La Fiscalía desestima la denuncia de Más Madrid al Ayuntamiento por supuesta “inacción” contra los pisos turísticos

Más Madrid presentó el pasado abril una denuncia contra el Ayuntamiento por “prevaricación” al considerar que no estaba haciendo todo lo que está en su mano para frenar el incremento de pisos turísticos en la ciudad, la inmensa mayoría ilegales. El fallo de la Fiscalía, que se ha conocido este lunes, da la razón al Consistorio al considerar que “ha actuado con diligencia en todo lo relativo a la inspección y disciplina urbanística” respecto a este tema. El Ministerio Público argumenta que se ha inspeccionado “un número significativo de viviendas” y que ha aumentado “de forma destacada” la plantilla de inspectores. Aunque son funcionarios de la Agencia de Actividades que no se van a encargar de forma exclusiva de perseguir este tipo de apartamentos sin licencias, sino de toda la disciplina urbanística de la ciudad, para la Fiscalía “no parece una decisión reprochable ni mucho menos ilícita”.

“Lamentamos la decisión de la Fiscalía y la respetamos, pero no estamos de acuerdo con la definición que hace de la diligencia con la que actúa el Ayuntamiento”, reprocha Lucía Lois, de Más Madrid. “La foto de hoy en una plataforma de alquiler es de 26.000 anuncios y solo 1.008 opera con licencia”, añade en referencia a los datos de la plataforma de activismo Inside Airbnb. “Las inspecciones de Almeida solo son una cortina de humo para no atajar el problema”, insiste la concejala.

El principal argumento que dio Más Madrid en abril para presentar la denuncia es que las viviendas vacacionales ilegales están “perfectamente señaladas” gracias al informe que remitió el Ministerio de Consumo por esas fechas, donde se recogía información de 15.200 apartamentos sin licencia que operan en la ciudad a través de plataformas como Airbnb o Booking. “El artículo 320 del Código Penal es muy claro: la autoridad o funcionario público que a sabiendas de su injusticia haya omitido la realización de inspecciones de carácter obligatorio podría estar incurriendo en un delito de prevaricación”, recordó la portavoz de la oposición, Rita Maestre, el día que anunció que iba a presentar la denuncia.

El texto que finalmente entregó en Fiscalía se fundamentaba en otra denuncia previa de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), interpuesta en junio de 2024, en la que comunicaba la existencia de 10.134 pisos turísticos ilegales en la ciudad. Más Madrid indicó que no se han inspeccionado las viviendas que señalaba la FRAVM y atribuyó a esa omisión la intención del Consistorio de proteger los intereses económicos de esa actividad. Una afirmación que, según el Ministerio Público, no está demostrada.

La resolución judicial ha llegado en un capítulo clave de la contienda municipal sobre cómo hacer frente a la proliferación de viviendas de este tipo. Solo faltan unos días para la entrada en vigor de la nueva normativa que va a regularlos, el llamado Plan RESIDE. En cuanto tenga efecto, se endurecerán los criterios para otorgar licencias a pisos turísticos en el centro de la ciudad, la llamada zona APE 00.01. Los apartamentos vacacionales tendrán que estar integrados en edificios que tengan exclusivamente ese uso, y solo compartir rellano con otros turistas.

La oposición ve con escepticismo esta medida porque considera que dará un incentivo a los poderosos, a los fondos de inversión, para comprar edificios completos y expulsar a las personas que viven en ellos con contrato de alquiler. Por otro lado, tanto Más Madrid como el PSOE dudan de que sea una medida efectiva, ya que la inmensa mayoría de viviendas de este tipo operan de manera ilegal.

A principios de julio, solo el 46% de los pisos turísticos de toda España estaban dados de alta en el nuevo registro único en el que es obligatorio inscribirse. Madrid es la región con un mayor porcentaje de viviendas de este tipo operando al margen de la ley. Solo un 10,3% había solicitado inscribirse en ese momento. En la capital hay más de 15.200 apartamentos vacacionales sin licencia, según datos del Ministerio de Consumo, frente a 1.293 que sí la tienen. Eso se traduce en que solo uno de cada catorce anuncios publicados en las plataformas que ofertan este servicio tiene permiso para acoger huéspedes.