuelo mediático montado”, así como para aumentar su seguridad y evitar nuevos ataques. De otro, pedirán a la mancomunidad que les ofrezca más apoyo. “Este es un pueblo pacífico, con una tasa de delincuencia muy por debajo de los niveles de la comunidad”, añaden las mismas fuentes.

El delegado del Gobierno ha hecho una lectura política del asunto al afirmar que PP y Vox son ya son “indistinguibles” y que “una ultraderecha señala y la otra ejecuta”. Según el delegado, están extendiendo en la región “su discurso de odio”, que es el caldo de cultivo para casos como este, que ocurren “cuando se criminaliza la pobreza”.

Mientras, la familia sigue viviendo con miedo. Antonio ha relatado en Mañaneros 360 de TVE que no se sienten seguros, ya que conocen a los dos jóvenes y temen encontrárselos por la calle, algo que de momento no ha sucedido: ”Tenemos un poco de miedo, para qué vamos a mentir“. Tampoco nadie les ha pedido perdón. Según el hombre, les han ofrecido un piso de protección oficial, pero no quieren dejar su casa: ”Nos gustaría quedarnos porque es una herencia que mi abuelita. Pero si no hay más remedio, habrá que irse“.